Un profesor de la pública cobra hasta 600 euros más al mes que otro de la concertada

Son algunas de las diferencias en las condiciones laborales que se aplican en las dos grandes redes que sostienen el sistema educativo y que el sector de Enseñanza de UGT ha puesto de manifiesto este jueves en Valencia. Lo ha hecho durante la presentación de la propuesta trasladada al Ministerio de Educación para actualizar el real decreto de 1985 que fija las directrices básicas del régimen de conciertos, tanto a nivel administrativo como laboral, si bien en este último aspecto se completan a través de los sucesivos convenios colectivos que se negocian entre las organizaciones sindicales y las patronales. La idea es conseguir una equiparación real, en todas las comunidades autónomas, que quede blindada desde el punto de vista legal. Y por tanto, que sea de obligado cumplimiento.

La iniciativa incluye otras reivindicaciones como la inclusión de todo el personal de administración y servicios y complementario (mayoritario en los centros de Educación Especial) en el sistema de pago delegado. Es decir, que les pague directamente la administración, sin la mediación del centro educativo, tal y como sucede con los docentes. A juicio de la organización ayudaría a evitar prácticas como la subcontratación de estos servicios.

También se apuesta por una revisión de las plantillas «que contribuya a redistribuir la carga lectiva», en palabras de Jesús Gualix, coordinador de Enseñanza Concertada, Privada y Discapacidad de UGT a nivel nacional. «La idea es no tener profesores agotados que van corriendo de una clase a otra y con cantidad de trabajo acumulado», ha añadido de manera gráfica, antes de defender que las reivindicaciones, aunque tengan carácter laboral, persiguen «cumplir no sólo con la máxima de que a igual trabajo iguales condiciones, sino que estas sean las adecuadas para ofrecer un servicio público de calidad». El sindicato calcula que la concertada española necesita 60.000 docentes más «para prestar un servicio en condiciones óptimas», de los que 5.000 serían para la Comunitat, donde ya ejercen alrededor de 18.000. Serían fruto de la citada redistribución de horas lectivas.

En cuanto a las diferencias salariales, la gran brecha se deriva del complemento de los sexenios. Actualmente sólo hay tres comunidades que los pagan tanto a docentes de la pública como de la concertada: Cataluña, Cantabria y Baleares. Se conceden cada seis años y siempre que se acredite la realización de determinado volumen de cursos de formación continua.

«Cuando dos docentes empiezan a trabajar en la Comunitat, uno en la pública y otro en la concertada, su salario es el prácticamente el mismo», explica José Juan Torrecillas, coordinador de Enseñanza Privada de UGT PV. Exactamente la diferencia en el salario básico es del 4%.

Pero la cosa cambia a medida que acumulan servicios prestados. «También disponemos de los trienios (se reconocen cada tres años en concepto de experiencia), pero no de los sexenios. El profesor de la concertada se forma voluntariamente y por libre tras la jornada, lo que supone una diferencia de condiciones laborales que puede repercutir en la calidad de la enseñanza», añade.

Un profesional de la pública puede acumular como máximo cinco sexenios. Es el ejemplo más extremo, pues supone 30 años de trabajo. En este caso el complemento salarial se eleva a 614 euros mensuales adicionales, según las tablas vigentes en 2022. Si tiene cuatro la cuantía se queda en 526, si tiene tres en 374, si llega a dos en 236 y si suma uno en 114,6.

Por contra, en la concertada existe una paga extraordinaria por antigüedad, a la que se tiene derecho cuando se cumplen 25 años de experiencia. El problema es que la administración no la abona de oficio, sino que hay que reclamarla en la vía administrativa y judicial. «Consideramos que se actúa un poco en fraude de ley, pues lo lógico sería que se presupuestara anualmente y se pagara sin necesidad de acudir a la justicia, lo que contribuye a la saturación de un servicio público», continúa Torrecillas.

Otras mejora que contiene la propuesta de UGT se refiere al estudio del coste real del puesto de la enseñanza concertada, pendiente desde 2006, lo que permitiría actualizar las cuantías de gastos de funcionamiento que se transfieren a los centros y garantizar la impartición de la enseñanza en régimen de gratuidad (sin aportaciones voluntarias).

También se reclama la equiparación de otros conceptos, como puede ser el complemento por tutoría, que sólo está reconocido en dos comunidades. Tanto a nivel de horas lectivas liberadas (para atender otras tareas docentes) como desde el punto de vista retributivo.