Un juzgado investiga una estafa millonaria a cerca de 40 familias valencianas

Sin embargo, la estafa adquiere mayores proporciones. Hay perjudicados que han visto comprometida una inversión cercana al medio millón de euros, pero no han denunciado. La vergüenza de ser 'cazados' en un fraude de esta naturaleza también pesa a la hora de emprender acciones judiciales. Del mismo modo, otro inconveniente es la reputación de empresarios y directivos que no quieren ver su nombre enredado en una estafa a gran escala.

Todas las sospechas recaen sobre L. D. S. y su familia. El hombre, de nacionalidad venezolana, matriculó a sus hijos en el prestigioso colegio y fijó su residencia en una zona sólo accesible a economías desahogadas. Todo para conseguir entrar en ese núcleo de alto poder social, pero fundamentalmente económico con el que compartía centro educativo.

Allí, paulatinamente, recurrió a su don de gentes y a una imagen aparentemente modélica para estrechar lazos y captar la confianza de otros padres. De hecho, un matrimonio se fue a trabajar con él, seducido por el sueldo y las inmejorables condiciones. En el contrato figuraba que cuantos más clientes captaran, más comisiones. Una operativa habitual en entramados de este tipo.

En un primer momento, cumplió con las expectativas que había generado entre su grupo de afines. Así, a una familia que le había entregado unos 35.000 euros le devolvió el principal más una jugosa plusvalía de algo más de 8.000 euros. Y eso en apenas tres meses. El objetivo no era otro que mostrar la rentabilidad de la propuesta. ¿Y en qué consistía el negocio? Se trataba de inversiones en una empresa dedicada a la intermediación en el comercio internacional de productos sanitarios y de construcción, pero también de materias primas.

En definitiva, el plan se resumía en entregar importantes sumas de capital con el que se constituía «un contrato de cuentas en participación». Con ese dinero, se invertía en la adquisición de productos en el mercado exterior y posteriormente se repartían los beneficios. Hasta que dejaron de repartirse.

Todo apunta a una estafa piramidal. Los inversores reciben los intereses pactados con cargo a nuevas aportaciones que ellos mismos hacen o de nuevos estafados. El sistema sólo funciona si crece continuamente la cantidad de inversores en la pirámide. En caso contrario, se produce el colapso.

El querellado compareció en su momento en el juzgado que dirige la instrucción. Tras esta visita a la Ciudad de la Justicia, los denunciantes reclamaron que se le retirara el pasaporte para evitar que pudiera escapar a la acción de la Justicia. La sorpresa se ha producido cuando el sospechoso no ha comparecido para la entrega de la documentación. Algunas víctimas, representadas por el despacho de Gómez Tejedor, aseguran que se ha fugado a Venezuela, según se desprende de las redes sociales de su pareja.

Los negocios del ahora investigado parecía que avanzaban en la buena dirección. De hecho, en ese esfuerzo por aparentar adelantó futuros planes como la apertura de una oficina en Madrid, que abrió y cerró al cabo de unos meses, y una sucursal todavía más ambiciosa, en Orlando.

Su oficina en Valencia, por otra parte, se encontraba en pleno centro, en las proximidades de Cirilo Amorós. En el verano de 2022 comienzan los primeros problemas, relacionados fundamentalmente con impagos, tal y como recoge la querella de un grupo de afectados. La explicación que facilitó en su momento es que se deben al bloqueo de cuentas en Estados Unidos, por lo que no podía cumplir con los compromisos. Para tratar de calmar los ánimos, mostraba una captura de pantalla de una cuenta en la que tenía un supuesto saldo de 21 millones de euros.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores, por otra parte, llegó incluso a publicar una «advertencia al público» para dejar constancia expresa de que la sociedad «no está autorizada para realizar determinadas actividades».