MSC culpa a Compromís y a Yolanda Díaz del bloqueo a la terminal norte del puerto de Valencia

Entre ellas, el Ministerio de Transición Ecológica, a través de la Dirección general de Costas, que emitió un informe favorable de compatibilidad con la estrategia marina, lo que dio pie a la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) a aprobar el proyecto constructivo el pasado diciembre y elevarlo al Consejo de Ministros debido a su importe, pues supera los 12 millones.

Desde entonces (se recibió en enero tras el paso por Puertos del Estado) ningún movimiento, pese a que lo habitual es que no transcurran más de dos meses entre que se recibe un proyecto en el Consejo de Ministros y se da la autorización para que el organismo competente licite el contrato de las obras. Es lo que sucedió, por ejemplo, con la construcción de la red ferroviaria interior del puerto de Sagunto, que también depende de la APV.

De ahí que el presidente de MSC España, Francisco Lorente, señale que son «motivos o consignas políticas, no argumentos medioambientales» los que están frenando el desarrollo de un proyecto que tiene una inversión superior a los 1.500 millones, de los que 1.021 corresponden a la compañía italo-suiza a través de su filial TIL, que tiene la concesión provisional desde 2019 para la construcción y la explotación de la terminal, y el resto, a la APV.

Para el máximo responsable de la naviera en España, que tiene su sede en Valencia, Compromís ha hecho «estandarte» del rechazo de la ampliación norte «porque sí», al igual que en la ZAL, también paralizada. A su juicio, han priorizado más «su catalanismo» que defender los intereses de la Comunitat, y en concreto de las empresas valencianas. Y aquí engloba tanto al ahora síndic en Les Corts– Joan Baldoví como al exalcalde Joan Ribó.

Y en ese reparto de responsabilidad por la situación en que se encuentra la terminal norte, que debería estar operativa en 2028, también tiene cuota el PSPV, ya que Lorente echa en falta una mayor contundencia por parte de los socialistas cuando estaban al frente del Consell para defender el proyecto portuario que, insiste, está paralizado por «un problema político».

Con todo, la multinacional –que controla entre el 50 y el 60% de los movimientos de contenedores en Valencia– espera que el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez, y por tanto la composición de un nuevo Gobierno, permita reactivar la licitación pendiente y encarar el final de un proceso que se inició, administrativamente hablando, en septiembre de 2019 cuando TIL obtuvo la concesión provisional de la terminal. La naviera cuenta con una terminal en el recinto del Grao pero la mayor parte de su carga pasa por los muelles de Cosco (CSP Iberian) –la de mayor tamaño en el puerto– dado que no tiene espacio suficiente en la suya. La terminal norte le permitirá incrementar su capacidad al sumar un espacio para otros cinco millones de contenedores.

Detrás de ese posible desbloqueo estaría el hecho de que la paralización de la ampliación del puerto no figure en el pacto entre el PSOE y Sumar, a pesar de que Compromís está integrado en el grupo de Sumar en el Congreso, y tras la polémica sobre si era una de las condiciones apuntadas por los independentistas de ERC y Junts para la negociación con Sánchez. Precisamente la «posición estratégica» del puerto de Valencia, mucho mejor situado que el de Barcelona (uno de sus competidores directos, junto a Algeciras), es lo que lo ha situado en el punto de mira.