El Consell activa su mapa de titulaciones: podrá eliminar carreras universitarias con poca demanda

Así se desprende del nuevo decreto de ordenación de las enseñanzas universitarias, publicado en el Diari Oficial de la Generalitat este lunes y que entrará en vigor en las próximas horas, aunque surtirá efectos prácticos de cara al próximo curso. Se trata de la base normativa con la que la administración valenciana se adapta a la regulación estatal, y de la mano, sienta las bases para determinar el nuevo mapa de titulaciones valenciano. No sólo para la nueva oferta que pueda llegar, sino fijando unos requisitos mínimos a cumplir que serán evaluables y basados en criterios objetivos, a diferencia de la situación actual, para los vigentes. También se detalla el procedimiento que se pone en marcha en caso de no alcanzarlos, que puede llegar a la extinción de la carrera.

En cuanto a la implantación de nuevos grados, el primer paso será presentar un informe sobre su necesidad y viabilidad académica y social. Lo firmará el rector o rectora y deberá dar respuesta a 27 indicadores distintos que servirán para justificar su idoneidad. Lo valorará la Dirección General de Universidades, y si es desfavorable -y el recurso de alzada no prospera- se cerrará la puerta a su implantación. Si es positivo, se podrá iniciar la verificación del plan de estudios, y una vez conseguida, solicitar la autorización definitiva del Consell. Como mínimo se exigirán 50 alumnos de nuevo ingreso, salvo casos considerados estratégicos. Es la barrera que ya regía en el decreto de 2010, la normativa vigente hasta la fecha, mucho menos concreta.

En cuanto a los indicadores, los hay sobre empleabilidad (tasa de afiliación media a uno y cuatro años o porcentaje de alumnos con contratos en el grupo de cotización que corresponde a los universitarios); en relación al equilibrio territorial (plazas existentes en otras localidades o estudiantes que cursan esos estudios y cambian de residencia para hacerlo); sobre su interés académico y calidad (índice de especialización o relación entre plazas ofertadas y de másteres asociados al estudio); sobre coordinación e internacionalización (se valorará que al menos la mitad de créditos se impartan en una lengua extranjera o exista capacidad para captar estudiantes de fuera); vinculados a la adecuación a la demanda social (evolución de las solicitudes de ingreso, sobre todo de primera opción, en estos estudios o afines); a la experiencia y capacidad investigadora (por ejemplo, artículos referenciados al área de conocimiento del título); y a la sostenibilidad económica: se precisará de una memoria que recoja los recursos humanos, cargas docentes, profesorado adicional o infraestructuras necesarias para su puesta en marcha.

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En cuanto a la sostenibilidad de la oferta actual, en caso de no cumplir determinados requisitos de demanda la universidad tendrá que activar un plan de actuación con medidas que sirvan para corregir la situación o reestructurar el plan de estudios o los recursos asignados. Exactamente, lo requerirá la administración si durante dos cursos consecutivos las matrículas reales bajan más de un 25% respecto a las plazas autorizadas, o más del 50% en un único ejercicio.

Por ejemplo, si un grado tiene 50 plazas de nuevo ingreso y durante dos años las matrículas se quedan en 35 y 36 (una caída por encima del 25%). O si en un solo curso se registran 23 o 24 (menos de la mitad). Además, en el caso de las públicas, se considerará insostenible si los ingresos por tasas, las que pagan los alumnos, se alejan demasiado del coste total (siempre que sean inferiores a la media de su nivel de experimentalidad).

Este plan de actuación deberá identificar las medidas necesarias «para garantizar su sostenibilidad», incluyendo «como mínimo acciones ligadas a la captación de nuevos estudiantes, la reestructuración del plan de estudios, el reajuste de recursos y cualesquiera otras cuestiones que la universidad considere relevantes y necesarias». La Agencia Valenciana de Evaluación y Prospectiva (AVAP) será la encargada de valorarlo, y en caso de considerarlo desfavorable se arbitraría el plan de extinción de oficio, siempre garantizando la continuidad de los estudios para los ya matriculados. Eso sí, existe una salvedad importante: que se considere, y así lo acepte la administración, que se trata de estudios con interés estratégico para la institución o la comunidad autónoma.