La carrera de obstáculos del Puerto

El bloqueo a la ampliación se suma a la histórica oposición a la ZAL | El alcalde del cap i casal lleva años tras la pancarta contra cada paso clave dado en la infraestructura y ahora es respaldado desde el Consell por Compromís y Podemos

ÁLVARO MOHORTE

«El debate es: ¿qué queremos que sea el Puerto? Hay muchas posibilidades y una es... quitarlo de en medio». Así describe el presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Aurelio Martínez, el contexto en el que el alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha propuesto la reelaboración del estudio de impacto ambiental de la ampliación norte, que se inició en 2006 y se quiere retomar en 2019, tras siete años parada.

El primer edil considera que el avance del cambio climático en este tiempo, entre otras razones, legitima una nueva estimación del efecto para la ciudad de esta inicitiva que prevé dotar al puerto de 1,38 millones de metros cuadrados más. Esto podría significar hasta un replanteamiento integral, pero desde elpuerto se tiene claro que una de las principales consecuencias sería la pérdida de la inversión de más de mil millones que ha presentado la naviera MSC a través de su filial TIL. Y eso sin contar el frenazo en la competencia que se mantiene contra Barcelona y Tánger (Marruecos) por los tráficos del Mediterráneo occidental.

Esta decisión en mitad de un combate que no permite debilidades, hace recordar en el sector portuario el caso de Marsella. De ser el primer puerto del escalafón a verse ahora condenado a irrelevancia. En un mundo globalizado, la carga se concentra en muy poco puntos, los grandes buques van a parar a muy poco sitios y lo harán a los mejores. Cada hora de más en la ruta de un portacontenedores cuesta 6.000 euros. Si lo que encuentran en el desvío les compensa, van. Que el puerto disponga de una subestación que permita conectarse a la red, que haya sufiente espacio para la descarga de mercancías... opciones por las que pelea la instalación valenciana y para las que el consistorio se abstiene de colaborar cuando no opta por su cuestionamiento.

En el caso de la ampliación norte, el proyecto incluye realmente dos obras distintas que sus impulsores entienden como complementarias y que, de nuevo, tienen a Ribó autoinvestido como piedra de toque. Por una parte está la adjudicación del relleno del dique, que es la última polémica; y, por otra parte, el acceso norte a través de un túnel submarino que el puerto quiere que sirva para camiones y trenes y que el munícipe plantea limitar al ferrocarril, una vez el tunel obtenga el visto bueno de Ineco, filial del Ministerio de Fomento.

Y es que este pulso tiene una vertiente institucional, pero también de partido y social. Por una parte, la oposición en los despachos gubernamentales la encabeza Ribó, pero con el respaldo de la consellera de Medio Ambiente, Mireia Mollà, de Compromís, y del vicepresidente segundo del Ejecutivo, Rubén Martínez Dalmau.

Movimientos políticos

Mollá ya ha pedido incluir la idoneidad del estudio de 2007 para la obra en la comisión bilateral con la ministra de Transición Energética, Teresa Ribera, mientras que la vicepresidenta Mónica Oltra asume en público una estudiada equidistancia para dar abrigo a los suyos y no ser acusada de dinamitera desde las filas socialistas.

Ya en la calle, enarbolando el rechazo, los colectivos ecologistas y ciudadanos de El litoral per al Poble y Per l'horta, históricos compañeros de pancarta de Compromís y de las formaciones y personalidades que la integran. De hecho, veteranos portuarios recuerdan al propio Ribó hace más de 20 años codo con codo con algunos de los que hoy recibe en su despacho. Las pancartas han ido cambiando: el rechazo a la Zona de Actividades Logísticas (ZAL), la defensa de la huerta afectada, los daños en la costa por las sucesivas ampliaciones...

En algunos casos, aquella movilizaciones no lograron su objetivo, pero en otros se consideran relevantes en los interminables retrasos que sufrieron y que, en el caso de la ZAL, todavía se padecen tras décadas de confrontaciones y litigios.

Por otra parte, el apoyo a la infraestructura desde el poder lo ejercen los socialista, personificado por el presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Aurelio Martínez; el ministro de Fomento, José Luis Ábalos; el conseller de Obras Públicas, Arcadi España; y el propio presidente Ximo Puig. En la sociedad civil, dispone del respaldo total de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), así como Cámara Valencia y de la patronal azulejera Ascer, teniendo en cuenta que ese puerto es la vía de salida de la producción cerámica castellonense.

Además, entre los firmes defensores del proyecto está el presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda, naviero que recientemente incorporó al expresidente socialista del Gobierno Felipe González como consejero de Boluda Towage, filial de remolcadores y joya de la corona de Boluda Corporación Marítima.

Con las piezas sobre el tablero, los movimientos de los contrarios al proyecto han venido seguidos de la correspondiente reacción. Así, tras la reunión del consejo de administración del pasado viernes, a la que no acudió el alcalde, Martínez comunicó que convocará un consejo de administración extraordinario en septiembre para iniciar los trámites de la adjudicación de la obra. En principio, había reunión el viernes 27 de septiembre, pero el presidente de la instalación quiere hacer girar la rueda en cuanto disponga del informe sobre la propuesta de MSC.

De hecho, Martínez advirtió que, si el fallo de los técnicos es que se repita el estudio de impacto ambiental, se hará, pero eso no significa que la adjudicación deje de seguir su curso. Es más, cuando se firme la adjudicación se generarán unos derechos para el adjudicatario que podían engordar la factura en el caso de que todo se echara atrás y a la inversión perdida se sumaría el paño causado.

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