La Justicia no atraviesa un buen momento. Esto ni es novedad ni resulta extraordinario. Es, en resumen, el estado natural de un sistema que agoniza ... . El deterioro se prolonga durante tanto tiempo que ha dejado de sorprender. No hay pero desenlace. Ahora han llegado los Tribunales de Instancia. A quien escribe estas líneas ya le hablaron de esta idea... Lo hizo el ministro de Justicia del PP, Rafael Catalá, en 2015, durante una entrevista en LAS PROVINCIAS. La hemeroteca muestra que han pasado diez años. Se trata de una reforma que veremos en qué termina. Se trata, en resumen, de agrupar los juzgados en un mismo organismo y aprovechar el trabajo de los funcionarios. El principal argumento del Gobierno es que no hará falta la creación de un nuevo juzgado para la incorporación de un juez. Una medida que, sobre el papel, permitirá recortar gastos a las autonomías. El hecho de que las competencias se encuentren repartidas entre el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas es un factor que a lo largo de los años ha generado más inconvenientes que ventajas. El problema fundamental se sitúa en la falta de jueces. Uno de los pilares del sistema está agrietado. Desde el Tribunal Superior de Justicia recuerdan los últimos informes de los decanos y presidentes de Audiencia donde recogen la necesidad de al menos 140 plazas judiciales. Estas se reparten entre todos los órdenes. Por ejemplo, en el TSJ, pero también en la Audiencia que padece un olvido permanente. Por ejemplo, en cuanto a los órganos unipersonales solo en la provincia de Valencia existe la necesidad de 46 nuevas plazas de Primera Instancia y en la de Alicante, otras 21. De nada sirve reforzar los juzgados si no se hace exactamente lo mismo con los órganos superiores, los que resuelven los recursos de la primera instancia. La ausencia de refuerzos, al final, genera un cuello de botella.
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La reforma ha puesto en pie de guerra a los jueces de violencia. Su trabajo se multiplicará al asumir las agresiones sexuales
A esta falta de profesionales, por debajo de la media de la Unión Europea, se suma una alta litigiosidad. Una circunstancia especialmente arraigada en España. Todas las promesas de la mediación se han ido evaporando una tras otra, sin apenas efecto. De hecho, el último año se cerró con medio millar de asuntos pendientes de resolución, una cifra que sigue en aumento. Es decir, que lejos de mejorar, el deterioro aumenta. Esto incide necesariamente en la calidad de la Justicia. Resulta imposible que un juez dedique todo el tiempo que merecería un asunto si el trabajo se le acumula. Y no podemos olvidar que tras esas decisiones hay consecuencias significativas, en algunos casos determinantes, para la vida de las personas. La última reforma del Gobierno ha puesto en pie de guerra a los jueces de violencia de género porque va a multiplicar su trabajo al asumir también las agresiones sexuales en aquellos casos que no existe relación entre ellos. Una encuesta del Poder Judicial incidía precisamente en las «extendidas carencias» de estos órganos.
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El volumen de trabajo incide en la calidad. Un juez con sobrecarga debe dedicar menos tiempo a cada asunto
El clima de tensión política no hace más que agravar la desconfianza. Los jueces y fiscales han hecho tres días de huelga ante una reforma, la 'estabilización' de los sustitutos, que supone cambiar las reglas del juego de quien aprobó una oposición. Además, se pretende dar la instrucción a los fiscales. No es mala idea, pero se necesitan más medios. Y llama la atención, sin embargo, el momento: con un fiscal general del Estado imputado y las quejas del Gobierno sobre determinadas investigaciones de corrupción. Más sospechas para el paciente que sigue en la UCI.
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