El Gobierno, obligado a vender el agua desalinizada a mitad de precio

Vista de la desalinizadora de Sagunto que todavía no se ha puesto en marcha. / damián torres
Vista de la desalinizadora de Sagunto que todavía no se ha puesto en marcha. / damián torres

Los ayuntamientos fuerzan un acuerdo para que las plantas de Castellón entren en funcionamiento a los quince años de proyectarse

Juan Sanchis
JUAN SANCHISValencia

El Gobierno, a través de la empresa Acuamed, ha conseguido poner en marcha las desalinizadoras de Oropesa y Moncófar y evitar así que la Unión Europea le obligue a devolver las ayudas que percibió por su construcción. Pero se ha visto obligada a aplicar una fuerte rebaja en el precio en el coste del agua para que los potenciales clientes (los ayuntamientos) se avinieran a firmar el convenio.

En juego estaban los 33,3 millones de euros que España había recibido de la UE para la construcción de estas plantas (17 por la Moncófar y 16,3 por la de Oropesa). El plazo para ponerlas en funcionamiento sin perder la subvención expiraba en marzo. Finalmente Acuamed alcanzó a fines de ese mes un principio de acuerdo con los ayuntamientos de Oropesa, Moncófar, Cabanes, Xilxes y Benicàssim para suministrarles agua desalada y eludir la sanción europea. A cambio el precio ha sido alto.

Según fuentes de la empresa pública, el acuerdo propuesto incluye que los cinco ayuntamientos paguen el agua a 0,46 euros el metro cúbico durante el primer año. El coste pasará el segundo año a 0,49 euros y el tercero los municipios abonarán los 0,52.

Acuamed todavía negocia con el Ayuntamiento de Cabanes

El precio que están pagando los ayuntamientos se encuentra muy por debajo del coste de producción de un metro cúbico que según los expertos puede situarse en los 0,80 euros por metro cúbico.

En 2018 se aprobó una ley a propuesta del PSOE en la que se establecía que el coste máximo del agua para consumo agrario en situaciones de sequía se situaría en 0,30 euros por metro cúbico y el Gobierno asume la diferencia para cubrir los gastos de producción, mucho más elevados. El precio que pagan los ayuntamientos castellonenses está por encima de esta cantidad al ser para consumo humano.

Durante el primer año de producción, los ayuntamientos castellonenses asumirán 41.840 metros cúbicos; 59.925 el segundo y 81.060 el tercero.

El convenio entre los cinco ayuntamientos y la empresa pública Acuamed es por tres años, aunque la voluntad de los municipios es que sea un acuerdo que se pueda prolongar en el tiempo en las mismas condiciones. Desde la empresa pública, según señalan las fuentes consultadas, ponen varias objeciones a mantener las cláusulas firmadas para conseguir la puesta en marcha de las plantas sin perder las ayudas.

El primer obstáculo son los costes de la construcción. Según los acuerdos alcanzados cuando se proyectaron las desalinizadoras, tenían que asumirlos los ayuntamientos a los que darían servicio.

Pero las condiciones han cambiado en estos quince años. En aquellos momentos se vivía un momento de expansión económica y urbanística. Se preveía que la población de estos municipios crecería hasta los 225.000 habitantes. No ha sido así y los municipios no tienen la capacidad económica para hacer frente a estos costes. Los ayuntamientos no parecen dispuestos a ceder.

Tampoco los regantes de la zona se han adherido al convenio para poner en marcha una planta que siempre vieron con recelo. Fuentes de los agricultores explicaron que siempre dejaron claro al Gobierno que no era necesario construir estas instalaciones.

La planta de Sagunto todavía continua paralizada

Acuamed y el Ayuntamiento de Sagunto todavía no se han puesto de acuerdo para poner en marcha la desalinizadora instalada en Sagunto por el alto coste del agua.

La planta, al igual que las dos construidas en la provincia de Castellón, tenía que haber entrado en funcionamiento antes de abril para no perder los 18,5 millones de euros que recibió como ayudas de la Unión Europea para su construcción.

También fue diseñada dentro del Programa Agua a principios de siglo con unas perspectivas de crecimiento que no se han visto cumplidas. El Consistorio de Sagunto ha mantenido unas posiciones muy distantes de las sostenidas por la empresa Acuamed y no estaba dispuesto a asumir el coste de construcción de la desalinizadora. El cambio en la corporación municipal tras las elecciones del pasado mes de mayo puede servir para que se acerquen las posturas.

El Programa Agua, impulsado en 2004 por el gobierno de Rodríguez Zapatero para cubrir las necesidades hídricas de la Comunitat tras la derogación del trasvase del Ebro, planteó la construcción de cinco desalinizadoras: Torrevieja, Mutxamel, Sagunto, Oropesa y Moncófar.

Todas estas desalinizadoras han empezado a funcionar más tarde lo previsto inicialmente. La de Sagunto está a expensas de un acuerdo entre el ayuntamiento y Acuamed, mientras que el destino de la Mutxamel parece vinculado a que se llegue a una solución al trasvase del Júcar-Vinalopó, que también se encuentra paralizado a la espera de las negociaciones entre los regantes y el ejecutivo.

En cualquier caso, con el acuerdo alcanzado in extremis con los cuatro ayuntamientos castellonenses, el Gobierno ha podido poner en marcha las dos plantas y evitar así la devolución de las ayudas de la Unión Europea.

No sería la primera vez que España está en una tesitura similar. En 2015 el ejecutivo tuvo que devolver los 55 millones de euros que recibió en subvenciones para la construcción de la desalinizadora de Torrevieja, ya que no entró en funcionamiento dentro de los plazos marcados.

La desalinizadora de Oropesa entró en funcionamiento el pasado 16 de mayo, según explicaron desde Acuamed. Tras el acuerdo con el Ayuntamiento de Benicàssim el municipio está recibiendo agua desalinizada desde el mismo momento de la puesta en marcha de la planta. El Consistorio de Oropesa es otro de los municipios que va a recibir la parte de la producción, mientras que todavía no se ha llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento de Cabanes.

También está en funcionamiento la planta de Moncófar que va a suministrar agua a Xilxes y al municipio en la que está instalada. Esta segunda localidad está recibiendo los recursos desde el pasado 29 de marzo, mientras que Acuamed está cerrando el acuerdo con el consistorio de Xilxes.