El Consejo Escolar del Estado apuesta por extender la educación obligatoria hasta los 18 años

El consejo está integrado por representantes del profesorado, de los centros, de las familias, del alumnado, de las administraciones central, autonómica y local, de las organizaciones empresariales y de las universidades. Entre sus funciones se encuentran la emisión de dictámenes sobre asuntos de política educativa -de los más destacados, el que versó sobre la limitación de los móviles-, y la elaboración de informes anuales sobre el estado de nuestra educación. Y en las últimas ediciones -incluyendo la de 2024- una de las propuestas de mejora que se recogen pasa por «reflexionar sobre la conveniencia de que la comunidad educativa debata la extensión de la obligatoriedad de la educación hasta los 18 años».

El organismo aporta algunos datos para propiciar esta discusión. Sobre todo mirando a otros países europeos. «Desde 1980 se viene observando que en algunos sistemas se tiende hacia la prolongación de la escolaridad obligatoria como una forma de garantizar, en primer lugar, la reducción de las tasas de abandono escolar temprano y la adquisición de las competencias clave; y en segundo, asegurar que todo el alumnado obtenga un certificado de educación o de cualificación básica», recoge el informe. De adoptarse la medida, que dependería del Gobierno, implicaría que el título mínimo pasaría a ser el de Bachiller o de Técnico de Formación Profesional.

En España, alineada con la media europea, la educación obligatoria va entre los seis y los 16 años. «Sin embargo, la duración se ha ampliado hasta que el estudiante cumple los 18 en países como Bélgica, Portugal o Francia (lo ha ampliado en 2021); o hasta los 19, como es el caso de Alemania, lo que ha supuesto, en estos países, una escolarización superior al 90% de la población con 17 años de edad», remata el informe. En España la tasa actual (o la más actualizada) está en el 90,4%.

Hace unas semanas se generó un debate parecido, aunque en otro tramo de edad, después de que la Comunidad de Madrid anunciara que 52 colegios públicos de Infantil y Primaria ofrecerán también el curso que viene 1º y 2º de la ESO. Una manera de atenuar el salto al instituto a los niños de edades más tempranas. En la Comunitat se experimentó con modelos calcados a partir del curso 2020-2021, aunque limitados al ámbito rural, como una manera de reducir desplazamientos escolares por falta de oferta de Secundaria en la misma localidad.

En cuanto al modelo de jornada escolar «y los horarios de impartición de las enseñanzas», la propuesta del Consejo Escolar del Estado es promover otro debate «abierto a la participación de la sociedad en general, con la intervención activa de la comunidad educativa, de responsables de la administración y de expertos» con el objetivo de «establecer conclusiones que faciliten la adopción de políticas orientadas a mejorar la calidad de la educación».

El organismo no detalla más, pero es difícil separar la petición del avance de la jornada continua en los colegios, o de las voces que apuestan por extender una organización partida en los institutos, donde la carga lectiva es bastante superior. De hecho, empiezan a darse reticencias de administraciones autonómicas hacia la compactación horaria durante la mañana (Cataluña o Madrid). Y desde el ámbito sanitario se ha defendido que la modalidad partida casa mejor con los ritmos cronobiológicos de los alumnos. Por no hablar de que desde lo puramente académico los pocos estudios existentes no detectan beneficios en la intensiva en cuanto al rendimiento de los alumnos.

Las propuestas del consejo también pasan por la reducción de las ratios, por aprovechar la bajada de la natalidad para mejorar la prestación del servicio en lugar de cerrar aulas o por actualizar las normativas que regulan los conciertos. En este sentido, se vuelve a insistir en la necesaria actualización del módulo de otros gastos a nivel estatal (lo que tendría impacto en todas las regiones que ya lo regulan, como la valenciana). Y también se pide la incorporación de un «mecanismo de revisión anual» que los ajuste «a las necesidades reales de escolarización en cada comunidad, priorizando la inversión en la red pública y evitando el mantenimiento de conciertos innecesarios». Este punto ha contado con el rechazo de los sindicatos docentes de la concertada, que han presentado un voto particular alegando que no se puede asumir la existencia de conciertos prescindibles y que ya existen mecanismos para ajustar la oferta. Por ejemplo, la obligación de mantener un alumnado mínimo.