Los deslindes de Costas afectan ya a cerca de 30 municipios valencianos

Cerca de una treintena de municipios de la costa valenciana hasta el momento se han visto afectados por la política de deslindes acometida por los servicios provinciales de Costas y el Gobierno central. Muchos vecinos de localidades como Guardamar del Segura, Dénia, Puçol, Tavernes de la Valldigna, Bellreguard, Moncofa, Nules o Almenara, Xilxes, Daimús o Miramar, entre otros, han visto como la línea de litoral se corría hacia el interior dejando a sus propiedades fuera de ordenación. La consecuencia ha sido que estos afectados han perdido los derechos de propiedad sobre sus inmuebles y se han encontrado con una concesión para seguir ocupando la vivienda durante unos años. Y a poco más tienen derecho.

Además, algunos propietarios han visto cómo sus viviendas han sido víctimas de las máquinas de derribos. Los bulldozer ya han actuado contra inmuebles en Puçol, en la provincia de Valencia; en Nules, Moncofa, Xilxes, Almenara y Nules, en la de Castellón y en Guardamar del Segura, en la de Alicante. Y ahora la amenaza de demolición se cierne sobre otra vivienda en la localidad castellonense de Moncofa afectada por el proceso de regresión de la costa y el cambio climático. Costas ha dado a los propietarios hasta el mes de abril para abandonar su propiedad.

La política de deslindes del Ministerio para la Transición Ecológica se mantiene prácticamente sin cambios pese al varapalo del Tribunal Supremo que en una sentencia del pasado 9 de febrero tumbó el nuevo reglamento de la ley de Costas aprobado en 2022 y en el que se basan muchas de las actuaciones emprendidas por el ministerio contra los inmuebles en el litoral.

En cualquier caso, el ministerio ya ha empezado de nuevo la tramitación del reglamento. Desde este departamento alegan que el documento ha sido rechazado por un defecto de forma (la falta de participación pública) y no por el contenido por lo que la nueva tramitación no ha introducido ninguna modificación.

La costa valenciana continúa así en vilo por las acometidas del ministerio. La regresión de la costa es una evidencia. De esta forma, muchas propiedades adquiridas hace decenas de años, con todos los papeles en regla e inscritas en el registro, se encuentran ahora afectadas por estos deslindes.

Los propietarios se encuentran inermes ante la maquinaria burocrática. Compraron sus inmuebles alejados del mar y ahora se encuentran, por la regresión marítima, con el agua casi a las puertas de la casa. En este sentido, los dueños de las viviendas reclaman a la administración más diligencia en la lucha contra el cambio climático que está degradando la costa. «No es culpa mía». Esta es una frase que los afectados repiten insistentemente y miran hacia la administración exigiéndoles más actuaciones de protección del litoral.

Una de la actuaciones más llamativas es el deslinde de Dénia que afecta a 3.600 inmuebles. Más de un centenar de ellos pasarán a dominio público y sus actuales dueños perderán su propiedad. A cambio, el ministerio, en lugar de conceder una compensación económica por la expropiación, les permitirá seguir disfrutando de ellos bajo el régimen de concesión durante 30 años, prorrogables. Por su lado, la Generalitat Valenciana ha presentado alegaciones contra el proyecto de deslinde.

Una acción que se ha repetido en Bellreguard. El proyecto de deslinde provisional previsto para esta localidad de la Safor se publicó en enero. En ese caso, la parte del paseo marítimo que es propiedad municipal entrará dentro el ámbito del dominio público marítimo-terrestre.

El director general de Costas de la Generalitat, Vicente Martínez Mus, ha resaltado el «carácter arbitrario» de estos deslindes donde colocan la línea de del dominio «donde les apetece».

Y es que con el nuevo reglamento basta marcar donde llega el agua en un único temporal para determinar el dominio público marítimo-terrestre. El criterio anterior era el de cinco temporales en un lustro. Los afectados consideran que nos encontramos ante una arbitrariedad de la administración. No en vano el nuevo reglamento de Costas tiene infinidad de recursos presentados y sobre los que Supremo todavía no se ha pronunciado.