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La ley de Costas valenciana entrará en vigor en los próximos días una vez que se cumplan los veinte días de plazo desde su ... publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. A partir de ese momento comienza una carrera contrarreloj para intentar frenar, o al menos mitigar, la política de deslindes acometida por el Gobierno central que en lugar de hacer obras para frenar el retroceso de la costa ha optado por ejecutar la acción más dramática para los afectados que pasa por el derribo de viviendas que hasta el momento eran suyas.
Uno de los instrumentos previstos en la nueva ley que busca mitigar los deslindes es la declaración de núcleo etnológico para aquellos enclaves en la costa que cumplan una serie de requisitos como es determinar el especial valor cultural o social de estos parajes que así pueden conseguir esta declaración y evitar las actuaciones del Gobierno central.
En este sentido, Marc García, director general de Costas, Puertos y Aeropuertos de la Generalitat, señala que para implementar esta figura es necesario un desarrollo reglamentario que esperan tener listo a la vuelta del verano. «Estamos a punto de tenerlo todo dispuesto y esperamos que después de las vacaciones se pueda empezar a aplicar», ha expresado García.
La iniciativa para promover esta declaración corre a cargo de los distintos ayuntamientos. Son ellos los que van a tener que impulsar esta figura «porque son ellos los que conocen el territorio». El paso siguiente probablemente será, aunque no está del todo decidido, que tendrán que pedir algún tipo de informe de la Conselleria de Cultura.
Ahora bien, aunque la última palabra la tienen los ayuntamientos, la Generalitat se reserva para casos puntuales la posibilidad de actuar por iniciativa propia. En el caso de Torre la Sal, en el municipio de Cabanes, el Ayuntamiento puede no recurrir a esta figura porque está gobernado por el PSPV y este partido votó en contra de la ley. En esos casos, la conselleria podría actuar por su cuenta pero en estos casos haría falta también un informe del Ayuntamiento que todavía no se ha decidido si será vinculante o no.
No se ha determinado cuántos puntos pueden acogerse a la figura de núcleo etnológico. «Esto depende de los ayuntamientos porque estos son los que conocen el territorio», ha apuntado García. Pero hay ya algunos delimitados como el caso de Torre la Sal en Cabanes, las casetes de Nules, la playa del Pinet en Elche o la zona de Babilonia en Guardamar. Pero pueden ser muchos más.
El pasado mes de diciembre la Dirección General de Costas envío el aviso de recuperación posesoria a los vecinos de Torre la Sal. Este trámite es el primero para proceder al derribo de las viviendas afectadas. En el caso de que no se pudieran acoger a la figura de núcleo etnológico y se procediera al derribo de sus vivienda, la Generalitat ha dispuesto un nuevo mecanismo para compensar a los afectados.
Se cedería suelo a los propietarios afectados procedente de los desarrollos urbanísticos que hubiera en el municipio. Para estos casos la ley obliga a que en los planes que se desarrollen en la localidad afectada por el deslinde los promotores tendrán que reservar entre el 1 y el 5% del suelo para compensar a las víctimas agredidas por este mecanismo legal. La cesión es obligatoria en la población afectada o en las limítrofes al norte o al sur.
Los deslindes puestos en marcha por el Ministerio para la Transición Ecológica en la Comunitat afectan ya a 61 kilómetros de costa. La problemática de los cambios de dominio público marítimo-terrestre no sólo afecta a terrenos sino a los inmuebles de titularidad pública y privada que se asientan sobre ellos y especialmente a las personas que allí residen.
Estos 61 kilómetros son una distancia equivalente a la que discurre entre el Hotel Las Arenas de Valencia y Burriana si se va hacia el norte, o la ruta que discurre desde el inicio de la playa de Pinedo en la desembocadura del Plan Sur hasta Gandia, si se va hacia el sur.
El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, señaló el lunes en La Vila Joiosa instan al Gobierno a ceder las competencias recogidas en la ley. En el pleno del Consell de la próxima semana está previsto que se dé el visto bueno a esta petición. En estos momentos técnicos tanto del Ejecutivo central como del autonómico ya trabajan para organizar esta transición.
Desde el Consell recuerdan que en la franja costera de la Comunitat conviven el 70% de la población, el medio ambiente y una gran parte las industrias y empresas por lo que se debe seguir manteniendo ese empuje para que la costa continúe siendo el lugar donde se encuentra el progreso. Además, genera el 15% del PIB de la región valenciana.
La nueva Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana regula los instrumentos de ordenación, generales y específicos y dedica un título en las playas estableciendo un sistema de catalogación de las mismas. Asimismo, supone la armadura para la reformulación del PATIVEL.
La Ley marca los criterios de clasificación de cada zona de la costa valenciana distribuyéndola en tres tipos de áreas: protección ambiental, mejora ambiental y paisajística y reordenación.
En las disposiciones adicionales se incorporan cuestiones como la vigilancia sobre las resoluciones estatales que puedan suponer un perjuicio al litoral de nuestro territorio o de sus habitantes, entre otras.
La ley de Costas es la primera norma valenciana sensible a la preservación de los valores naturales esenciales como la biodiversidad, evitando cualquier acción u omisión que provoque daños en ella. Se protege especialmente las praderas de posidonia, verdadero pulmón del mar, cuya función es comparable a la de los bosques al oxigenar y filtrar las aguas costeras.
Entre las competencias asumidas por la Comunitat, se encuentra la regulación de la ordenación del litoral, la pesca en aguas interiores y la acuicultura, entre otras. Con la finalidad de implementar una planificación coherente y adaptada a la singularidad de la costa valenciana, se establece que será la propia Generalitat, a través de Les Corts, la encargada de crear los instrumentos normativos necesarios para proteger estos ecosistemas.
Con un total de 59 artículos, además de siete disposiciones adicionales, tres transitorias, una derogatoria y cuatro finales, la ley establece directrices claras para la ordenación del litoral, abarcando desde principios de distribución de competencias entre administraciones hasta la regulación específica de playas y un sistema de catalogación que clasifica estas en función de su grado de urbanización.
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