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Mireia Mollà durante la rueda de prensa de este martes. D. Torres
Burros Desert de Les Palmes, Castellón | Dimite el director general de medio natural por la muerte de los burros del Desert de Les Palmes

La muerte de los diez burros provoca la dimisión del director del Medio Natural

La consellera decide seguir en su cargo pese a admitir que hubo negligencias y abre expediente al jefe del parque

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Martes, 26 de octubre 2021, 12:28

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La crisis de los burros de Castellón ya tiene consecuencias políticas. La consellera de Agricultura, Mireia Mollà (Compromís), admitió este martes que su conselleria ha fallado escandalosamente, pero ella se cubre las espaldas tras la dimisión del director general del Medio Natural, Benjamín Pérez, y la apertura de un expediente al director del parque natural del Desert de les Palmes, Toni García. Quieren aclarar por qué no actuó con mayor celeridad a la hora de denunciar o informar de que los burros estaban muriendo, casi desde el momento mismo de su introducción en agosto, en un plan autonómico de prevención de incendios.

Mollà se mostró indignada con la actuación de sus subordinados en el control de los burros y la reacción al problema. Entre ellos citó al director del parque natural, a una jefa de servicio y al ya dimitido director general. Pero, a preguntas de LAS PROVINCIAS, asegura que no cesa en su cargo, como reclama el PP. «Yo he actuado con toda rapidez y diligencia cuando recibí la información de lo que estaba sucediendo». Y no se enteró por sus subordinados, sino porque «una persona puso un tuit donde se veía un animal desnutrido» en la zona, aunque no formaba parte del proyecto de prevención.

En cuanto a las causas de la muerte de los animales, Mollà aseguró que se deben a «múltiples factores» y la investigación aún no ha terminado. Faltan unos resultados toxicológicos de muestras enviadas a Murcia y que aclararán si los animales fueron envenenados. También se ha detectado una «muy posible mano del hombre» con el corte del cercado o pastor eléctrico que delimitaba la zona de pasto. Además, se apreció en los animales «una dispersión, síntomas de estrés, pérdida de peso por esa situación, cierta toxicidad en la vegetación que comían y mordeduras de jabalíes o perros podencos».

Con todo, la conselleria ha denunciado los hechos, al fin, a la Guardia Civil. Y ahora se abrirá una investigación policial. Mollà se queda en su butaca pública a pesar de admitir: «Estos animales no estuvieron en el lugar adecuado, ni en el momento adecuado ni bajo la tutela adecuada». Es «un fallo de todos, no se actuó a tiempo ni se evaluó adecuadamente si los burros podían hacer ganadería extensiva en un lugar en el que no tenían costumbre».

Su relato se basó en echar culpas en una sola dirección: desde su cúpula hacia abajo. Como ya ha trascendido, tras el acuerdo entre ganadero y conselleria, la labor preventiva de los burros en parcelas del entorno natural comenzó el 4 de agosto.

Dos meses de inacción

Y hasta el 22 de septiembre, casi dos meses después, «no hay ninguna comunicación» a superiores de la conselleria por parte del director del parque. A pesar de que ya había indicios de daños en el acotado y de que habían muerto ocho burros. Eso es lo que manifestó en esa fecha García a una jefa de servicio de la dirección general. «Dijo que el ganadero ha visto jabalíes corriendo detrás de los burros, que alguien ha cortado el pastor eléctrico...». Pero «ni llamada a los veterinarios, ni denuncia a la autoridad». La jefa de servicio, además, «no dio traslado a ningún órgano superior», lamentó la consellera.

Poco después, el 8 de octubre, García, «comunicó a la jefa de servicio y al director del Medio Natural» que abortaba la experiencia en las fincas autorizadas y elevó la cifra de burros muertos a «entre diez y once». Benjamín Pérez «tampoco trasladó el problema» a esferas superiores. De nuevo Mollà apeló a lo de 'a mí nadie me dijo nada' para escudarse. Seis días después, el 13 de octubre, el gabinete de la consellera descubrió que en la zona había burros en apuros por la publicación del tuit particular que etiquetaba a la Generalitat, según su versión.

Para Mollà hubo «fallos graves» de comunicación entre los implicados y la superioridad autonómica, además de «falta de diligencia» en la vigilancia y cautela del proyecto autonómico. Una de las conclusiones de la investigación interna es que la fauna salvaje pudo atacar a los burros porque estaban dispersos tras los referidos cortes.

La conselleria sumó otro elemento de misterio en el asunto: dos días antes de llegar los burros antiincendios al paraje, otro ganadero de équidos de la zona denunció a la Guardia Civil amenazas de muerte a sus animales. A sólo un kilómetro. El autor de esas amenazas escritas se quejaba, entre otras cosas, de molestias por rebuznos y cencerros.

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