La Audiencia Nacional rechaza suspender por el momento la consulta pública para la opa de BBVA

La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal decidió ayer desestimar la medida cautelarísima solicitada la pasada semana por el despacho de abogados Statera Legal, que buscaba que se suspendiese la utilización del inédito formulario por parte del Ejecutivo, al considerar, entre otras cosas, que el mismo carecía de cobertura legal y contaba con defectos formales «de gravedad». Entre otros, la herramienta permitía votar varias veces con el DNI e incluso con datos falsos.

El tribunal desestima, en concreto, que sea urgente adoptar esa medida, tal y como solicitaban los abogados. Es más, en su auto -aprobado por mayoría y con el voto discrepante de uno de sus miembros- al que ha tenido acceso este diario, la Sala lanza cierta reprimenda al recurrente por el 'modus operandi' empleado en la vía judicial.

«El ahora recurrente, que dice recurrir frente a una supuesta vía de hecho que imputa al ministro de Economía, y que ahora viene a defender una especial urgencia, no ha actuado en coherencia con ello dentro de las posibilidades que la ley le confiere, ya que ha optado, en un primer momento en el escrito de interposición, por la vía ordinaria y después, una vez admitido el recurso y estándose tramitando la primera cautelar ordinaria, por la vía de cautelarísima», reza el texto.

Es cierto que las cautelarísimas pueden solicitarse en cualquier momento, pero la Sala recuerda que en este caso, la «especial urgencia» era ya patente desde el inicio del proceso. Es decir, se tenía que haber solicitado desde el principio. También apuntan a que el Ministerio de Economía no ha tomado su decisión solo en base de los resultados de la consulta pública, en referencia a la solicitud que cinco ministerios -Industria y Turismo; Trabajo; Transición Ecológica; Derechos Sociales e Inclusión y Seguridad Social- hicieron también en este sentido.

La conclusión es clara. El Consejo de Ministros es quien tiene que resolver la cuestión, pudiendo «mantener, endurecer o suavizar» los compromisos planteados por Competencia a principios de mayo. Y podrá seguir empleando la consulta pública para determinar las condiciones que pueda imponer a la operación «en base al interés general».

En el documento, la Sala deja entrever que sería en ese momento, cuando el Gobierno anuncie su decisión, cuando pueda entrar a valorar en qué medida se ha utilizado el resultado de la consulta para sostener la decisión del Ejecutivo, pasando a estudiar con mayor detenimiento el caso, escuchando a todas las partes y «pudiéndose cuestionar la decisión, en su existencia y regularidad».

Aunque no existen precedentes de una consulta pública similar para valorar una operación corporativa, y sus resultados no son vinculantes, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, sí reconoció que ha sido útil en el proceso para tomar la decisión de elevar la opa al Consejo de Ministros. De hecho, se comprometió a publicar las conclusiones del formulario en un informe que publicará en las próximas semanas.

Ahora, el Consejo de Ministros tiene hasta el 27 de junio para comunicar si endurece o no las condiciones impuestas por Competencia, lo que podría entorpecer los intereses del banco vasco o, al menos, limitar las sinergias inicialmente esperadas por la entidad.