La Audiencia expulsa a la Generalitat como acusación del caso Palau de les Arts

La exintendente de Les Arts, Helga Schmidt. :: d. torres/
La exintendente de Les Arts, Helga Schmidt. :: d. torres

La Sala acepta el recurso de Schmidt porque la fundación no sólo recibía fondos públicos sino también privados

A. RALLO VALENCIA.

La Audiencia de Valencia ha expulsado a la Generalitat Valenciana como acusación particular en la causa del Palau de les Arts. La Sala da la razón a la exintendente Helga Schmidt, que recurrió la personación en el proceso de la Abogacía de la Generalitat. El tribunal considera que el hecho de que la Fundación Palau de les Arts dependa de la Conselleria de Cultura no es un factor «deteminante» para que el Consell puede acusar. Así, la entidad «mantiene personalidad jurídica propia» más allá de que por cuestiones legislativas deba ser fiscalizada por la administración autonómica. Además, existe otra razón y es que la entidad no sólo recibía fondos públicos. También contaba «con patrocinadores externos». El dinero recibido de las diferentes fuentes -continúa el auto- «se integra y se confunde» en el patrimonio de la fundación sin que resulte posible diferenciar qué aportaciones se corresponderían con el dinero supuestamente desviado.

La Sala recuerda en su resolución que las administraciones pueden ejercer la acusación en cuanto a perjudicados u ofendidos. Respecto a la primera posibilidad recoge que quizá se pudiera mantener la presencia de la Generalitat en el procedimiento bajo el argumento de que fueron perjudicados al haber afrontado las consecuencias civiles de los hechos. Pero no es este un argumento que emplee la Generalitat en su escrito y, por tanto, no puede ser tenido en cuenta. En cuanto a «ofendidos» existe el problema de la mezcla de las diferentes fuentes de financiación y que, además, no existe «una concreta aportación de la Generalitat a un fin específico». En ambas posibilidades, carece el Consell de legitimidad para ejercer estas acciones.

El pronunciamiento de la Sala corrige la decisión inicial del juez instructor que considera «indiscutible» que la Administración se personara en la causa al aportar fondos públicos y al existir un convenio entre la Fundación y la Abogacía de la Generalitat para la defensa jurídica de la entidad.

El asunto ha regresado recientemente a instrucción. La Audiencia dio la razón al fiscal en que era necesaria la práctica de una pericial antes de dar por finiquitadas las pesquisas. Esto coincidió con el regreso del juez titular del juzgado tras cerca de un año de baja. El magistrado ha solicitado abstenerse al tener amistad con uno de los empresarios investigados, imputado durante su ausencia. La Audiencia debe acordar ahora si existen motivos suficientes para que el caso lo lleve otro juez.

La Abogacía de la Generalitat ya había presentado incluso su escrito de calificación. La Generalitat solicitaba menos cárcel para todos los investigados que la Fiscalía Anticorrupción. Así, para la exintendente Helga Schmidt reclamaba siete años y un día por los delitos de prevaricación, falsedad y malversación frente a los siete años y medio de prisión que solicitaba Anticorrupción, que pidió las misma pena para los empresarios implicados (José Antonio Noguera, Joaquín Maldonado y Pablo Broseta). Es en el caso de los empresarios procesados donde la reducción es más notable. La Abogacía de la Generalitat reclama dos años y ocho meses para cada uno de los empresarios que supuestamente participaron en la trama. Se investiga el desvío de fondos en la captación de patrocinadores, en el festival Viva Europa y al hinchar el precio de determinadas adjudicaciones.

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha insistido en numerosas comparecencias en que la Generalitat tratará de recuperar todo el dinero supuestamente malversado en caso de corrupción. De hecho, la Abogacía de la Generalitat se ha personado en prácticamente todos los asuntos, al menos, los de mayor repercusión mediática.