«La imposición lingüística es el pilar en el que se basa el conflicto territorial»
La Cardenal Herrera organiza un debate sobre el estado de la educación en el que se apuesta por blindar por ley el derecho a estudiar en castellano
El estado de la educación, las corrientes pedagógicas, la actual ley orgánica y las consecuencias de las políticas lingüísticas fueron los ejes centrales de la mesa redonda 'Educación: una cuestión de libertad', organizada ayer por el Centro de Estudios, Formación y Análisis Social de la Fundación CEU San Pablo en el Palacio de Colomina, sede de la Universidad Cardenal Herrera en Valencia.
La entidad, que persigue favorecer la reflexión desde el ámbito académico, reunió a Juan Carlos Girauta, ex de Ciudadanos y presidente de la entidad Pie en Pared, a Vicente Morro, portavoz de la Mesa por la Educación en Libertad de la Comunitat Valenciana, y a Ana Losada, Fundadora de la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña.
La charla fue moderada por el director de LAS PROVINCIAS, Jesús Trelis, quien puso sobre la mesa la ausencia de la reflexión sobre modelos educativos en el debate preelectoral antes de que el protagonismo pasara a los modelos lingüísticos, sus derivadas y las posibles soluciones.
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«Cuando un alumno no puede estudiar en su lengua materna se está perjudicando su formación, pues está en desventaja respecto al que sí puede. Y en España hay miles o incluso millones que no pueden hacerlo en castellano, lo que resulta inconcebible», advirtió Losada, que representa a una entidad que está detrás de las sentencias que obligaron a fijar el porcentaje mínimo de castellano que se debe utilizar en las escuelas, el famoso 25%. También insistió en que este tipo de políticas sirven para trasladar el mensaje «de que el español no es una lengua de cultura y de referencia», y en que «la imposición lingüística es el pilar en el que se basa el conflicto territorial, y lo que estamos viendo en comunidades como la valenciana, Baleares o País Vasco es una especie de copia del modelo catalán», añadió, antes de reclamar como antídoto una ley estatal que blinde el derecho a formarse con el castellano como lengua vehicular.
Morro recordó que el primer sistema ideado por el Botánico puedo frenarse en los tribunales, a diferencia de lo que ha sucedido con la ley actual, que promueve que el español se limite al mínimo legal. También defendió que la penetración de estas políticas es mucho menor en la enseñanza concertada, «que presta un gran servicio y no transige con lo que plantean las administraciones ni con modelos importados». Por su parte Girauta mostró su escepticismo sobre una posible solución a la situación lingüística en Cataluña -«su escuela da miedo a todo el mundo»-, afeó a los dos grandes partidos su inacción y también criticó la falta de respuesta de buena parte de la sociedad civil. «La mayoría no se quiere defender y el PP y el PSOE no harán nada, así que soy absolutamente pesimista. Cuando un país quiere desaparecer ya no tiene remedio», dijo.
