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Momento del desalojo de este viernes en la alquería del Forn de la Barraca.

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Momento del desalojo de este viernes en la alquería del Forn de la Barraca. Damián Torres

Mucho activista, poco agricultor

Cuatro detenidos por proteger una alquería afectada por las obras de la V-21

Isabel Domingo

Valencia

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Viernes, 27 de septiembre 2019, 07:27

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La Guardia Civil puso ayer final a la acampada de una decena de activistas en el Forn de Barraca, la alquería entre Valencia y Alboraya afectada por la ampliación de la V-21 y que se había convertido en el símbolo de las protestas contra el proyecto del Ministerio de Fomento en los últimas meses. También en el 'boomerang' que volvía a Les Corts esta misma semana para protagonizar un nuevo enfrentamiento entre Podemos, Compromís y PSPV (socios en el Botánico 2) a cuenta de una nueva petición de paralización de las obras, iniciadas hace ahora un año.

La demolición de esta alquería, que data de 1906, se paralizó la semana pasada (en concreto, el día 18) porque un grupo de vecinos y activistas de colectivos ecologistas como Per l'Horta -no se vio a ningún agricultor- acamparon a título particular junto al inmueble para impedir el acceso de los operarios de la empresa encargada de la demolición.

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Tras un primer intento de desalojo por parte de la Guardia Civil, la actuación se paralizó, lo que dio pie a convertir el lugar en camino de peregrinación para los activistas y en icono de la defensa de la huerta y la lucha contra el cambio climático. Así han transcurrido diez días en los que el Forn de Barraca ha sido escenario de conciertos, talleres de camisetas o desobediencia civil y proyecciones de documentales. También de mensajes de apoyo en redes de entidades como Entre Barris, Cuidem Benimaclet, Podemos, Compromís, Joventuts de Esquerra Republicana o Arran Valencia.

Intervención con helicóptero

Hasta ayer. Porque a las 06.30 horas la Guardia Civil desplegó un amplio dispositivo (incluido un helicóptero que llamó la atención de los conductores que circulaban a esa hora) para proceder al desalojo de los ocupantes de la alquería, propiedad el Estado tras la expropiación. Hasta entonces, había estado en manos de la familia Barraca (abastecían de pan a Alboraya hasta la década de los 70) y de Lluis Fontelles, miembro de Per l'Horta y candidato por la coalición Compromís de Alboraya en las elecciones de 2007 y 2011.

La intervención de los agentes circuló a gran velocidad por redes sociales, lo que provocó que acudieran a la zona numerosas personas a pesar del dispositivo de seguridad. Se escucharon entonces gritos de 'L'horta viva, no terra morta'. Ya en la alquería, la Guardia Civil detuvo a cuatro personas por resistencia a la autoridad, que quedaron en libertad con cargos horas después.

Diferentes momentos del desalojo. Damián Torres / Per l'Horta
Imagen principal - Diferentes momentos del desalojo.
Imagen secundaria 1 - Diferentes momentos del desalojo.
Imagen secundaria 2 - Diferentes momentos del desalojo.

Dos de ellas se habían encaramado al tejado para impedir que las máquinas realizaran la demolición, por lo que tuvieron que intervenir los bomberos y guardias con atuendo de montañismo. Las otras dos fueron arrestadas por propinar una patada a uno de los agentes y por encadenarse a uno de los balcones.

Al mediodía el Forn de Barraca quedó reducido a escombros, como ya sucedió a comienzos de semana con la alquería Bayarri, junto a la Univesitat Politècnica.

Reacciones entre la «dialéctica preelectoral» y la «irracionalidad»

Los escombros del Forn de Barraca generaron ayer un aluvión de declaraciones y reproches. Así, el grupo de Compromís en Les Corts calificaba la actuación como «la constatación de la irracionalidad» y aprovechaba para arremeter contra el futuro trazado del AVE. El alcalde de Valencia, Joan Ribó reiteró que la actuación «no era necesaria».

Mientras, Unides Podem anunciaba que estudiará si la actuación de la Guardia Civil se ajustó a Derecho. Sobre esto, el Delegado del Gobierno en la Comunitat, Juan Carlos Fulgencio, lamentó que se utilice el desalojo con «dialéctica preelectoral» y recordó que el inmueble es propiedad estatal desde el 16 de julio y que la vivienda no cumplía con las condiciones de habitabilidad y accesibilidad requeridas.

La plataforma Per l'Horta denunció la «actuación desproporcionada» y resaltó la contradicción de actuar el mismo día de la huelga por el cambio climático.

La vicepresidenta del Consell Mónica Oltra, señaló que la Generalitat «no tenía conocimiento» de la demolición y que el Consell trata de ejercer de mediador con Fomento para reducir la afección.

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