Economía vendió terreno al dueño del polvorín de Utiel para tratar el plástico

Montañas de fardos de plástico en las instalaciones de Utiel Recicla. /Jesús Signes
Montañas de fardos de plástico en las instalaciones de Utiel Recicla. / Jesús Signes

El Ivace adjudicó 11.000 metros a la empresa Marobami, que quería hacer negocio con las 43.000 toneladas de residuos ilegales

Héctor Esteban
HÉCTOR ESTEBANValencia

Los propietarios de Utiel Recicla, la empresa que acumula más de 40.000 toneladas de manera ilegal, tenían un plan para regularizar y hacer negocio con las montañas de fardos de residuos que tenían acumulados en varias parcelas. El pasado verano, a través del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace), adquirieron 10.906 metros cuadrados de suelo industrial en el Parque Empresarial Nuevo Tollo de Utiel. La inversión prevista era de 592.875 euros y se iban a crear cinco puestos de trabajo.

La entidad, dependiente de la conselleria de Economía, adjudicó las parcelas a la empresa Marobami S. L., que tiene como administradores únicos desde septiembre de 2017 a Jesús Gimeno Nácher y Miguel López Gómez. El primero es el administrador único de Utiel Recicla y ambos están al frente también de Taca Verd, que es la propietaria de una de las ocho parcelas donde se ubica el polvorín de plástico en Utiel.

La adjudicación por parte del Ivace, que promueve y gestiona este suelo industrial, se cerró a finales del pasado mes de agosto, nueve meses después de que el Seprona de la Guardia Civil elaborara y remitiera un informe sobre las irregularidades que se estaban cometiendo en la planta y alertara de que Utiel Recicla, la empresa asociada a la firma que iba a invertir en el Nuevo Tollo, no tenía licencia para hacer acopio de miles de fardos de plástico que ya no se podía reciclar. En ese mismo informe de la Guardia Civil, el propietario de la empresa ya reconocía que iba a ser imposible poner en marcha el negocio para transformar mediante pirólisis el plástico almacenado.

La venta de las parcelas se anunció después del expediente de cierre a Utiel Recicla

Medio año antes de la adjudicación por parte del Ivace de los terrenos a la firma Marobami, la Conselleria de Medio Ambiente comunicó a Utiel Recicla que también caducaba su permiso para almacenar residuos de construcción. En junio de 2018, tras varios informes policiales y un dictamen demoledor de la técnico de Urbanismo de Utiel, el Ayuntamiento aprobaba en pleno la clausura de la actividad y exigió un plan de retirada de las toneladas de residuos.

A pesar de todos los documentos que alertaban de la ilegalidad de la actividad de Utiel Recicla, que hizo caso omiso al requerimiento municipal de clausura de la actividad, el Ivace adjudicó la venta de las dos parcelas a Marobami, que no tenía otra misión que regularizar todo el plástico almacenado de manera ilegal y con el que pretendía hacer negocio. El conseller de Economía, Rafael Climent, incluso valoró la operación cerrada por el Ivace con Marobami: «Permitirá seguir reactivando la economía de Utiel y de la comarca, y contribuirá además a consolidar la reindustrialización del territorio valenciano».

El PP reclama el expediente para llevarlo a tribunales

La diputada del grupo popular Elisa Díaz va a reclamar a la Conselleria de Medio Ambiente el expediente abierto a la empresa Utiel Recicla para derivarlo a los tribunales. «Aquí el problema es que no se ha hecho nada. Se sabe desde noviembre que eso existe, que hay informes de la Guardia Civil, de la Policía Local de Utiel, y nadie del Ayuntamiento y de la conselleria de Medio Ambiente se han movido para atajar el problema. Y eso que este Consell dice que es el gran defensor del medio ambiente», señaló la parlamentaria del grupo popular.

«Me sorprende que ningún grupo de Les Corts haya movido ficha para reclamar la documentación, sólo nosotros. Me han dicho que hay un expediente abierto pero si es como el de Sollana lo único que se habrá hecho es requerir a los propietarios que retiren los residuos», apuntó la diputada, que considera que la administración es responsable de la situación «desde el minuto uno que se entera que eso está en esas condiciones».

El PP va a estudiar el expediente para llevarlo a los tribunales «porque además del delito medio ambiental por parte del que lo está cometiendo creo que hay prevaricación por parte de la administración porque no se ha hecho nada. Creo que hay indicios para llevar este asunto a los tribunales. A ver lo que tardan en darnos los documentos».

El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Utiel ha solicitado también la celebración de un pleno extraordinario para abordar la crisis abierta en el municipio por una planta que acumula miles de toneladas de plástico y que significa una amenaza para la población en caso de incendio.

El Ivace, en la nota de prensa que remitió en agosto, destacó que la actividad de la empresa se enmarcaba «en la economía social, ya que está centrada en el reciclaje de productos plásticos, y también en la economía circular porque pone en valor y retorno los productos plásticos que hasta ahora se dirigían a los vertederos». El instituto dependiente de la conselleria de Economía quizá no había rastreado el origen de los plásticos que iban a ser tratados por Marobami.

«Permitirá reactivar la economía del municipio y de la comarca», señaló el conseller Climent

El administrador único de esta firma y responsable de Utiel Recicla declaró a la Guardia Civil que la intención era tratar las más de 40.000 toneladas almacenadas sin licencia en una planta del polígono industrial El Melero de Utiel mediante pirólisis, un proceso térmico para degradar las sustancias. Al no poderse realizar en esta ubicación, se buscó la alternativa del Nuevo Tollo a través del suelo del Ivace. Las obras comenzaron pero en este momento están paralizadas después de que el Ayuntamiento de Utiel detectara una serie de irregularidades en la construcción de las naves. El caso de Utiel Recicla, que ha provocado una alarma importante en el municipio, ha generado nerviosismo en el equipo de gobierno, que tardó siete meses en pedir el cierre de la empresa de reciclaje.

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