El Gobierno prohíbe a BBVA fusionarse con Sabadell durante al menos tres años

Tras varias semanas de análisis y una inédita consulta pública de por medio, el Ejecutivo aprueba la opa, pero obliga a BBVA a mantener a Sabadell por separado durante tres años, prorrogables otros dos. Además, prohíbe los despidos y cierres de sucursales masivos, que son habituales en este tipo de operaciones y sobre los que se basaban partes de las sinergias estimadas inicialmente por BBVA.

La medida, amparada en el «interés general», deja en el aire el futuro de la operación, con unos límites que obligan a que la entidad mantenga «la personalidad jurídica, el patrimonio y la autonomía de gestión» del Sabadell durante el plazo establecido. Pero es este último punto –el de la autonomía de gestión– sobre el que la entidad vasca podría apoyarse para no desistir en sus planes.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, detalló este martes que la idea del pliego de condiciones es la de «maximizar el valor de las dos entidades por separado», por lo que cada una de ellas podrá tomar las decisiones que considere mejor para sus objetivos en cinco ámbitos:la financiación, especialmente a pymes, los servicios bancarios, la obra social y, lo más importante, la red de oficinas y los recursos humanos. «Pretendemos que, a través de esa gestión autónoma e independiente, se protejan los intereses generales», indicó. Es decir, se podrá despedir en casos puntuales por motivos ajenos a la opa.

«Lo cierto es que la norma establecida deja la puerta abierta a demasiada interpretación. Pero Cuerpo cree que el espíritu de la misma es que ambos bancos mantengan la tendencia que atesoran desde 2021, cuando se produjeron los últimos grandes EREs después de la pandemia. Desde entonces, ambas entidades han incrementado su plantilla –sobre todo en puestos tecnológicos– con un total de 43.000 trabajadores en España.

Lo que sí podrá hacer BBVA –si decide seguir adelante con la opa y los accionistas dan su visto bueno– será elegir al consejo de administración del Sabadell, ahora liderado por Josep Oliu como presidente y César González-Bueno como consejero delegado, condicionado al nivel de aceptación que logren con su oferta. «No vamos a imponer ningún límite a la capacidad de BBVA de nombrar a consejeros», sentenció Cuerpo durante un encuentro con periodistas por videoconferencia tras el Consejo de Ministros.

Ante una sala abarrotada de medios, el titular de la cartera de Economía insistió en que «cada consejo tendrá que velar por maximizar su propia entidad, pero ajustándose a los códigos de buen gobierno corporativo, el mínimo de independientes, etc.»

Más allá del empleo, queda en el aire qué ocurrirá con la plataforma tecnológica, cuya unión era clave en las sinergias estimadas por BBVA. En este sentido, el Consejo de Ministros no especifica la línea de actuación. «Aquí se termina la intervención del Gobierno en este control de concentración y ahora le corresponde tomar la decisión al BBVA y a los accionistas del Sabadell», expresó Cuerpo.

Con muchas dudas por resolver aún sobre la mesa, la clave está ahora en la respuesta de BBVA, que debe ser el siguiente en actuar. Fuentes conocedoras apuntan a que el plan anunciado por el Gobierno entraba ya dentro de los planes del banco vasco, que ahora analiza toda la información antes de dar su próximo paso. Pero la intención, al menos de momento, sería la de seguir adelante con la opa.

No obstante, el presidente de BBVA, Carlos Torres, apuntó el lunes a que el banco tiene la «posibilidad legal» de retirar su oferta si el Gobierno sumaba nuevas condiciones, como así ha ocurrido. Y también abrió la puerta a la vía judicial bajo el argumento de que el espíritu de la ley solo permite al Ejecutivo suavizar los requisitos de Competencia, nunca endurecerlos. «Esta decisión se fundamenta en criterios de interés general que encuentran arraigo en la Constitución Española, que se encuentran promulgados por distintas normas del ordenamiento jurídico y están avalados por la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea», defendió este martes el ministro de Economía, consciente de que Bruselas también vigila muy de cerca los movimientos del Ejecutivo en esta operación.

Cabe recordar que en la Comisión Europea no ha sentado nada bien la irrupción gubernamental en un proceso de concentración que ya había sido 'avalado' por el BCE y, sobre todo, por Competencia. «El ángulo legal lo tenemos cubierto desde el principio», sentenció Cuerpo ante la amenaza judicial.

Para evaluar la eficacia de las medidas, los dos bancos tendrán que remitir al Ministerio de Economía dos informes que avalen que las mismas se están cumpliendo. El primero de ellos, sobre cómo se ha llevado a cabo la mencionada «gestión autónoma» de ambas entidades. El segundo, un plan estructural que detalle la estrategia corporativa de los dos bancos y que especifique «cómo afectará al interés general» su evolución en el futuro.

Con esos informes sobre la mesa, el Ministerio decidirá si amplía otros dos años los requisitos o si BBVA podrá solicitar entonces la fusión. Un proceso sobre el que aún existen dudas al no contar con una lista detallada de las decisiones que podrá tomar BBVA si la opa sale adelante.