Varios colectivos exigen a Conselleria la paralización de la tala y extracción de la madera quemada en el incendio de Bejís

La Asociación para la Recuperación de los Bosques Autóctonos (Arba) y diferentes colectivos del Alto Palancia exigen a la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica "la paralización inmediata de las talas excesivas" previstas en los terrenos afectados por el incendio de Bejís del pasado verano.

Para ello han elaborado un escrito de alegaciones contra el pliego de 20 de enero de 2023, publicado en el Diario Oficial de la Generalitat de 25 de enero, sobre el aprovechamiento forestal de la madera quemada en la zona de Bejís. En las mismas, exponen que se podría incumplir la propia legislación vigente que establece que está prohibida la extracción de madera en pendientes a partir del 15% por la erosión y desprotección de estos terrenos por el arrastre por lluvias fuertes o torrenciales. En el caso de la Umbría de Escabia, en el término de El Toro, indican que esa pendiente supera el 50%.

A eso se suma la afección negativa que las asociaciones en defensa del medio ambiente signatarias de las alegaciones consideran que esta tala produciría en el hábitat de aves silvestre como el buitre leonado y el águila real (ambas especies consideradas como vulnerables y, por tanto, protegidas), poniendo en peligro la nidificación y su reproducción.

También subrayan que la utilización de maquinaria pesada es "altamente desfavorable a la regeneración del ecosistema para la flora" y recuerdan que existen informes que desaconsejan retirar la madera quemada después de los incendios y la reforestación inmediata, al ser contraproducente para la recuperación de la biodiversidad.

Al respecto, explican que los árboles perjudicados por las llamas cumplen funciones claves para la regeneración, en cuanto que frenan la erosión, liberan nutrientes, suministran semillas y proporcionan refugio y alimento a numerosas especies. "Se ha comprobado que la maquinaria de extracción puede destruir hasta el 80% de los plantones de pino nacidos de forma natural", subrayan.

Consideran "inadmisible" que la administración no haya realizado ningún estudio previo para identificar las zonas más vulnerables, susceptibles de erosión y el impacto de la tala y de la extracción, y poder valorar cualquier tipo de actuación que no perjudique la correcta recuperación y cuándo sería conveniente realizarla.

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