Morant: «El Gobierno quiere frenar la expansión de universidades de mala calidad, que son solo un negocio»

La ministra de Ciencia y Universidades, Diana Morant, ha asegurado este jueves que el Gobierno tiene intención de «frenar la expansión de las universidades de garaje, de mala calidad, que son básicamente un negocio con fondos de inversión al frente» y que va a exigir «garantías de calidad» en los centros de nueva creación.

Morant ha hecho estas declaraciones antes del inicio del Consejo General de Política Universitaria (CGPU), que se reúne en Paterna y en el que propondrá una nueva disposición transitoria que afectará a diez universidades privadas que han solicitado ya su creación o reconocimiento, ninguna de ellas en la Comunitat Valenciana.

Esta nueva medida implicará que tengan que obtener un informe favorable de la ANECA o de la agencia de calidad de su comunidad autónoma.

«En defensa de la universidad de calidad hemos impulsado un real decreto, que se debatirá con las comunidades, para frenar la expansión de universidades de garaje, de mala calidad, que son negocios», ha insistido Morant.

«No puede ser que en la última década, con la incorporación de más mujeres y más alumnos de clase trabajadora, la universidad pública solo crezca el 2 % y la privada más de un 100 %, eso significa que dejamos de apostar por el ascensor social», ha insistido.

En este sentido, ha recordado que son las comunidades «las competentes en la aprobación de nuevas universidades», y que «en los últimos años algunas regiones lo han hecho con informe contrario de calidad».

«Es importante recordar que si en una facultad de medicina la nota de corte es 13,5 significa que los mejores estudiantes escogen la pública, pero esa nota también significa que faltan plazas, y por eso exigiremos a las comunidades una mayor financiación, para que ofrezcan plazas a nuestro talento», ha apuntado Morant, para que «no se aboque a los estudiantes a endeudarse».

«El 30 % de la matricula universitaria de España está en la privada, el doble que en países como Alemania. Se está generando una anomalía que hemos de frenar», ha agregado.

Los informes pendientes de universidades privadas afectados serían diez: dos en Madrid; tres en Extremadura; trs en Aragón; y una en Baleares y Canarias, respectivamente.

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