Frente común de colegios y familias por la «deriva de amenazas» a la libertad educativa

Presentación de la campaña Yo Elijo, en un acto al que asistió el cardenal Cañizares./i. marsilla
Presentación de la campaña Yo Elijo, en un acto al que asistió el cardenal Cañizares. / i. marsilla

El Arzobispado, más de 700 colegios y 150.000 familias inician una campaña de información y recogida de firmas

Juan Sanchis
JUAN SANCHISValencia

En defensa de la libertad de educación. Este es el leit motiv que ha llevado a un amplio sector de la sociedad valenciana a movilizarse. Consideran que está en peligro un derecho reconocido tanto por la Declaración de Derechos del Hombre como por la Constitución Española, además de haber sido avalado en numerosas ocasiones por sentencias de los tribunales ordinarios de justicia.

Por ello, y ante «la deriva de la política autonómica y estatal en educación», familias, profesores, colegios, Iglesia y universidades valencianas han decidido poner manos a la obra para defender este derecho. La campaña '#yoelijo' lleva por lema 'Sin educación en libertad, no hay democracia' e invita al mayor número de ciudadanos a respaldar el manifiesto firmado el pasado mes de octubre.

El documento está firmado por el Arzobispado y obispados valencianos, la Universidad Católica y la Cardenal Herrera-CEU, Feceval, Escuelas Católicas y la Federación de Padres Católicos y, según sus promotores, obedece a la situación de «emergencia educativa» que se vive en la Comunitat y el resto del Estado español por las «amenazas» que se ciernen sobre este derecho. En este sentido, apuntaron que el año pasado la Conselleria de Educación fue la que más quejas recibió en la Sindicatura de Greuges, multiplicó por tres sus reclamaciones, y casi el 80% (5.150 de 6.600) estuvieron motivadas por la pérdida de conciertos.

Claves de la campaña Yo Elijo

Campaña.
Se desarrollará en redes sociales y con actividades presenciales en los 730 centros que apoyan la iniciativa.
Manifiesto.
Se promoverá la firma del manifiesto que defiende la libertad de educación presentado en octubre.
Web.
Los participantes podrán respaldar la campaña y conocer sus objetivos y argumentos en www.yoelijoeducacion.com.

Entre las principales reivindicaciones del manifiesto se encuentran «la garantía de la enseñanza religiosa escolar, de oferta obligatoria para los centros y voluntaria para los alumnos; el reconocimiento del ejercicio de las libertades de enseñanza, de creación de centros docentes y de educar a los hijos conforme a las propias convicciones, que deberá asegurarse a través de los conciertos educativos o mediante otro tipo de ayudas a los centros docentes y la obligación de que los poderes públicos promuevan las condiciones para que la libertad de enseñanza y la igualdad en materia educativa sean reales y efectivas, y remuevan los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud».

El acto de presentación de la campaña, que aúna a 730 colegios y más de 150.000 familias de la Comunitat Valenciana, se celebró en la Facultad de Teología y contó con la presencia del cardenal Antonio Cañizares, de los firmantes del manifiesto y de directores y profesores de numerosos centros educativos. Fue moderado por el director de cine Juan Manuel Cotelo.

Redes sociales

La campaña diseña una actuación en las redes sociales. Para ello se anima a los participantes a compartir fotografías levantando la mano con el dedo índice, y con la etiqueta #yoelijo. Para ellos estará disponible la web www.yoelijoeducacion.com y en ella se podrá firmar el manifiesto.

También tendrá una vertiente offline, que consistirá en la realización de un recorrido por los distintos colegios, para que los padres puedan conocer el manifiesto y compartir fotos si lo desean, además de recogidas de firmas. Los organizadores ofrecen información como el informe de la Sindicatura de Comptes en el que se que estima que el coste por alumno en un centro concertado es de 2.716 euros, en el público esta cantidad ascendía a 4.055 euros (un 49,3% más). Los organizadores pretenden también llegar a los jóvenes, aunque ya hayan acabado su etapa formativa, para que sean conscientes de que quizá ya no puedan elegir el modelo que quieran para sus hijos.

