Ampliación norte del puerto de Valencia, un proyecto alumbrado en 2002

Así, el primer documento de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) en el que se habla de este proyecto es el Plan Estratégico 2001-2015 de la entidad, presentado en 2002. Este plan estratégico determinó que el puerto orientaría su actividad hacia el tráfico de contenedores interoceánicos, por lo que necesitaba acometer su expansión. El proyecto contempló la creación de una nueva dársena en la zona norte del puerto, que tenía 250 hectáreas con la bocana orientada hacia el sur, proyectada para tener una terminal de contenedores de 153 hectáreas y capacidad para cinco millones de TEU/año.

Fue en 2006 cuando el consejo rector de Puertos del Estado, del que depende la APV, aprobaba el Plan Director de Infraestructuras del Puerto de Valencia, que elegía la alternativa cuatro para la ampliación norte por tener menor impacto ambiental. El proyecto se sometió a evaluación ambiental y obtuvo la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable el 30 de julio de 2007. Podían empezar las obras.

La ampliación norte consta de dos fases. Una primera, que son las obras de abrigo, y una segunda, centrada en el equipamiento y puesta en marcha de una nueva terminal de contenedores. Así, la ejecución de las obras de abrigo comenzó en junio de 2008 y finalizó en octubre de 2012. Supuso un afloramiento de unas 30 hectáreas de nuevas superficies y aguas abrigadas. El importe total de estas obras ascendió a 203,6 millones, de los que 74 fueron subvencionados por la Unión Europea.

Pero la incertidumbre derivada de la crisis económica y financiera mundial de 2008 hizo que se pospusiese el concurso para la nueva terminal. Después de tres años, y ante la recuperación económica, en 2015 se reactivaba el proyecto. Comenzaba entonces la búsqueda de potenciales interesados. Así, en 2017 se adjudica a la holandesa MTBS el estudio de viabilidad de la nueva terminal para sacar a concurso su ejecución. Aquí ya se incorporaba una nueva distribución de la dársena para adaptarla a las nuevas necesidades: el diseño de los nuevos buques, que aumentan su capacidad, pasando de los 11.000 TEU (contenedores) a los 24.000, y el incremento de la longitud de los muelles para dar cabida a barcos de hasta 420 metros de eslora.

En noviembre de 2018 la APV aprobaba el pliego para la concesión y, unos meses más tarde, en diciembre se sacaba a licitación. Esta reactivación del proceso se tradujo en un nuevo pulso contra el puerto, en este caso, de vertiente política, con posiciones enfrentadas dentro del mismo seno del Consell, con Compromís ejemplificando el rechazo y el PSPV la defensa aunque sin grandes aspavientos. En el ámbito civil, entidades vecinales y ecologistas se sumaron al rechazo y exigían una nueva DIA para evaluar de nuevo el impacto sobre la costa.

En mayo de 2019, TIL (filial de la naviera MSC) presentaba su oferta, seleccionada en septiembre por el consejo de administración con el único voto en contra del entonces alcalde de Valencia, Joan Ribó. Dos meses después, se iniciaba el proceso de información pública, que recibía 216 alegaciones, de las que el 95% son favorables.

Ante las controversias generadas sobre la validez de la DIA (que data de 2007), en febrero de 2020, la APV a opta por corregir el proyecto constructivo, en concreto dos de las actuaciones conflictivas. Así, renuncia a la prolongación en 500 metros del dique de abrigo y al dragado del canal de acceso para ampliar su cota hasta los 22,5 metros en aguas exteriores. Además, decide solicitar un informe a Puertos del Estado, que no llegará hasta un año después, en abril de 2021, avalando la vigencia de la DIA y dejaba en manos de la APV la decisión de iniciar una nueva.

Se recrudece la batalla política, que llega incluso al Congreso, con la CUP y ERC de por medio, y a la Unión Europea, aunque finalmente el puerto obtenía también el respaldo de la Unión Europea tras archivarse un recurso ciudadano presentado en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo.

Aún faltaría otro informe de Puertos del Estado sobre el proyecto constructivo tras las modificaciones, que se haría esperar hasta 2022, cuando se recibió con la etiqueta de «favorable». Era un paso más que se completaría en noviembre, cuando se obtiene otro informe favorable del Ministerio de Transición Ecológica y la APV, en diciembre, aprueba el proyecto.

Ese proyecto del muelle de contenedores llegaba al Consejo de Ministros en enero de 2023, que debe autorizar la licitación de las obras debido al importe al superar los 12 millones. Comienza el bloqueo político de la mano de Podemos, apoyado por Compromís, y con los procesos electorales en el horizonte, que llega hasta este diciembre, cuando se anuncie que se va dar el visto bueno.