Las peticiones de los alcaldes: servicios públicos y agilidad en las obras

En opinión del alcalde de Albal, José Miguel Ferris, la prioridad ahora es «recuperar la moral y un cambio de actitud de los vecinos y eso pasa por recuperar nuestros entornos. «Cuando abra la puerta de su casa tiene que ver que es el adecuado, europeo, aunque decir esto sea una obviedad, y que los espacios, servicios y transporte públicos sean los adecuados. De eso se trata».

Albal dispone de 30 millones de euros para la reconstrucción, lo que refleja la gravedad de los daños. El gobierno municipal trabaja en la recuperación de espacios públicos, así como mejoras en esos servicios básicos como la recogida de residuos, ahora en proceso de licitación.

Ferris comentó la necesidad de contar con más personal para hacer frente a la gestión de la reconstrucción. «Hablando de nuestras competencias en las emergencias, sí que merece la pena decir que el sistema de bandos funciona bien», explicó.

La alcaldesa de Paiporta, Maribel Albalat, insistió también en la recuperación de los servicios públicos. «Algunos hemos podido recuperarlos pero en precario, los vecinos no lo entienden». Ese riesgo de desafección es uno de los problemas principales en la actualidad, consideró.

Albalat recordó que el 30 de octubre, un día después de la dana, la ciudadanía en Paiporta «se sintió abandonada, sola; nos pilló a todos sin recursos para contestar. Esa confusión hay que despejarla con la recuperación de los servicios públicos».

«Hay que mejorar en lo que fallamos, en la preemergencia y en la propia emergencia. Debemos hacer autocrítica para que no vuelva a pasar», dijo, para subrayar la urgencia de contar con más recursos ante este tipo de catástrofes.

Considerada la zona más afectada por las inundaciones debido a la enormidad de los daños y el número de víctimas, Paiporta se enfrenta a un plan de reconstrucción que sólo en las infraestructuras municipales se eleva a 201 millones de euros.

Lorena Silvent, alcaldesa de Catarroja, afronta situaciones tan complicadas como la reconstrucción de todo el alcantarillado, además de la enorme afección de la dana a los comercios, otros servicios públicos y el hecho del riesgo por la cercanía de barrancos que a día de hoy carecen de mejoras para afrontar otras inundaciones.

Señaló en el foro la necesidad de una «política útil, no partidista». De ahí que abogara por un Pacto de Estado, con el que se puedan crear herramientas que mejoren la colaboración». Demandó a los presentes una mirada hacia adelante. «Nuestra vida no será igual a la de antes del 29 de octubre», señaló.

«Las personas todavía no pueden salir de casa en libertad», dijo en referencia a los edificios con los ascensores estropeados. «Y no hablo de las personas vulnerables, sino también de las mayores. A nivel cognitivo es una marcha atrás que no podemos permitirlo, estamos en el primer mundo y tenemos que dar soluciones a la ciudadanía», comentó.

El alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, aseguró que ese día «nos cambió la vida a todos, a nosotros también». Señaló al igual que sus compañeros que los vecinos no entienden que cinco meses después las cosas estén igual», en cuanto a la lentitud en los procedimientos administrativos para recuperar los servicios públicos. «Tenemos que trabajar juntos, esa es la prioridad, y que se flexibilicen los procedimientos. Tenemos el dinero para reconstruir pero no podemos hacerlo. Tardar seis o siete meses en adjudicar una obra no es lógico y más teniendo el dinero. Cuando ha pasado algo extraordinario no podemos responder con lo ordinario», comentó.

Massanassa fue otro de los municipios que ha sufrido la dana. El primer edil, Paco Comes, destacó que no sabe cómo explicarle a los vecinos que con los 54,8 millones recibidos del Gobierno que tendrán «la acera rota mucho tiempo más cuando abran la puerta de su casa», por lo que consideró que hará falta «mucha pedagogía» en este sentido para que todos los entiendan, que no «están abandonados».

En su opinión, lo más urgente es que las diferentes administraciones «deben aparcar la filiación política, que está muy bien, pero en un momento de urgencia tenemos que aparcarla».

Por su parte, el alcalde de Aldaia, Guillermo Luján, aprovechó el foro para reclamar la unión acerca de los proyectos esenciales para evitar nuevas inundaciones. Citó la conexión del barranco de la Saleta con el nuevo cauce, presentada la semana pasada por la Confederación Hidrográfica del Júcar y que ya está en exposición al público, iniciativa para la que pidió que el Ayuntamiento de Valencia no presente alegaciones a esta obra.

«Hay una previsión de iniciar las obras en 2026, con lo que la mala noticia es que el próximo otoño seguiremos desprotegidos. »Ahora surgen discrepancias, Valencia ha planteado ciertos miedos sobre este proyecto; la reflexión que me hago es que debemos dejar a la ciencia, a los técnicos y a los ingenieros para que nos den respuestas, más allá de nuestra impresión«, en referencia a la petición del Cap i Casal para que la capacidad de desagüe del Plan Sur sea revisada.