La juez ordena la detención del cabecilla de la estafa piramidal

Las víctimas creen que puede estar en Venezuela porque L. D. S. y su pareja tienen la doble nacionalidad. La alarma saltó cuando el investigado no acudió a la Ciudad de la Justicia para la entrega del pasaporte.

Cerca de una veintena de afectados le reclaman un millón de euros. Otro grupo de perjudicados también exigían el reintegro de idéntica cantidad. Pero este asunto fue archivado tras una instrucción exprés. Y otros afectados, en cambio, han aceptado con resignación la pérdida del patrimonio con tal de no ver expuesta su credibilidad o reputación.

La juez ha acordado la detención internacional de L. D. S. para que el investigado sea puesto a disposición de la Justicia. La orden se trasladará a la Interpol, el organismo que agrupo a las Fuerzas de Seguridad de los diferentes países. La Fiscalía había informado a favor de esta diligencia después de que fuera reclamado por las acusaciones particulares. Una vez sea detenido, siempre que se pueda materializar la orden policial, será el momento de la extradición, proceso que no suele desarrollarse de manera rápida.

Las víctimas han pedido también la intervención de la Oficina de Gestión y Recuperación de Activos (ORGA). Se trata de un organismo creado pr el Gobierno en 2016, en plena escalada de casos de corrupción. Entre sus cometidos, destaca la búsqueda de activos y propiedades, tanto de las personas investigadas como aquellos sobre los que haya indicios de haber ocultado su titularidad real. Una situación que en estafas de esta magnitud resulta más que frecuente.

Estos expertos pueden acceder a múltiples bases de datos nacionales e intercambian información patrimonial con organismos internacionales y con otras oficinas de recuperación de activos en el extranjero. Lo más complicado en asuntos de esta naturaleza, sin duda, es encontrar el dinero. En ocasiones, oculto tras un complicado entramado societario y fuera del país de origen.

La mercantil formalizaba lo que se conoce como «cuentas de participación» con los inversores ahora estafados. De esta forma participaban supuestamente en el negocio de la compra de material sanitario de China y EE UU para su venta en Venezuela. Al principio se pagaron altas rentabilidades. Luego estas desaparecieron.

Los denunciantes sostienen que no existía esa actividad de negocio, que todo era una estratagema para captar fondos de los inversores. Esto es precisamente lo que se investiga ahora. Los afectados de la causa que fue archivada estudian ahora qué hacer para forzar una reapertura ante el avance de las diligencias en el otro juzgado.