El Consell multa a las concesionarias de las ITV a las puertas de la reversión del servicio

Las sanciones interpuestas por la Dirección General de Industria, Energía y Minas se han confirmado al ser rechazadas las alegaciones presentadas. Las mismas se respaldan con el argumento de que las plantas operaron sin una licencia necesaria una vez fue aprobada la nueva normativa reguladora estatal.

El debate surge por el hecho de que la autorización no llegó a tiempo, pero toda la documentación sí se entregó en el plazo. Las concesionarias remarcan que desde que se hizo público que debían contar con más permisos comenzaron a trabajar y todas las demandas se trasladaron entre marzo y abril de 2019. El plazo terminó en mayo y los avales llegaron en agosto y septiembre, lo que evidenció que se operaba correctamente.

En términos estrictos la multa podría tener su base, pero las empresas evidencian dos hechos que abren el debate. El organismo que tenía que dar su visto bueno y que tardó más de lo previsto era la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), un ente público que sufrió una avalancha de 400 solicitudes de toda España. Además, las concesionarias aseguran que, aunque hay casos similares en todo el país, ninguna conselleria salvo la valenciana ha optado por sancionar.

Del mismo modo, critican que se haya abierto ahora esta infracción administrativa, que se califica como grave, cuando estos hechos ya fueron multados con anterioridad por otra vía, aunque en este caso implicó sanciones más pequeñas. Argumentos que han exhibido en unas alegaciones que, tal y como evidencia la documentación, han sido tumbadas.

Por su parte, la Conselleria de Economía argumenta en las diferentes resoluciones que decenas de miles de coches pasaron las inspecciones sin conocerse si se cumplía la legislación. De hecho, excluye de las sanciones a algunas estaciones que, por plazos y tamaño de la planta, gestionaron durante ese vacía de unos meses pocas verificaciones de vehículos.

Al no atenderse las alegaciones las concesionarias agrupadas en la Asociación de Entidades Concesionarias de la Comunidad Valenciana para la Inspección Técnica de Vehículos (Aecova-ITV) han interpuesto un recurso contencioso-administrativo que está en tramitación.

Las multas llegan después de un período en el que la relación entre la Generalitat y las concesionarias se ha deteriorado mucho. En la época del PP, cuando presidía el Consell Alberto Frabra, comenzaron las disputas al modificarse los precios por parte de la administración, un tema que acabó judicializado.

La Justicia dio la razón a las empresas años después y el nuevo Ejecutivo, compartido por PSPV y Compromís, hizo un nuevo decreto para tratar de sortear una sentencia que volvió a ser frenada en los tribunales. Han recibido un sinfín de reveses por este tema y solo ganaron una batalla en la que se descartó una indemnización millonaria por haber ingresado menos de lo previsto al reducirse los precios.

De forma paralela estalló el caso Erial, en el que se investigan irregularidades en la concesión de las ITV bajo el mandato del popular Eduardo Zaplana. Este frente permitió a Compromís, cuyos dirigentes encabezan la Conselleria de Economía, contar con el argumento político para no prorrogar el servicio y efectuar la reversión en 2023.

Pese a todo, desde Aecova no han tirado la toalla y han empezado esta semana una ronda de encuentros con los grupos parlamentarios de Les Corts para denunciar lo que consideran que es una perversión de los datos en un informe externo en el que se ampara la reversión y han puesto en valor su papel.

«Las razones expuestas para justificar el cambio de modelo de gestión, apelando a la urgencia, son claramente inconsistentes», recuerdan desde Aecova-ITV, que critican también la vía por la que se lleva a cabo la reversión. Ha sido a través de un decreto que se ha convalidado esta misma semana.

En mitad de este intenso tira y afloja entre la Generalitat y las concesionarias ambos han encontrado un inesperado punto de encuentro, la posibilidad de que se apruebe una prórroga de unos tres meses a partir de enero de 2023. Un tiempo extra que se basa en el argumento de que las estaciones estuvieron cerradas durante el confinamiento que tuvo lugar en 2022 por la pandemia.

La concesión termina justo al acabar este año, pero a ambos les interesa alargar la situación actual. A la Conselleria de Economía le conviene porque se le ha echado el tiempo encima y tendría serias dificultades para asumir el servicio de forma directa. Se ha comenzado el camino para crear la futura estructura, aunque todo está aún muy verde y la prueba piloto, que iba a ser una estación de Torrent nueva, no estará lista en el segundo semestre de 2022, tal y como estaba previsto.

Por su parte, las concesionarias también ven con buenos ojos esta prórroga por dos motivos diferentes. El primero es por algo tan simple como que podrán seguir gestionando este servicio y, por tanto, contar con los beneficios correspondientes. El segundo es una cuestión de plazos políticos. El servicio se debería revertir una vez finalizado el 31 de diciembre de este año, pero la prórroga que se prevé que vea la luz ya aporta unos meses más al calendario. Las firmas se aferran a la posibilidad que este período se quede corto y se apruebe una nueva ampliación que coincida con las elecciones de mayo de 2023, que podría implicar un cambio de Gobierno.