La patronal acusa a la Generalitat de «expulsar a las VTC de Valencia» y destruir 500 empleos

En un comunicado, señalan que la decisión de llevar adelante ese decreto, «copiado del catalán» y que «podría incurrir en inconstitucionalidad, al ir contra el artículo 38 de la Constitución sobre la libertad de empresa, como apuntó recientemente el Consell de Garanties Estatutàries de Cataluña», en la práctica, «supondrá la desaparición del sector de la VTC en Valencia».

Desde Unauto VTC advierten de que «el blindaje del monopolio del taxi costará a los valencianos 166 millones de euros en concepto de indemnización», además de la desaparición de medio millar de puestos de trabajo en el sector.

Según su presidente regional, Ricardo González, «la presión del taxi ha vuelto a funcionar y, siguiendo el ejemplo catalán, el Consell ha regulado en contra de la creación de empleo y de la libertad de elección del ciudadano». Además, critica que «lo ha hecho sin escuchar al sector que estaba regulando, a las autoridades de competencia valenciana y a una mayoría de la población».

Al respecto, lamenta que «no haya consultado con el sector un texto normativo que regula su actividad, que no haya respetado el periodo de alegaciones de su propia consulta pública y que apruebe el texto con las elecciones convocadas, aduciendo una falsa urgencia para aprobar un decreto desde la Diputación Permanente».

El presidente de Unauto Valencia indica que el plazo transitorio de dos meses para aplicar la precontratación de 15 minutos «no es más que posponer el problema, pero por lo menos permitirá al sector seguir operando durante este tiempo mientras que los conductores y conductoras de la VTC en Valencia tengan algo de margen para buscar un nuevo trabajo».

Además, desde la patronal mantienen que «las regulaciones a medida del taxi están generando el rechazo mayoritario de los españoles, que ven limitada su libertad de elegir cómo moverse por sus ciudades». Según una encuesta realizada por Metroscopia que dieron a conocer ayer, el 74% de los españoles «ve de forma muy negativa que se esté negando el derecho de los ciudadanos a elegir cómo moverse por sus ciudades».

De acuerdo con los resultados difundidos por Unauto, un 77% de los ciudadanos valora negativamente la regulación aprobada en Cataluña, muy similar a la valenciana, mientras que un 64% está «de acuerdo con la decisión de la Comunidad de Madrid de no acceder a las demandas del sector del taxi».