Utiel tardó siete meses en ordenar el cierre del polvorín de residuos plásticos

La empresa es ahora mismo un riesgo para la salud de la población y para el medio ambiente en caso de incendio. En ese informe, la Guardia Civil ya alertó de que la planta no contaba con licencia para almacenar plástico -sólo la había solicitado- aunque el gerente de la empresa reconoció que llevaba un año acumulando fardos de este residuo. El Seprona detectó otras irregularidades como la inexistencia de un cierre perimetral efectivo, por lo que el acceso no estaba restringido. Los agentes sospecharon además que la cantidad almacenada superaría la autorizada para residuos de demolición. La Guardia Civil exigió en su informe que se pusieran en marcha lo antes posible las medidas necesarias para retirar los residuos: «Se insta tanto a los técnicos del Ayuntamiento de Utiel como de la conselleria competente (Medio Ambiente) a que realicen inspección in situ y comprueben las condiciones de almacenamiento y que a la mayor brevedad posible se impongan las medidas correctoras»

El informe de la Guardia Civil llegó al Ayuntamiento de Utiel y no hubo reacción hasta que un ciudadano presentó una queja en el buzón municipal el 19 de enero. Una semana después, un agente de la Policía Local se acercó a la instalación de Utiel Recicla y constató que había una gran cantidad de plástico prensado

Un mes y medio después -el 5 de marzo- otro agente inspeccionó la zona y verificó que la superficie con residuos de plástico había aumentado y que la idea era hacer acopio de más fardos. Un día después, la conselleria declaró la caducidad de la licencia ambiental de la empresa para residuos de construcción y demolición. Una decisión que se comunicó al Ayuntamiento de Utiel.

El departamento de Urbanismo del Consistorio inspeccionó el almacén el 11 de abril -cinco meses después del informe de la Guardia Civil- y el 5 de junio se emitió un informe por parte de la técnico municipal en el que ponía de manifiesto las irregularidades. En abril de 2017 había 2.800 toneladas almacenadas y un año después -el 9 de mayo de 2018- sobrepasaban las 43.000. El 14 de junio, el pleno del Ayuntamiento de Utiel reconoció que existía un informe de la Guardia Civil, dio cuenta de las actuaciones realizadas y propuso que se clausurara la actividad de almacenamiento de plástico. Además, impuso una multa de 60.000 euros por sanción muy grave. La empresa hizo caso omiso del acuerdo adoptado por el pleno y el Ayuntamiento de Utiel se vio obligado a precintar la instalación el 23 de octubre pasado.

Nadie sabe o nadie quiere saber de dónde procede el plástico que almacena Utiel Recicla. Este periódico se puso en contacto con el administrador de la empresa y sólo obtuvo una respuesta: «Vale, hasta luego». La firma acumulaba pérdidas pero en 2017, coincidiendo con el inicio de la actividad del acopio de plásticos, cerró con un resultado positivo neto de 176.208 euros. La Guardia Civil, además, solicitó los datos de las empresas que figuran en el registro tanto en las entradas como en las salidas de plástico. Una información que por ahora ni la empresa ni las administraciones involucradas en la solución del problema se han atrevido a hacer pública.

El propietario de la mayoría de las parcelas es un empresario de Albaida, que no ha querido ponerse al teléfono. El alcalde de Utiel, Fernando Benlliure, tampoco se quiere pronunciar pese a la insistencia de este periódico. El director general de Calidad Ambiental de la Generalitat, Joan Piquer, sí que apuntó hace unos días que están trabajando para solucionar el tema y desde entonces su entorno asegura que continúan con el plan para acabar con el problema del plástico. Además, el Consorcio Valencia Interior, que gestiona el plan de residuos de 61 municipios agrupados en varias comarcas, defiende que el órgano no tiene nada que ver con Utiel Recicla. La realidad es que nadie dice desde dónde llegan los fardos de plástico. Al estar paletizados, la conclusión es que proceden de plantas de valorización. El administrador de Utiel Recicla señaló a la Guardia Civil en octubre de 2017 que la intención era procesar las miles de toneladas de plástico «mediante el proceso de pirólisis» -degradación térmica de una sustancia en ausencia de oxígeno-. Un proceso que se debía realizar en el polígono El Melero pero que no se ha podido poner en marcha.