El Síndic pide recuperar las clases de los alumnos afectados por la falta de profesorado

Se trata de una de las recomendaciones incluidas en la queja de oficio que impulsó el defensor del pueblo valenciano tras la cascada de incidencias que condicionaron el arranque del ejercicio. Desde los problemas en las asignaciones de plazas previas, marcadas por importantes novedades legislativas, hasta las primeras adjudicaciones continuas, que permiten completar las plantillas en función de cambios recientes, bajas, permisos o jubilaciones comunicadas por los centros.

También han influido la falta de aspirantes para cubrir vacantes y sustituciones de las especialidades de Informática (Secundaria) y Sistemas y Aplicaciones Informáticas (FP), o el acuerdo de plantillas que dejó firmado el Botánico poco antes de las elecciones.

Ángel Luna reclamó a la conselleria información sobre múltiples aspectos, como el número de centros con falta de profesorado y las causas que provocaron esta situación, así como los retrasos a la hora de resolver los procedimientos de adjudicación, o las medidas de mejora previstas. Cabe recordar que las asignaciones de verano, las más masivas, fueron especialmente caóticas. Y en el informe entregado al Síndic, la Dirección General de Personal Docente desgrana los motivos, cargando las tintas contra los anteriores gestores y definiendo la situación que se encontró el nuevo equipo como una «tormenta perfecta».

Antes de entrar en detalles, la conselleria reconoce que en la fecha de emisión de su informe (octubre) se habían detectado problemas para cubrir plazas de Informática y Servicios Comunitarios debido a la «desactivación masiva» de aspirantes de las bolsas, en lo que influyó, al menos en la primera, la más problemática, el elevado tirón que tienen estos perfiles en el sector privado. La situación de la segunda sí se ha normalizado en las últimas adjudicaciones continuas.

También se refiere a diecisiete colegios de Infantil y Primaria en los que faltaban veinte maestros, problema que atribuyó a que estas plazas se desprendían del acuerdo de plantillas firmado por el Botánico, que preveía un incremento de 1.360 puestos para este curso aunque no estaba acompañado del presupuesto suficiente, por lo que las primeras no habían sido autorizadas por la Conselleria de Hacienda. La dirección general apunta en este sentido a una «aparente falta de previsión del equipo anterior».

Buena parte del informe se centra en detallar la cascada de problemas que se dieron en las adjudicaciones previas al inicio de curso. Aunque en años anteriores servían para dar un destino a los funcionarios de carrera pendientes del mismo, a los que habían superado su año de prácticas tras la oposición, a los que lo iniciaban tras el último proceso selectivo y a los interinos de las bolsas (en último término), el de este año fue excepcional, al aplicarse dos novedades obligadas por la normativa estatal: la concurrencia de los interinos estabilizados sin exámenes, que pasaron a ser funcionarios de carrera, y el cambio de cuerpo de los profesores técnicos de FP. Esto obligó a modificar los procesos informáticos que se empleaban en años anteriores para la ordenación de las adjudicaciones, aunque la premura de los plazos impidió realizar los testeos y simulaciones necesarias para decretar posibles fallos.

Además, se habla del retraso de trámites previos como la resolución de comisiones de servicio pedidas por los docentes, la falta de personal del Servicio de Informática para la Gestión Educativa (SIGE) o de la obsolescencia del programa de gestión del personal docente, advertida por el personal técnico en años previos ante el riesgo de que provocara problemas, como así fue. Alertas que, defiende Educación, cayeron en saco roto «por el nulo interés de la Dirección General de Personal Docente» (la anterior, se entiende), así como hacia las propuestas para su mejora.

También se dice que la relación entre este último departamento y el SIGE «ha sido bastante deficiente», pues a diferencia del resto de áreas de la administración, en lo que a herramientas informáticas se refiere, la primera no recurría a los cauces establecidos para «la demanda de peticiones y proyectos», por lo que no quedaba registro, impidiendo una adecuada planificación de los asuntos a atender. «Parece resultar más eficaz bajar al despacho del informático o llamar por teléfono directamente y solicitar algo. Esto supone que no existe base de datos de conocimiento ni planificación de los trabajos. Tampoco documentación de los mismos, sólo programación para satisfacer esa petición urgente», se llega a afirmar en el informe.

Además, se alude al cese de altos cargos coincidiendo con el cambio del Gobierno y a que en el informe técnico para el traspaso de carteras la dirección general entrante no fue informada del proceso de adjudicación «ni de ninguna actuación, estado de tramitación, plazos a tener en cuenta u observaciones de los asuntos que incumben a este órgano directivo y que pudieran requerir de nuestra atención directa e inmediata».

El resultado es el conocido: retrasos, listados definitivos que tuvieron que retirarse por resultar erróneos, docentes mal adjudicados, otros sin destino y ordenaciones equivocadas, con aspirantes asignados por encima de compañeros con más derechos.

«No es nuestra misión juzgar si las causas de las incidencias que consideramos probadas son imputables a la inactividad o negligencia del anterior gobierno o no. Nuestra intervención se centra en el análisis de la existencia de actuaciones administrativas que hayan generado una situación de vulneración de los derechos de los menores a la educación», dice el Síndic en su resolución, antes de «considerar avalado por lo informado por la administración que se han dado una serie de incidencias en la dotación del personal con el posible efecto en el alumnado escolarizado».

De ahí la recomendación planteada, que exactamente pide que se evalúe «si la falta de personal docente al inicio del curso ha impedido o menoscabado la posibilidad de alcanzar los objetivos del curso por parte del alumnado afectado». Y si se corrobora, que «se implementen las medidas que sean necesarias a fin de recuperar las clases perdidas».

Otras peticiones pasan por «extremar al máximo la diligencia en las actuaciones organizativas» de cara al nuevo ejercicio para que no haya pérdida de clases, que se agilice la cobertura de bajas o la implantación de un grupo de trabajo con Hacienda para agilizar el procedimiento de creación y dotación económica de nuevos puestos. La pasada semana Educación respondió al Síndic señalando que acepta todas las sugerencias planteadas.