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El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha vuelto a presionar al Gobierno central para que transfiera las competencias en costas y gestión del litoral ... con medios y personal. Ha sido en La Vila Joiosa donde el jefe del Consell ha asistido a la presentación de la norma autonómica sobre reordenación y protección del litoral en La Vila Joiosa acompañado por el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano; la presidenta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, Paqui Bartual y el alcalde de La Vila Joiosa, Marcos Zaragoza, entre otras autoridades.
Carlos Mazón ha anunciado que en el Pleno del Consell del próximo 17 de junio «solicitaremos formalmente al Gobierno de España la transferencia de competencias en la gestión del litoral valenciano bajo el amparo del artículo 49 de nuestro Estatut d'Autonomia, donde se reconoce que es competencia exclusiva de la Administración valenciana la ordenación del territorio, incluida la costa».
Así, ha señalado que «no es una ganancia competencial, sino cualitativa de gestión que estamos dispuestos a asumir para poder administrar con responsabilidad y cercanía lo que es nuestro desde el autogobierno».
Con esta medida, se reclama la transferencia de bienes y servicios, incluyendo el reparto de competencias; de personal, bienes muebles e inmuebles y recursos económicos.
En este sentido, ha manifestado que «este es el paso final para poder disponer de un marco normativo coherente con las necesidades de nuestro litoral, de los que viven en él y de él» tras la aprobación de la Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana en Les Corts.
Durante su intervención, ha indicado que en nuestra franja costera conviven el 70% de la población de la Comunitat Valenciana, el medio ambiente y una gran parte de nuestro impulso económico por lo que «debemos seguir manteniendo ese empuje tan nuestro para que la costa continúe siendo el lugar donde se encuentra el progreso».
En este sentido, ha destacado que desde la Generalitat «hemos dado pasos firmes y decididos para consolidar esa visión de equilibrio hacia todo lo que nos aporta nuestro litoral y con la convicción de que es posible crecer sin destruir y proteger sin paralizar».
Carlos Mazón ha puesto en valor que la nueva Ley de Costas autonómica «permite desarrollar la planificación litoral desde un enfoque más flexible, claro y seguro jurídicamente, garantizando la protección, mejora y reordenación de la costa, con sentido y equilibrio» porque «se puede cuidar la actividad humana a la vez que el entorno natural».
Asimismo, ha subrayado que «entre el proteccionismo absoluto y el desarrollo sin control hay un espectro amplísimo de oportunidades que blindamos con la nueva norma» porque «el espacio en el que se genera el 15% del PIB de la Comunitat exige una gestión que no caiga en la falsa disyuntiva entre progreso y medioambiente».
La nueva Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana regula los instrumentos de ordenación, generales y específicos y dedica un título en las playas estableciendo un sistema de catalogación de las mismas. Asimismo, supone la armadura para la reformulación del PATIVEL.
Como ya adelantó LAS PROVINCIAS, la Norma asegura que a todos aquellos vecinos a los que el Gobierno expropie sus viviendas con motivo de los deslindes, la Generalitat les compensará con suelo. En concreto, la ley de Costas valenciana estipulará que los agentes urbanizadores, en su mayoría los ayuntamientos, deberán habilitar nuevos terrenos con tal de garantizar «el aprovechamiento equivalente» a los metros cuadrados de techo que tenían los afectados antes de que los cambios de demarcaciones resituasen sus inmuebles dentro del dominio público marítimo-terrestre. También se establece que se podrá realizar esta alternativa «cuando dicho suelo estuviera destinado a usos residenciales o comerciales y se hubiera ocupado con título legítimo».
La cantidad de suelo que tendrán que habilitar los consistorios implicados en futuros proyectos de ampliación urbanística «nunca podrá ser inferior al 1% ni exceder del 5%» del total de extensión del nuevo terreno para destinarlo a los perjudicados.
La Ley marca los criterios de clasificación de cada zona de la costa valenciana distribuyéndola en tres tipos de áreas: protección ambiental, mejora ambiental y paisajística y reordenación.
En las disposiciones adicionales se incorporan cuestiones como la vigilancia sobre las resoluciones estatales que puedan suponer un perjuicio al litoral de nuestro territorio o de sus habitantes, entre otras.
Asimismo, es la primera norma valenciana sensible a la preservación de los valores naturales esenciales como la biodiversidad, evitando cualquier acción u omisión que provoque daños en ella. Se protege especialmente la Posidonia, verdadero pulmón del mar, cuya función es comparable a la de los bosques al oxigenar y filtrar las aguas costeras.
Cabe señalar que entre las competencias asumidas por la Comunitat Valenciana, se encuentra la regulación de la ordenación del litoral, la pesca en aguas interiores y la acuicultura, entre otras. Con la finalidad de implementar una planificación coherente y adaptada a la singularidad de la costa valenciana, se establece que será la propia Comunitat, a través de Les Corts, la encargada de crear los instrumentos normativos necesarios para proteger estos ecosistemas.
Con esta nueva norma, el ejecutivo valenciano pretende, entre otros objetivos, poner coto a la política de deslindes que promueve el Gobierno de España. En este sentido, el Ejecutivo central impulsa a lo largo de la costa valenciana una serie de desafecciones que tienen en vilo a centenares de propietarios de inmuebles en primer línea de costa. Así, el artículo 17 define lo que denomina «núcleos de valor etnológico» que pueden paliar los efectos de los deslindes en aquellos lugares en la que los enclaves puedan tener un valor cultural y social demostrable.
Con un total de 59 artículos, además de siete disposiciones adicionales, tres transitorias, una derogatoria y cuatro finales, la ley establece directrices claras para la ordenación del litoral, abarcando desde principios de distribución de competencias entre administraciones hasta la regulación específica de playas y un sistema de catalogación que clasifica estas en función de su grado de urbanización.
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