Rovira, el conseller que desvistió el modelo educativo de la izquierda

Durante la actual legislatura (algo más de dos años y medio) ha conseguido sacar adelante las grandes reformas programáticas del PP y se ha enfrentado a crisis y decisiones graves, no sólo por la dana. También ha protagonizado diferentes polémicas, casi siempre relacionadas con su tono y su peculiar manera de expresarse.

Bajo su batuta se ha completado la gratuidad que inició el Botánico en las escuelas infantiles de primer ciclo (las guarderías), se han realizado los cambios organizativos en la Secundaria (Música en 3º de la ESO, más horas de Matemáticas y menos de Valores) y se ha sacado adelante la ley por la que se regula la libertad educativa, que si bien se propone y se aprueba en Les Corts nació de su secretaría autonómica y dos de sus direcciones generales. Es, sin duda, la mayor herencia que deja en el ámbito educativo, pues de la norma emanan las grandes medidas de política educativa no universitaria que el PP prometió en su programa electoral.

Por encima de todas está el cambio de modelo lingüístico en las escuelas, que puso fin al diseñado por el Consell del Botánico y se ha basado en las preferencias de las familias, recopiladas a través de una consulta extraordinaria y de las solicitudes de admisión. La ley también ha supuesto la eliminación de los programas de inmersión en Infantil (nada de castellano hasta llegar a Primaria), la reducción al mínimo de las horas en valenciano en comarcas castellanohablantes, la recuperación de supuestos de exención del Valenciano que eliminó el ejecutivo anterior o la flexibilización del requisito lingüístico para ejercer. Sin olvidar el sistema que permite la certificación automática del nivel de valenciano en base a los estudios cursados, cuyo éxito, en términos de solicitudes, ha sido manifiesto.

Rovira también pasará a la historia como el conseller que volvió a prohibir el uso de los móviles en los colegios, en lugar de dejar la regulación en manos de los centros, lo que generaba algo más de permisividad en cuanto a su utilización en espacios comunes. De nuevo, revirtiendo una decisión del Botánico. Es la medida de carácter educativo que mayor consenso ha sumado en lo que va de legislatura.

Las nuevas reglas para gestionar la admisión de alumnos son otro logro para Rovira. En el mismo sentido que los anteriores: se prometió en el programa electoral como medida de reforma (o contrarreforma, según se quiera ver) de la herencia anterior. La Comunitat volvió a tener distrito único y se abrió la mano con los puntos de libre asignación por parte de los centros, aunque esta última decisión duró un curso. Fueron muchas las escuelas que se extralimitaron y propusieron criterios que la administración tuvo que anular por discriminatorios.

La dinámica ha sido distinta en materia universitaria, pues la gestión no se ha basado en la premisa de hacer para deshacer, sino en hacer lo que no hizo el Botánico. El mejor ejemplo es el modelo de financiación para las universidades públicas, ya aprobado y que hasta 2030 garantiza la suficiencia financiera de los centros. La pasada semana, durante la apertura del curso universitario, la rectora Mavi Mestre agradeció en su discurso el trabajo realizado por el conseller y su equipo de Universidades en la que fue la única mención que se hizo al papel de la Generalitat durante un acto insólito por la incomparecencia de Mazón. En el ámbito de la Educación superior también se ha sacado adelante el nuevo mapa de titulaciones, algo que la izquierda llegó a anunciar aunque sin pasar de la mera nota de prensa.

En el apartado de crisis, destaca sin duda la gestión de la dana, con cerca de 50.000 estudiantes afectados, la necesidad de reubicar en otros centros a la mayoría de ellos y también de realizar reparaciones de urgencia que no siempre fueron lo rápidas que se precisaba. Hasta finales de diciembre de 2024 no se reanudaron las clases presenciales en casi todos los centros -el IES Berenguer Dalmau aún esperó hasta enero- y todavía colean algunos flecos. Por no hablar de la construcción de ocho colegios que quedaron totalmente destruidos y cuya tramitación heredará la nueva consellera, Mª Carmen Ortí. En el mejor de los casos se ha llegado a la fase de redacción de proyectos.

De los tres inicios de curso protagonizados por el equipo de Rovira dos fueron convulsos. El primero, el del 2023-2024, con el retraso en las adjudicaciones de plazas para completar las plantillas de los centros públicos y el caos del transporte escolar, que llevó a la administración a rescindir el contrato con la empresa prestataria. Y el tercero, el del ejercicio actual, con el retraso en la instalación de los barracones de tres de los centros destruidos por la dana que impidió iniciar las clases el día previsto. Y todo apunta a que el final del actual también será complejo, con cuatro de los cinco sindicatos echando un pulso a la administración reclamando mejoras laborales y salariales.