La jueza de la dana pregunta a la CHJ si la Policía de Aguas vigiló los barrancos el 29 de octubre
La magistrada pide autorización a Aemet y a Emergencias para incorporar a al causa las llamadas entre ambos organismos
La jueza de la dana ha preguntado a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) si el 29 de octubre la Policía de Aguas se desplegó « ... acudiendo a algún punto de control, así como el lugar de intervención de los mismos». Lo hace tras la petición de un abogado después de la declaración del presidente del organismo, Miguel Polo, que loó la actuación de los agentes medioambientales. La titular del juzgado de instrucción número 3 de Catarroja también niega recabar un informe sobre los fallos del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) en septiembre de este año «porque no permiten determinar si el día de los hechos funcionó correctamente», así como pedir la identidad de los miembros del comité permanente del organismo de cuenca.
La jueza accede a la petición de los abogados pese a que se explaya en una defensa enardecida de la CHJ. «La propia consellera autonómica era informada de que le competía controlar el barranco del Poyo, estampando de su puño y letra la responsabilidad en la asunción de dicho control, la existencia de una alerta hidrológica y lo que es más importante, la utilización de medios propios, brigadas forestales. Dichas brigadas nada tienen que ver con la CHJ. Tampoco están a las órdenes de la CHJ, y sí de la Administración autonómica, los agentes medioambientales de la Conselleria de Medio Ambiente. Actuación de vigilancia in situ que responde al hecho de que las subidas repentinas en los caudales de los barrancos se han de controlar visualmente, como afirmaba Jorge S. en uno de los vídeos unidos a la causa, y lo que es más decisivo, de forma permanente durante la alerta hidrológica, a través del gran número de medios personales, centenares de profesionales, que dependían de la Administración autonómica», dice.
«Sin perjuicio de la competencia que corresponde a la Generalitat Valenciana sobre el control de los barrancos, antes expuesta, competencia que fue asumida incluso desde el día 28 de octubre de 2024, así como el mismo día 29 de octubre», dice la magistrada, Nuria Ruiz Tobarra accede a la petición de los abogados. La CHJ tiene ahora tres días para informar de dónde estuvieron los agentes de la conocida como Policía de Aguas.
Una víctima más
La instructora también ha dictado una providencia por la que requiere a testigos y trabajadores de Emergencias y predictores de la Agencia Estatal de Meteorología para que manifiesten si acceden a que se obtenga y una al procedimiento las grabaciones de varias llamadas telefónicas mantenidas por ellos el 29-0, al tiempo que acuerda la citación de un ingeniero y otro testigo para que testifiquen sobre un informe relativo a la presa de Buseo.
Esa providencia también dispone recabar informe forense sobre la relación de causalidad entre el fallecimiento de una mujer, el 6 de noviembre de 2024, en el Hospital de la Ribera, con las circunstancias sufridas por la misma con motivo de la dana, después de que su hijo haya comparecido en el juzgado y haya pedido que su madre sea considerada víctima de la catástrofe. Finalmente, la juez ha decidido que se reciba declaración como perjudicados y se les haga el correspondiente ofrecimiento de acciones a los familiares de 50 víctimas mortales que todavía no han sido oídos en sede judicial.
Por último, en una diligencia de ordenación, suscrita por la Letrada de la Administración de Justicia, se da cuenta entre otras cosas de la recepción de un informe de la Fiscalía, de anexos de un atestado ampliatorio de la Guardia Civil y de un vídeo de la Diputación de Valencia con el título «Sessió 1 d'Investigació d'estudi de la gesió de la emergencia del 20 d'octubre».
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