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B. González
Xàtiva
Lunes, 9 de junio 2025, 00:44
Los funcionarios de Justicia vuelven a estallar. Si hace una semana mostraron su indignación por la suspensión del concurso de traslados y, tras las quejas ... manifestadas, consiguieron que el Ministerio de Justicia diera marcha atrás y finalmente se publiquen las listas en la fecha prevista, ahora lamenta que sea la Conselleria de Justicia quien la que vuelva a complicar la situación de cara al verano.
El jueves de la pasada semana sacaba una circular informando que entre el 15 de junio y el 15 de julio se suspenden de manera temporal todos los procesos de selección y provisión de personal, tanto de titulares como de personal interino.
«En la Comunitat Valenciana, en lugar de paliar la situación lo están complicando más», aseguran desde el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ). Es más, advierten que habrá juzgados que incluso tendrán que cerrar por falta de personal. Los afectados serán principalmente los de partidos judiciales que no son de las capitales de provincia.
Y es que muchos de los trabajadores que han participado en el concurso de traslados proceden de esos juzgados, a partir del 17 de junio tendrán su nueva plaza en otros de Valencia, Alicante o Castellón capital y los puestos que dejan vacantes no serán cubiertos.
Es más, critican que la resolución del concurso de traslados establece que las funciones del trabajador cesan con la toma efectiva de su nuevo puesto, es decir, algo que no será el mismo 17 de junio porque para el cambio de destino, el personal tiene ocho días. Sin embargo, en la Comunitat Valenciana, el cese será el mismo 17 de junio y no con la toma efectiva.
Todo ello traerá como consecuencia, según subrayan desde STAJ que todo el personal interino cuya plaza haya salido en concurso de traslados se va a su casa, «siendo imprescindible en muchos casos». Supondrá que muchos órganos judiciales contarán como mínimo un mes con la mitad de su plantilla, además de otro mes o dos más que se tarde en nombrar el nuevo personal, que además, seguramente no será el mismo. Eso supone que la nueva persona tendrá que familiarizarse con su puesto, cuando la que ya lo ocupa cuenta con una experiencia y un conocimiento de los casos en tramitación.
Paralelamente temen que el personal funcionario que se quede no podrá coger vacaciones para poder atender adecuadamente el servicio y también hacer frente a las guardias, además del perjuicio tanto para los profesionales como para los ciudadanos porque habrá más retrasos y atascos en la administración de justicia de los que ya se denuncian.
Ponen varios ejemplos. En el juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Sagunto, que también lleva casos de violencia sobre la mujer, se van seis funcionarios y de media recibe seis denuncias por este tipo de delitos. «En Instrucción no se podrán llevar casos y en Civil se tendrá que priorizar cuando ya hay atrasos de juicios de varios años», apuntan.
También existe preocupación en el juzgado número 4 de Sueca que normalmente se encarga de la guardia del festival de música Medusa de Cullera. Del mismo se van tres personas. Se queda con la mitad de personal, «eso si no hay nadie de baja», «¿cómo se gestionarán las guardias en un evento donde diariamente se reciben denuncias de todo tipo. No va a haber gente para hacer la guardia», insisten.
«Esto no ha pasado nunca», aseguran y acusan a la administración de «dejadez de sus funciones», una dejadez, insisten -nuevamente indignados- que «raya el delito». Desde el sindicato apuntan que la solución es tan fácil como el cambio de nombramiento.
«Cuesta igual hacer el cambio de nombramiento que un cese, que además, dentro de dos meses vas a tener que contratar. El 50% del problema se solucionaría con ese cambio de nombramiento de los trabajadores y el otro 50% siguiendo nombrado donde haga falta persona.
El problema es que no hay voluntad», lamentan y advierten que afectará gravemente a una administración de Justicia, ya de por sí muy lastimada y con un personal que se siente maltratado tanto por la administración autonómica como la nacional.
Al respecto, recuerdan que el retraso de un año en resolver el concurso de traslados, se ha unido con la implantación del nuevo modelo organizativo, los conocidos como Tribunales de Instancia, y, a su vez, desde la administración autonómica la conselleria ha implementado un nuevo servicio informático, Just@, que, aseguran, es un caos y que requiere la formación del personal, restándoles tiempo para el trabajo efectivo.
Por su parte, desde la Conselleria quitan hierro a la situación. Aseguran que en las sedes donde se queden varias vacantes «se intentará mantener cubierta la plaza hasta que se tome posesión por el titular de la misma» e insisten en que se va a trabajar «desde el consenso y el diálogo» para garantizar el correcto funcionamiento de la administración de Justicia.
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