El futuro de la investigación de la dana, en manos de la Audiencia

Son las dos primeras imputaciones. La exconsellera de Emergencias Salomé Pradas y su número 2 han recurrido su citación como investigados. La decisión a su recurso se conocerá pese a que ambos han declarado ya. La imputación de Pradas deriva como la responsable del mando único de la emergencia, según la jueza. La Fiscalía ha apoyado esta tesis. Sin embargo, discrepa en el caso de Argüeso. Teme que la decisión se haya adoptado por el hecho de ocupar un cargo, pero sin analizar si su conducta influyó en el devenir de los acontecimientos. Se trata de la primera fisura entre la magistrada y el equipo de fiscales destinados a este asunto.

Pilar Bernabé declaró esta semana como testigo. Su testimonio apuntó hacia la pasividad de la consellera Pradas, pero coincidió con ella en una circunstancia que puede ser clave: nadie alertó del peligro en el barranco del Poyo. Fue ella quien lo planteó a las 19 horas porque le llamó la alcaldesa de Paiporta. Sin embargo, no fue una cuestión a debatir sino una mera alerta. Además, confirmó que no recibió una alerta por parte de la CHJ ni de su presidente, Miguel Polo, que participaba en la reunión de forma telemática. Algunas acusaciones han pedido su imputación. Parece poco probable.

El presidente de la CHJ se mantiene en el foco de la polémica. Su desaparición mediática resulta relevante aunque es despreciable desde el punto de vista judicial. La Generalitat sostiene el apagón informativo que se produjo sobre el barranco. Fueron dos horas de silencio. La CHJ asegura que envió los datos a través del SAIH. Esto equivale a que en un grupo reunido para debatir de un asunto se aporte una idea capital en un grupo de WhatsApp en vez de hacerlo de manera presencial e inmediata. Han pedido su declaración como investigado y también como testigo. La Audiencia, sin duda, deberá pronunciarse en el medio plazo. Cualquier corrección a la jueza indudablemente tendría también una lectura política. Daría aire a un Consell en horas bajas con un presidente que sobrevive en el alambre.

Emilio Argüeso ha abierto la veda. Pese a ser una de las defensas ha solicitado la imputación del que fuera jefe de los bomberos, José Miguel Basset y de Inmaculada Piles, jefa del servicio de coordinación de Emergencias 112, entre otros. La juez no ha resuelto aún. Pero cualquiera de las posibilidades anticipa un recurso a la Audiencia. Otro de los personajes clave en la causa es Jorge Suárez, el subdirector de Emergencias. Es el funcionario de mayor rango en la gestión de la emergencia. De hecho, ha firmado buena parte de los informes que la Generalitat ha enviado al juzgado. Su citación, independientemente de su condición procesal, se da por hecha.

La Abogacía de la Generalitat ha tratado de personarse en la causa como responsable civil. La jueza, de momento, lo ha rechazado porque no es el momento procesal oportuno. Sería un asunto a abordar casi ya en el final de la instrucción. La cuestión terminará en la Audiencia. Numerosas acusaciones populares han anunciado que se opondrán porque consideran que la acción responde a una maniobra del Consell por conocer las pesquisas. Otro asunto que puede resultar conflictivo es una eventual unificación de las acusaciones populares, una posibilidad que la jueza, de momento, no ha abordado. ¿Y quién sería la que asumiría la dirección letrada? Parece que Podemos fue la primera en abonar la fianza.

Al menos una asociación de víctimas ha recurrido a la Audiencia para que se amplíen los delitos que se investigan hasta el momento. La jueza ha acotado la investigación a los homicidios imprudentes en la modalidad de comisión por omisión. Resulta extremadamente complicado imputar un delito de estas características. El TSJ, por ejemplo, ya lo expuso en el auto en el que rechazó la investigación directa al presidente Mazón. Una de las organizaciones de afectados insiste en la prevaricación omisiva y en la omisión del deber de socorro.