Más sobre la campaña

El portavoz de la campaña, Vicente Morro, instó a dar «un paso al frente» para que las reivindicaciones de esta iniciativa «se hagan carne en la sociedad». Morro destacó el papel de la familia «como primer y principal agente educador» y resaltó que con la campaña se busca el «reconocimiento real y efectivo del derecho de los padres a educar a sus hijos en valores morales y religiosos». Además, indicó que reclaman «el ejercicio de un derecho constitucional» y no «manías ni privilegios».

El cardenal Antonio Cañizares se mostró especialmente contundente. «Defendemos la libertad, no queremos ser esclavos como en Venezuela. Queremos ser libres, enteramente libres, y por eso esta campaña», dijo. Argumentó que la Iglesia tiene que estar presente en esta campaña «para defender las libertades básicas», dado que «no es el Estado, la que concede como gracia esa libertad a los padres». También defendió el derecho a la educación religiosa como parte integrante de este principio recogido por el artículo 27 de la Constitución.

En su intervención advirtió que «la amenaza más grande que en estos momentos tiene la humanidad es precisamente la amenaza de la ley de género, de la enseñanza de género y de la ideología de género» que «conduce al deterioro de nuestra humanidad» e instó a no quedarse «parado ante esto». Así, calificó a estas leyes, en referencia a la ley de protección del colectivo LGTBI aprobadas por Les Corts, de «liberticida, de corte estalinista, que impone dictatorialmente la ideología de género en todos los niveles de educación y que penaliza claramente las instituciones escolares de diversos niveles de curso, a los padres, a las familias, etcétera».

Marzà acumula ya más de 40sentencias en contra de su política

La legislatura ha estado marcada para la Conselleria de Educación por las acciones judiciales. Muchas de las medidas promovidas por el departamento de Vicent Marzà han sido llevadas ante los tribunales. Desde el decreto de plurilingüismo hasta el recorte de conciertos, pasando por la exclusión del alumnado de las universidades privadas de las prácticas en centros públicos o por la reducción extraordinaria del número de alumnos por aula han sido cuestionadas.

«Por mucho repetir una mentira no seacaba convirtiendo en realidad», afirma el conseller en respuesta a la nueva iniciativa

En los últimos tres años y medio se han publicado más de 40 sentencias contra las políticas adoptadas por la Conselleria de Educación y cuestionando sus decisiones. La mayor parte (29) se refieren a recortes sobre aulas concertadas. El decreto de plurilingüismo acumula otra cinco resoluciones.

Los organizadores de la campaña consideran que su actuación ha ido en contra de la libertad de educación, una postura que no comparte el conseller. El martes Marzà, tras la presentación de #yoelijo, aseguró que la libertad de elección de los centros educativos «está garantizada desde que está este Gobierno» en la Generalitat porque «anteriormente no se garantizaba», y ahora «empieza a haber igualdad de condiciones» real.

El conseller aseguró que le parece «curioso» que este tipo de campañas «no existieran antes», cuando los centros educativos «eran los que elegían qué familias querían tener y cuales no», con medidas como los puntos adicionales a la hora de la matrícula y que «hacían que hubieran determinados centros que solo tuvieran un tipo de población». Recordó que «esto ya no pasa», y ahora «son las familias las que eligen» hasta diez centros, «en las mismas condiciones de igualdad de oportunidades».

La libertad de elección, insistió el conseller, está en estos momentos «más que garantizada» y advirtió de que «por mucho repetir una mentira no se acaba convirtiendo en una verdad».

Marzà aseguró que «la mejor manera de poder ejercer la libertad es tener igualdad de oportunidades, y esto comienza a pasar ahora, comienza a haber igualdad de oportunidades entre los niños y niñas que vienen de diferentes familias, de diferentes contextos socioeducativos, que no tienen el mismo poder adquisitivo y en cambio pueden tener los mismos servicios públicos», destacó.