Más de 1.000 parques de baterías energéticas en la Comunitat, en el aire

En concreto, la Generalitat había recibido hasta el mes de abril 1.002 proyectos que suman 9.400 megavatios (MW) de almacenamiento, según los datos facilitados por la Conselleria de Industria. Este volumen de solicitudes, anteriores al apagón, da buena cuenta del interés inversor que ya había en este sector, donde figuran tanto plantas grandes como de menor tamaño.

Sin embargo, tal y como advierten desde empresas energéticas y desde la patronal valenciana del sector, Avaesen, el marco regulatorio estatal amenaza con frenar el impulso inversor y complicar el avance de los que ya iniciaron sus solicitudes. Uno de los principales problemas es que no están definidas cuestiones como los pagos por capacidad, que dependen del Ministerio de Transición Ecológica. Esta falta de claridad administrativa o de previsibilidad económica supone un palo en las ruedas de los promotores.

«Cuando los marcos regulatorios no están claros, son confusos o no están bien hechos, la inversión se lo piensa dos veces», indican desde Avaesen, una opinión que comparte el director general de Lantania Energía, Rafael Alcón. «Hasta que no se defina un marco regulatorio claro no habrá un despegue de los parques de baterías, que en el caso de la Comunitat Valenciana además podría ser interesante. Ya que hemos perdido el compás en el desarrollo de fotovoltaica al menos no lo perdamos en el desarrollo del almacenamiento energético», señala Alcón, quien sostiene que el futuro del sector se enfoca más en este aspecto debido también a la caída de la rentabilidad en el desarrollo de energía renovable ante los bajos precios del mercado eléctrico.

Otro de los aspectos más problemáticos de la normativa estatal es que cuando un promotor presenta un proyecto para añadir baterías a un parque fotovoltaico que se está tramitando, el órgano sustantivo suma la potencia de ambas instalaciones en lugar de entender que la potencia real es la que se vierte a la red. El resultado de esto es que todos aquellos proyectos de renovables que se tramitan vía autonómica por contemplar menos de 50 megavatios de potencia se ven obligados a pasar automáticamente a la vía estatal si al sumar la potencia del almacenamiento superan esa cantidad de 50 megavatios, lo que supone al promotor volver a empezar de cero.

A esto se suma otro hándicap que es de competencia autonómica: la incapacidad de los promotores de instalar baterías en una planta fotovoltaica que se encuentra en tramitación de manera paralela, de modo que no suponga un retraso en el avance del primer proyecto renovable. Por este motivo, el sector valenciano reivindica al Consell que modifique la regulación para permitir que las instalaciones de almacenamiento se tramiten paralelamente al expediente del parque fotovoltaico al que se van añadir.

Según ha avanzado la Dirección de Energía de la Conselleria de Industria a este periódico, están estudiando esta cuestión que aceleraría el desarrollo del almacenamiento de energía renovable en la Comunitat Valenciana. Las mismas fuentes indican que podría hacerse a través de una instrucción. En caso de materializarse esta modificación, empresas e inversores podrían tramitar paralelamente sus proyectos de renovables y de baterías.

Con los mimbres normativos actuales, tanto a nivel estatal como autonómico, el riesgo reside en que muchos de estos proyectos de almacenamiento energético, directamente, se encuentren con que no tengan capacidad de red para conectar posteriormente, según advierten desde el sector.