El secuestro de menores por disputas entre padres supera los 70 casos al año

valencia. Más divorcios conflictivos. Más casos judicializados de separaciones. Más supuestos de abandono de familia. Y en la punta del iceberg, las víctimas más vulnerables: los niños. El año pasado, en la Comunitat Valenciana se produjeron 71 casos de sustracción de menores por parte de alguno de los padres, secuestros con los pequeños como arma arrojadiza por las disputas entre progenitores. Casi media docena de dramas al mes, como constata la última memoria de la fiscalía de la Comunitat Valenciana, presentada esta semana en comisión en Les Corts. Y la cifra aumenta preocupantemente en el último año.

La estadística referente a 2018 registra esos 71 casos de sustracción de menores en la región (delito que tipifica conductas como llevarse al menor del domicilio familiar sin permiso del cónyuge, desaparecer con él durante un conflicto judicial de pareja o incumplir reiterada y gravemente el régimen de visitas o custodia compartida), una veintena más que los contabilizados en el episodio anterior. Un «aumento significativo», como subraya suavemente la fiscalía. El avance es especialmente notable en Valencia, donde casi se duplican los episodios (pasan de 19 a 28). La conflictividad familiar en la provincia queda probada con otro dato: las diligencias fiscales abiertas por casos de abandono de familia se incrementan un 29%: de 401 a 521 diligencias.

Aunque la memoria no pone especialmente el foco en el notable incremento de secuestros de menores, sí que lanza una reiterada denuncia sobre la falta de medios que existen en los juzgados, servicios sociales, equipos psicotécnicos o puntos de encuentro familiar, técnicos y escenarios vitales a la hora de evitar conflictos que acaban generando.

La falta de personal especializado en órganos judiciales es una notable deficiencia que impide a magistrados y fiscales actuar como es debido en casos de choque entre progenitores. «Se insiste en la necesidad de contar con equipos psicotécnicos en los juzgados de Familia que permitan a las autoridades judiciales y fiscales que intervienen contar con el criterio profesional que valore la capacidad parental de las partes, sobre todo cuando hay menores de corta edad donde su interés es difícilmente protegible sin dicho dictamen técnico», como ocurre con los menores, como lamenta la memoria de la fiscalía, en este caso referido especialmente a la provincia de Castellón.

No es la única zancadilla en el camino de evitar choques entre progenitores que acaben teniendo con consecuencias en los menores. La carencia de puntos de encuentro, los espacios neutrales puestos en marcha por la Generalitat o ayuntamientos en los que llevar a cabo, de manera supervisada, los regímenes de visita o intercambio de hijos en parejas con conflictos de mayor gravedad, es otra de las deficiencias que critica la fiscalía.

Así lo denuncia la memoria: «Necesidad que se evidencia en la carencia de puntos de encuentro familiares que permitan conciliar la situación de confrontación evidente que se genera tras el procedimiento judicial y que conllevan perjuicios a los menores incursos en el mismo».

No es la única denuncia recientemente difundida desde el seno de la fiscalía sobre la falta de medios en sistemas de protección que acaban teniendo consecuencias sobre los menores. A finales de noviembre, el fiscal coordinador de menores de la Fiscalía General del Estado, Javier Huete, alertó de que la saturación de los centros de acogida y la escasez de medios destinados por las comunidades autónomas a ofrecerles recursos «aboca» a estos niños a la delincuencia y marginalidad como medio de subsistencia. Huete señaló Valencia como una de las provincias afectadas, aunque desde la fiscalía provincial se negó.