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Consuelo Císcar, en la presentación de una obras de Gerardo Rueda. Damián Torres
El hijo de Rueda achaca al IVAM la responsabilidad penal en la compra de las obras

El hijo de Rueda achaca al IVAM la responsabilidad penal en la compra de las obras

El heredero del artista recurre su procesamiento porque «todos sabían lo que se adquirió y el precio se acordó entre las partes

A. Rallo

Valencia

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Jueves, 17 de octubre 2019, 23:59

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José Luis Rueda, hijo de Gerardo Rueda, ha recurrido ya el auto de procesamiento por el fraude en la compra de obras de arte no originales pagadas como si fueran auténticas. Su defensa considera que la incriminación del descendiente no se sostiene y se debe a una deficiente interpretación de los hechos. En cualquier caso, si existiera una «conducta ilícita» -apunta el escrito– esta debería ser la de «los responsables del museo».

El letrado defiende que la actuación de su cliente fue totalmente transparente. «No hay ningún fraude, no hay ningún engaño, todos sabían lo que se estaba comprando y el precio es el acordado entre partes bajo el principio de libertad de pacto». Los informes periciales que obran en la causa recogen el escaso valor de las obras adquiridas -apenas el de fabricación- y censuran, además, que un museo que se nutre de fondos públicos realice este tipo de incorporaciones. El desembolso fue de más de tres millones.

El letrado de Rueda, el expresidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional Gómez Bermúdez, concluye que toda la imputación se basa en el precio pagado por las piezas. «Pero cualquiera sabe que el valor de una cosa es el que le quieran dar comprador y vendedor y que en este caso se siguieron todos los procedimientos establecidos». «Ni un euro de dinero público ha sido objeto de apropiación por ninguno de los investigados», asegura el abogado. Critica con dureza la posición de los peritos Jaime Brihuega y Javier Pérez que formaban parte de la comisión del IVAM que «intervino en la valoración de las obras». Ahora, tras su pericial, les acusa de tener el «síndrome de la infanta» -a raíz de la declaración de la mujer de Urdangarin– que se resume en: «No sabían, no les informaron, no les dijeron, firmaron pero no estaban». Incluso les advierte que tomarán medidas contra ellos una vez termine todo este proceso.

El escrito niega que se haya cometido conducta ilícita por parte de alguno de los investigados. Sin embargo, insiste en que no entiende cómo con el relato de hechos de la instructora no aparecen más altos cargos del IVAM investigados. Por ejemplo, cita a los miembros del Consejo Rector de la institución o los miembros de la Comisión Asesora del recinto como hipotéticos responsables. En cualquier caso, considera que la discrepancia sobre los precios abonados daría lugar a un procedimiento civil, pero nunca una causa penal. Descarta que se puede hablar de un delito de malversación y recuerda que el IVAM se ha visto beneficiado con la adquisición de piezas del artista. Además también rechaza la existencia de un delito de prevaricación al aprobarse por parte del IVAM la compra de las citadas obras. «En el peor de los casos ha habido una mala decisión o una mala negociación en la compra de las obras de arte, pero no una decisión injusta y arbitraria», aclara el letrado.

Císcar, contra la Abogacía

Por otra parte, Consuelo Císcar continúa en su empeño porque la Generalitat Valenciana sea responsable civil subsidiario en este procedimiento. Considera que la Administración debe responder por un mal funcionamiento de los sistemas de control, que han llevado a la exdirectora a esta situación judicial. Esto supondría la expulsión de la Abogacía como acusación particular. La jueza lo rechazó. Pero ahora busca el amparo en la Audiencia.

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