El pulso a la concertada le sale caro al Consell: hasta 7.000 euros por alumno

Según ha podido saber LAS PROVINCIAS a través de consultas a entidades titulares y equipos jurídicos, sólo queda una escuela -de la provincia de Valencia- pendiente de recibir las cuantías que le corresponden tras el recorte sufrido en Bachillerato. El grueso de los pagos llegó entre el último trimestre del curso anterior y el pasado septiembre.

En líneas generales se están reintegrando los fondos públicos que los centros dejaron de percibir entre los ejercicios 2017-2018 y 2019-2020, y en muchos casos el dinero también llega a las familias afectadas: hasta 7.400 euros por estudiante que se quedó sin enseñanza concertada en Bachillerato y tuvo que costearla, como si se tratara de un colegio privado, por sus medios. Las escuelas actúan de intermediarias: reciben el dinero del Consell y luego lo transfieren.

Educación cambió la normativa que regula el régimen de conciertos de cara al 2017-2018, estableciendo una serie de criterios de preferencia para disponer de fondos públicos en las etapas postobligatorias. El resultado fue que 21 centros los perdieron en alguna línea de Bachillerato, es decir, en el grupo de 1º y al ejercicio siguiente en el de 2º. En cinco de ellos el recorte fue completo, afectando a todas sus aulas.

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De estos, veinte decidieron recurrir a los tribunales, ganando en todos los casos, y entre abril y junio de 2021 Educación aprobó las resoluciones que sirvieron para ejecutar las sentencias. Además de tener que reintegrar las cantidades no abonadas durante los cursos citados también hubo consecuencias administrativas: en todos los casos consiguieron la renovación automática de sus conciertos hasta 2025.

Las casuísticas fueron muy variadas. Hubo escuelas que desde el primer momento consiguieron la suspensión cautelar del recorte, por lo que mantuvieron los fondos públicos durante todo el proceso judicial, aunque tuvieron que aportar fianzas de centenares de miles de euros. Otros esperaron un año, y cuando empezaron a conocerse los primeros fallos del TSJCV pidieron la ejecución provisional de la sentencia. Pero la mayoría se mantuvo a la expectativa, desactivando los grupos afectados, que dejaron de acoger alumnos, o pasándolos al régimen privado, lo que implicó que los gastos de personal y funcionamiento se cubrieran con pagos de las familias, aportaciones de la titularidad o mediante la combinación de ambas fuentes de financiación.

Es en estos casos en los que el dinero se está devolviendo a las familias que se vieron afectadas. De hecho así lo exigían las instrucciones enviadas por la administración a los colegios antes de proceder al reintegro, que fueron polémicas porque inicialmente exigían que las titularidades transfirieran el dinero a los padres como paso previo a que la conselleria lo pagara tras la correspondiente justificación. Es más, las interpretaciones sobre cómo ejecutar alguna de las sentencias están detrás de la demora acumulada, teniendo en cuenta que ha pasado más de un año desde su reconocimiento (entre abril y junio de 2021).

Uno de los últimos centros en realizar los pagos, de la provincia de Valencia, ha transferido a los padres entre 3.000 y 6.000 euros en función de si hicieron uno o dos cursos de Bachillerato en régimen privado, mientras que otro de la de Alicante, que devolvió el dinero el pasado junio, llegó a abonar hasta 7.400, a razón de 3.700 por cada nivel.

Fuentes jurídicas explican que también se han dado casos de colegios que han conseguido que la conselleria les abone la mitad de los gastos de funcionamiento de las unidades que quedaron desactivadas teniendo en cuenta que se trata de instalaciones que también han requerido trabajos de mantenimiento o de limpieza, y además se han cobrado intereses de demora o costas judiciales. Sí quedan pendientes, en algún centro, ajustes retributivos de los docentes, en el sentido de que se cobra algún complemento adicional en la concertada en relación a la privada.

Desde Educación destacan que se ha cumplido con todos los colegios que han justificado los gastos «por ofrecer el servicio educativo en régimen privado» y defienden que no se pueden aceptar pagos relacionados con unidades que no funcionaron. Hasta hoy se ha transferido a los centros un total de 7,8 millones.