Los peritos aseguran que los festivales en la Ciudad de las Artes casi doblan el nivel de ruido permitido
Dos técnicos participan en la vista y cuestionan con sus declaraciones que se celebren grandes conciertos en el emblemático emplazamiento
La celebración de festivales y grandes conciertos en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia podría tener los días contados. Este ... miércoles 15 de octubre ha tenido lugar la vista en el Juzgado de lo Contencioso número 8 en la Ciudad de la Justicia, donde se juzga si el ruido de estos eventos y la actividad de la discoteca Umbracle está violando el descanso de los residentes en la zona. A este respecto, los dos peritos que han participado en el proceso han asegurado que los conciertos en Les Arts alcanzan los 70 decibelios (db), cuando la normativa permite llegar hasta los 45 db. Casi el doble de lo que permite la norma.
Un grupo de hasta 40 vecinos presentó una demanda por la vía contencioso-administrativa al entender que se les están vulnerando derechos fundamentales mientras se siguen celebrando grandes eventos en la Ciudad de las Artes. Los residentes defienden que estos grandes actos, además de la actividad de la discoteca Umbracle, no permite su descanso, por lo que exigen que se busque otro emplazamiento para llevar a cabo dichas actividades.
En la vista se ha personado uno de los vecinos afectados junto con el letrado que representa a todo el conjunto de residentes. Éstos han venido acompañados del perito que emitió los informes que trataban de demostrar que los eventos superan los niveles de ruido permitidos por la ordenanza municipal.
Además, se ha personado un letrado del Ayuntamiento de Valencia, una abogada de la Generalitat, y un tercer abogado, representante de la discoteca Umbracle. Ni rastro de representantes de los promotores de festivales y grandes conciertos que se celebran en el emblemático emplazamiento de la ciudad de Valencia. Por parte de Umbracle también ha intervenido un segundo perito. Por último, también estaba personada la Fiscalía.
El procedimiento ha sido sencillo, en primer lugar se le hacían preguntas al perito contratado por los vecinos cuestionando la veracidad y certificación de sus informes, los cuales apuntaban que la discoteca Umbracle rebasó los 50 decibelios en los días donde se produjeron las mediciones, mientras que los conciertos y festivales superaban los 70 db. En todo momento el perito ha asegurado que sus informes se realizaron bajo los criterios de metodología de la normativa municipal y sus equipos estaban perfectamente homologados.
El abogado de los vecinos ha realizado preguntas para reforzar los informes aportados. «Ninguno de los ensayos realizados cumplía la ordenanza de nivel adecuado de ruido, y todas las tomas aportadas son representativas para cualquier vivienda de la finca», aseguraba.
Ha sido especialmente curioso que el abogado del Ayuntamiento de Valencia ha realizado todas sus preguntas buscando diferenciar la actividad de los festivales y conciertos con respecto a la discoteca Umbracle. «Me ha parecido especialmente llamativo que el letrado del Ayuntamiento haya querido defender al Umbracle echando todas las culpas a unos festivales que la propia administración lleva permitiendo diez años», ha resaltado Fernando Martín, vecino afectado presente en la vista.
Una actitud similar adoptada por la letrada de la Generalitat. La abogada no ha querido hacer preguntas al perito personado en nombre de los vecinos, mientras que al técnico aportado por el abogado de Umbracle sí le ha hecho una pregunta. «Cuando los conciertos y la discoteca han funcionado a la vez, ¿Podemos discriminar la fuente sonora que ha superado los decibelios?», ha preguntado la letrada. «No tengo la menor duda que los 70db registrados son achacables a los conciertos», ha respondido el perito profesional.
De esta manera, la estrategia de las partes demandadas (Ayuntamiento, Generalitat y Umbracle) se ha limitado a defender la actividad regular de mayo a noviembre de la discoteca, en detrimento de la potencia de sonido de los conciertos en Les Arts. El letrado consistorial ha realizado aportaciones como que la medición desde los hogares, situados a cierta distancia con respecto a la discoteca, podía sumar otros sonidos ajenos a la actividad. El primer perito ha tratado de explicar que todos esos sonidos se restan mediante la mediciones de los llamados «sonidos de fondo» y que todo ello estaba explicado en los informes.
La defensa de Umbracle ha basado sus argumentos en preguntar a su perito si esa medición de los sonidos de fondo se debe hacer en el mismo momento que se pretende medir el sonido de la actividad que interesa, algo que el profesional ha respondido afirmativamente. Los informes de los vecinos constataban que el sonido de fondo se midió a las 23.00 horas y el resto de mediciones se hicieron durante la madrugada.
«Hoy se ha llevado a cabo un análisis técnico, los peritos han defendido sus informes y los letrados hemos aportado nuestras cuestiones. Ha sido algo muy didáctico. Las dos partes hemos aportado visiones totalmente distintas y cada uno ha aportado su versión. Sobre el proceso contra los conciertos yo no me puedo meter, pero Umbracle actúa bajo la normativa municipal», ha defendido Salvador Doménech, abogado personado en nombre de la discoteca.
Las estrategia de las partes demandadas, por tanto, se ha basado en defender la actividad habitual de la discoteca Umbracle durante los meses cuya terraza permanece abierta. En ningún momento los letrados que representan a las administraciones públicas han utilizado su turno de palabra para formular preguntas con el objeto de defender los grandes conciertos y festivales. Una actitud contradictoria, pues actualmente en el recinto están ya están agendados estos eventos de cara a la temporada que viene.
Ahora, y con todos los informes explicados, cada parte deberá aportar un documento de conclusiones en un periodo de ocho días hábiles para que el juez pueda estudiarlas. Tras esto, el juez tendrá un plazo de diez días para dictar una primera sentencia, aunque estos plazos se suelen dilatar en el tiempo siempre y cuando el juez justifique el retraso. Con todo, estos procesos se pueden dilatar hasta un año, sin contar que tras la primera sentencia se suelen aportar recursos, lo que dilata aún más el proceso. «Ojalá esto termine lo antes posible, pero no sabemos cuándo acabará», reconocía Fernando Martín.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión