Los procuradores desconfían de los medios alternativos de resolución de controversias

Begoña Mollá ha aprovechado la ocasión para ofrecer una visión descarnada de los desafíos que enfrenta la profesión y hacer una enérgica denuncia de las carencias del sistema judicial.

La decana DEL ICPV ha destacado la capacidad de adaptación de los procuradores a los constantes cambios tecnológicos y legislativos, una cualidad que, según sus palabras, no siempre se ve correspondida por la Administración. «Hemos pasado del papel y el calco a las comunicaciones 100% telemáticas y del expediente en papel y en cuerda floja al expediente judicial electrónico», ha afirmado Mollá. Sin embargo, esta evolución no ha sido bidireccional. La decana ha lamentado que si los procuradores «estamos obligados a utilizar plataformas como Lexnet, Acceda, Horus, o los apoderamientos electrónicos, desde la procura tenemos la sensación de que la justicia no está preparada o dispuesta a adaptarse a dichos cambios con la misma rapidez que se nos obliga y exige a los procuradores«.

Mollá ha sido enfática al exigir la dotación de medios y recursos necesarios para que todos los órganos judiciales puedan adaptarse a las exigencias tecnológicas del legislador. Además, ha señalado la disparidad de criterios en el uso de estas herramientas, con juzgados que desconocen plataformas esenciales para el trabajo diario de los procuradores. La situación se agrava en la Comunidad Valenciana con el cambio del sistema de gestión procesal de Cicerone a Just@, un proceso que, en palabras de la decana, «sigue siendo tortuoso el camino, inesperados los resultados y en algunos supuestos exasperantes para los profesionales y sobre todo para el ciudadano».

Otro de los puntos críticos abordados por Begoña Mollá ha sido la manera atropellada en que se está legislando en los últimos años, sin tener en cuenta la realidad de la justicia ni las necesidades de los ciudadanos. La reciente Ley 1/2025 de medidas en materia de eficiencia del servicio público de justicia, que introduce los medios alternativos de resolución de controversias (MASC) como requisito de procedibilidad y la creación de la nueva oficina judicial, es objeto de especial preocupación.

Según la decana, estas reformas se están implementando «sin apenas contar con los operadores jurídicos, sin tener en consideración qué necesitan realmente los ciudadanos, y sobre todo, sin contar que en muchas ocasiones las mismas requieren de unas grandes inversiones económicas». Mollá ha advertido sobre el riesgo de crear «dos tipos de justicia» con la introducción de los MASC, ya que aquellos que no puedan costearse un mediador o conciliador verán «cercenado su derecho de acceso a la justicia». La única nota positiva en este panorama es el reconocimiento de la ejecución como una de las reivindicaciones históricas de la procura, que, según Mollá, tiene la capacidad de impulsar y agilizar los procedimientos judiciales.

A pesar de las dificultades expuestas, la decana ha querido transmitir un mensaje de optimismo y orgullo a los nuevos y veteranos procuradores. Ha reconocido los obstáculos a los que se enfrentarán, como el sistema Just@, Lexnet, la nueva oficina judicial o el «inexistente de momento, expediente judicial electrónico», pero ha subrayado la fortaleza de un colectivo «unido, impulsor de los procedimientos, colaborador de la justicia y sobradamente preparado para todo lo que le pongan por delante».

La decana ha subrayado los «aires nuevos» que soplan en la procura gracias a las nuevas facultades reconocidas en la Ley 1/25 y a la renovación del Consejo General, que está luchando por posicionar a la profesión en todas las instituciones. Finalmente, Mollá ha rendido un emotivo tributo a los procuradores con 25 años de ejercicio, a quienes ha calificado de «héroes» por su resiliencia y profesionalidad. «Sois mis héroes, porque si es difícil aguantar esta profesión con todas las modificaciones legislativas y tecnológicas que existen, más lo es hacerlo durante 25 años», ha concluido.