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El Gobierno central otorgará una concesión de 30 años al Ayuntamiento de Valencia para que pueda gestionar el Casal d'Esplai afectado por el nuevo deslinde proyectado por Costas en las playas de El Saler ... . Además, la licencia del albergue, que actualmente es propiedad de la Concejalía de Familia, Juventud e Infancia y que pasará a ser de titularidad estatal de confirmarse el cambio de dominio marítimo-terrestre, contempla una posibilidad de prórroga de otras tres décadas más para su explotación por parte del Consistorio.
Tal y como ha informado LAS PROVINCIAS a lo largo de la última semana, la modificación de las demarcaciones en los arenales del sur de Valencia no afectaría en ningún caso a viviendas, urbanizaciones o restaurantes, pero sí lo haría, y de pleno, al Casal d'Esplai y el parador de turismo. Por ello, el Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) accederá a las intenciones del Ayuntamiento en las que, escudándose en la normativa vigente, «tendría derecho a solicitar una concesión gratuita sobre los mismos» y, en el caso concreto del albergue, «estudiaría pedir la concesión gratuita sobre el mismo».
El departamento ministerial dirigido por la vicepresidenta tercera Sara Aagesen alega que Valencia tendría derecho a solicitar una concesión por un plazo de 30 años más otros 30 prorrogables desde la aprobación del deslinde con el objetivo de gestionar el Casal d'Esplai al estar afectado el régimen transitorio de la legislación de costas.
El Miteco también recuerda que la delimitación provisional del dominio público marítimo-terrestre que ha salido a la luz es un borrador, es decir, «puede variar a lo largo del procedimiento de deslinde». Por tanto, emplaza a que se apruebe de manera definitiva el cambio de demarcaciones que, cabe recordar, se encuentra en periodo de exposición pública y presentación de alegaciones hasta el próximo viernes 28 de marzo.
Desde el área encabezada por la vicepresidenta Aagesen también destacan que «no es objeto del procedimiento de deslinde el establecer la situación jurídica de los bienes afectados por el mismo». Además, explican que el cambio de límites del dominio público marítimo-terrestre (DPMT) consiste en identificar qué terrenos reúnen las características descritas para el DPMT en la Ley de Costas conforme a los artículos 3, 4, 5 y 6, estableciendo de esta forma el límite que los separa de la propiedad privada. «El estudio detallado de la situación jurídica en el que quedan los inmuebles afectados por un deslinde se realiza tras su aprobación por OM (Orden Ministerial), con la versión definitiva de la delimitación del DPMT», concluyen.
El expediente al que ha tenido acceso este periódico pretende correr la línea de demarcaciones 5.000 metros desde la gola de Pujol hasta la de El Perellonet, distancia que supone la mitad del monte de El Saler, junto a otros dos intervalos de 205 y 406 metros en el arenal de la Garrofera. Además, con estas modificaciones el Gobierno aumentará su dominio sobre el canal de Pujol hasta la mitad del mismo. A lo largo del informe se explica que en aquellas zonas donde la superficie forestal sea menor al 75% de la cobertura serían susceptibles de entrar en el deslinde así como una distancia de protección adicional de 100 metros.
Pese a no haberse consumado el deslinde, la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas ya ha amenazado con presentar una denuncia en Bruselas para investigar el uso que ha hecho el Miteco de casi 30 millones de fondos europeos para regenerar la arena de las playas del sur de Valencia o si se han empleado para la «confiscación» de propiedades privadas y públicas.
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