La víctima de los vídeos porno de Luis Senís pide 180.000 euros a las examantes del cirujano
La acusación particular eleva la pena a siete años de cárcel a las dos autoras de la masiva difusión de las imágenes sexuales
La víctima de los vídeos pornográficos que grabó el conocido cirujano Luis Senís reclama 180.000 euros de indemnización por las lesiones psíquicas, ... las secuelas que aún hoy padece y el daño moral causado por estos hechos. La mujer solicita esta cantidad a dos examantes de Senís, que robaron el móvil del médico para difundir las imágenes de alto contenido sexual y propiciar que la actual pareja rompiera su vínculo sentimental. De igual modo, la afectada pide que al margen de la compensación se incluya también el coste de los tratamientos que ha recibido.
La joven hoy en día todavía no está recuperada y tiene miedo de salir a la calle. De hecho, requiere de terapia para completar su día a día. En los momentos de mayor difusión de las imágenes, los vídeos se hicieron virales e incluso se subieron a páginas pornográficas con millones de visualizaciones. La mujer llegó a recibir llamadas de desconocidos a altas horas de la madrugada. Todo se acrecentó porque es conocedora de que las imágenes «va a ser imposible borrarlas de las redes sociales durante toda la vida». Como consecuencia de estas circunstancias, la expareja de Senís evita relacionarse con personas fuera de su ámbito más familiar y padece continuos episodios de autoreferencialidad, es decir, creer que todos la miran o la reconocen en sus salidas a la calle o en centros concurridos.
Los hechos sucedieron en febrero de 2019. Las dos acusadas, E. G. G. y E. M. M., también compañeras de trabajo del cirujano Senís, se hicieron con uno de los móviles que manejaba el profesional. En ese aparato tenía almacenados vídeos de sexo explícito con otra joven. Ambas investigadas habían mantenido en el pasado una relación con el cirujano y en aquel momento seguían quedando con Senís. Fue en un encuentro en una cafetería donde una de ellas se apoderó del teléfono, según consta en la calificación del fiscal. El ministerio público pedía cinco años de cárcel para una de las acusadas, mientras que rebajaba la pena a la mitad para la otra por la atenuante de drogadicción.
La acusación particular, en cambio, reclama un mayor castigo y eleva la pena de prisión a siete años de cárcel. La actuación de las examantes no se redujo a la masiva difusión de los vídeos –incluso en el entorno profesional– sino que le remitieron mensajes de burla y comentarios sobre esas imágenes tan comprometidas. Como colofón a este trato degradante por parte de las dos procesadas incluso le hicieron un CV de la víctima añadiendo el polémico vídeo. De igual modo, en una imagen de todos los componentes de la clínica dibujaron un pene en el lugar del médico y la compañera, siempre según las acusaciones. El juicio se celebrará en unos meses.
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