Los riesgos de las cárceles valencianas

Los riesgos de las cárceles valencianas

Las últimas agresiones a funcionarios de prisiones y la masificación de internos intensifican las quejas del colectivo | Existen más de 3.000 vacantes en los centros penitenciarios mientras el número de reclusos duplica la capacidad de los presidios

IVÁN GÓMEZ

Los últimos incidentes conocidos en prisiones de la Comunitat han avivado el debate sobre la seguridad en los centros penitenciarios. Los funcionarios reciben agresiones a diario por parte de los reclusos y además, están desbordados por el déficit de 3.500 efectivos a nivel nacional, dato reconocido por la Administración.

Hace una semana un preso de la cárcel de Picassent calificado de primer grado, es decir, de los más peligrosos del sistema, se atrincheró en su celda e hirió a siete funcionarios con elementos metálicos que arrancó de una ventana. La cárcel de Picassent, desde su construcción, no está diseñada para albergar a reclusos de este tipo. El módulo donde se produjo el altercado se 'improvisó' durante la edificación y no cuenta con los elementos de seguridad necesarios.

La vida de los funcionarios de prisión está en juego en cada servicio. Desde el sindicato ACAIP denuncian que la Administración mira hacia otro lado y que Secretaría General de Instituciones Penitenciarias «criminaliza» a sus trabajadores. Estas quejas surgen por varios motivos.

El primero se basa en el 'protocolo de actuación' que han de seguir los carceleros en casos como el mencionado en Picassent. Los trabajadores están obligados a utilizar «la menor fuerza posible» y se enfrentan a los reclusos sin ningún equipamiento disuasorio que les dé ventaja a la hora de reducir a presos que causan reyertas. En estos enfrentamientos los funcionarios se encuentran con otro 'handicap', que es su elevada media de edad, superior a los 50 años, que a la hora de forcejear con presos 20 años más jóvenes no tienen la misma agilidad y fuerza física. Además, estas agresiones no tienen casi consecuencias para los presos, «les sale gratis porque la mayoría se declaran insolventes y no pagan las sanciones económicas. No existe un seguro que garantizase que los funcionarios atacados cobren una indemnización. Al preso solo se le castiga con un par de días sin patio o como mucho lo trasladan a otra prisión con más seguridad», declara ACAIP con resignación.

Otro motivo de denuncia es la desprotección del sistema. Los funcionarios «temen» denunciar las agresiones que sufren porque a la hora de comprobar los hechos, en cuanto el empleado no se acoge 100% al protocolo establecido, son sancionados por sus superiores. El citado protocolo «es insuficiente y nos deja desprotegidos ante ataques», afirman desde ACAIP.

Pero la gota que cola el vaso es la última instrucción promovida desde Secretaría General. Todas las denuncias de internos han de ser tramitadas judicialmente aunque no haya daños físicos; es decir, que los presos pueden denunciar a funcionarios prácticamente sin pruebas. «Es como si los pájaros disparasen a las escopetas», proclaman desde el sindicato.

Los funcionarios de prisiones no son reconocidos como agentes de autoridad, lo que es otro motivo de queja por parte del colectivo. «Al igual que un profesor es considerado autoridad, un carcelero debería serlo por el ambiente en el que trabaja, no tiene sentido nuestra situación», reclaman.

El número de presos en relación al de funcionarios es alarmante. La cárcel de Fontcalent, en Alicante, cuenta con 453 celdas y en la actualidad asume casi 1.000 presos, cuando la legislación establece que debe haber un preso por celda. «Esta irregularidad está reconocida por la Administración», afirman. Además, el número de trabajadores en contacto directo con los presos es ínfimo; ahora mismo los sindicatos hablan de 15 carceleros para controlar a los casi 1.000 reclusos en Fontcalent, una situación de máximo riesgo y que se extiende a todas las cárceles de la Comunitat.

«Nos han criminalizado por el simple hecho de movilizarnos por nuestra seguridad»

El presidente de la sección de Administración General de CSIF en la Comunitat denuncia la desprotección que sufren los funcionarios de prisiones. «Los trabajadores van equipados con un 'walkie talkie' y un boli, y con eso pretenden que se defiendan ante los presos, que en muchos casos son toxicómanos o sufren alguna enfermedad mental no medicada», asegura. El representante del CSIF pide que los carceleros puedan ir equipados con «pistolas eléctricas» para reducir a los presos en caso de reyerta y así «evitar incidentes con funcionarios lesionados como el pasado domingo en Picassent, sería una forma de sentirnos más seguros».

Vilas confiesa que actualmente está expedientado por parte de la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias a causa de «unas declaraciones en las que denuncio la situación que vivimos». Además, afirma que «el colectivo de funcionarios de prisión está criminalizado por parte de la Administración por el simple hecho de movilizarnos por nuestros derechos».

«Hay un problema tremendo de descordinación con Sanidad, ya que muchos presos padecen enfermedades psiquiátricas que se obvian al entrar en prisión para que la Administración no tenga que pagar la medicación», proclama Vilas que relaciona esta situación con «los brotes psicóticos que atraviesan los reclusos y que les tornan en personas muy violentas que atentan sin motivo contras los trabajadores de la cárcel».

Otro problema es el número de vacantes en centros penitenciaros y la elevada edad media de los funcionarios. «Nuestras prisiones están desbordadas y nos faltan trabajadores. La mayoría son gente mayor que no tienen la misma agilidad y fuerza física para enfrentarse a presos de veinte años, es un matadero consentido por Secretaria General», añade Vilas.

«La propia Administración reconoce que se salta la legislación de 'un preso una celda', pero no hace nada al respecto, estamos arrinconados», concluye.