El Consell recurre el registro de pisos turísticos del Gobierno por vulnerar competencias autonómicas

Marián Cano ha explicado que el objetivo del recurso judicial contra el Real Decreto 1312/2024 del Gobierno que regula el Registro Único de Arrendamientos y se crea la Ventanilla Única Digital consiste en «evitar el perjuicio al sector turístico de la Comunitat Valenciana, que ya lo está notando por la repercusión dañina y los efectos negativos de su aplicación».

«Estamos a favor de eliminar el alquiler de alojamientos turísticos ilegales, pero consideramos que la norma no tiene las bases jurídicas y técnicas necesarias, como así lo ha ratificado también el dictamen del Consejo de Estado en el expediente 1926/2024», ha argumentado la consellera.

En esta línea, ha remarcado que «desde el Consell estamos absolutamente de acuerdo con el Reglamento de la Unión Europea sobre la recogida y el intercambio de datos relativos a los servicios de alquiler de alojamientos de corta duración y el fin que se persigue, pero absolutamente en desacuerdo con la ejecución que ha diseñado y puesto en marcha el Gobierno central».

«Es importantísimo controlar el alquiler turístico ilegal, pero desde una normativa trabajada con las comunidades autónomas y que resuelva una problemática real», ha apuntado Cano, para quien «esta norma impone duplicidades innecesarias y limita nuestra capacidad de actuación».

La titular de Turisme ha señalado que el pasado 24 de febrero su departamento presentó un requerimiento previo para corregir las disposiciones del decreto que vulneran la legalidad, «pero el Gobierno de Sánchez ha actuado con soberbia, sin ninguna voluntad de diálogo ni coordinación con los territorios».

En este contexto, Cano ha afirmado que desde el Consell quieren impedir que se creen duplicidades con los registros autonómicos ya existentes así como que se respete la competencia regional a la hora de actuar contra ofertas ilegales y ordenar la retirada de anuncios.

«Exigimos al Gobierno una vía real de diálogo para resolver este conflicto competencial, convocando urgentemente a las comunidades autónomas para abordar de forma conjunta la regulación del alquiler turístico», ha concluido la responsable de la política turística del Consell.

La ciudad de Valencia, que se acogió a la competencia de poder inspeccionar y sancionar a los apartamentos turísticos de su término municipal tal y como habilitaba el decreto del Consell aprobado el pasado verano para la gestión de las VUT, contra las viviendas de uso vacacional ilegales con más de mil inmuebles de este tipo cerrados en año y medio. En materia sancionadora, la Policía Local impuso más de 700 multas en los últimos 18 meses frente a las 84 de 2023.

La alcaldesa María José Catalá pidió al Gobierno que pusiera en marcha ventanilla única de registro de apartamentos y consideró que la decisión del Ministerio de Consumo de bloquear la publicidad engañosa sobre apartamentos turísticos ilegales «llega tarde, aunque es positiva».

Además, Catalá solicitó al Ejecutivo que pusiese en marcha también sistemas informáticos que vigilen la publicidad en las plataformas digitales de publicidad sobre apartamentos turísticos ilegales. La primera edil se escudó que, dado que este problema afecta a todas las grandes ciudades españolas, «pedimos que se controle y retire esta publicidad, porque si no la labor inspectora de los ayuntamientos no es eficaz».