La condena a los autores del fuego de Cortes bajará por el retraso del juicio

El incendio más devastador de este siglo en España comenzó el 28 de junio de 2012, en Cortes de Pallás, por culpa de unos trabajos de soldadura que jamás deberían haberse producido en una jornada de elevadas temperaturas, poniente y en una caseta de campo en pleno monte. El resultado fue uno de los desastres medioambientales más graves del país: 30.000 hectáreas arrasadas en doce municipios del interior valenciano.

Hoy, al fin y después de una larguísima instrucción de casi una década, llega la hora de la justicia bajo la mirada del juzgado de lo Penal 3 de Valencia. Y lo hace con la previsión de una sentencia de conformidad ante la dilación del proceso y la probable aceptación de los hechos por parte de los procesados.

Es el recurso que se intenta explorar desde que estalló la pandemia porque agiliza los trámites y evita un macrojuicio con una veintena de acusaciones personadas, representantes legales de empresas, aseguradoras, particulares... Si todo se desarrolla según las previsiones, los acusados deberían hoy admitir los hechos a cambio de una rebaja penal que se presume considerable.

Como avanzó en su día LAS PROVINCIAS, el fiscal de Medio Ambiente José Antonio Nuño pedía inicialmente dos años y nueve meses de prisión para los dos operarios de una empresa de instalaciones de energía solar a los que considera responsables junto a una administradora de la firma. Los tres están acusados de un delito de incendio forestal por imprudencia grave.

Según el escrito inicial de acusación, Antonio Salvador P. B., de 35 años en el momento de los hechos, y Víctor P. F., que contaba con 27, fueron comisionados como trabajadores de la empresa Energía Solar Levante, de la que era administradora única María Luisa V. S., de 40 años. El objetivo del encargo era la instalación de unas placas solares en la Caseta de Mir de la partida Collado Azahar de Cortes de Pallás.

Sobre las 14 horas de ese día, según el acusador, «los trabajadores accedieron al tejado, realizaron varias soldaduras para fijar el perfil de dichas placas y utilizaron una radial». Siempre según la Fiscalía, lo hicieron «sin adoptar las más elementales precauciones, pues sólo contaban con una garrafa de 5 litros de agua y unos cartones que colocaron en el suelo». A pesar de que estaba decretado el nivel 3 de preemergencia de incendios, que conlleva la prohibición de utilizar aparatos de soldadura u otros que puedan ocasionar riesgo de incendios.

La utilización de estos equipos con fuego a menos de 500 metros del monte necesitan autorización administrativa y la adopción de medidas de seguridad. Los acusados y su empresa «carecían de dicha autorización». Aun con ella, «dadas las condiciones meteorológicas y situación de riesgo extremo de incendios forestales habría quedado en suspenso». Se trataba de una jornada con vientos de 51 km/h, 28 grados de temperatura y una humedad relativa del 55%.

Al usar la radial y la soldadura en estas condiciones, «elementos metálicos candentes se proyectaron sobre la vegetación reseca». Eso dio lugar a la ignición de los combustibles altamente inflamables, «como las gramíneas agostadas que se encontraban en el suelo». El fuego se propagó en dirección al monte «con el que existía continuidad». No había ninguna medida de seguridad exterior que lo impidiera, lo que generó «un incendio sin capacidad de control».

El fuego se propagó de forma descontrolada hasta arrasar 29.752 hectáreas de terreno mayoritariamente forestal en Alborache, Catadau, Carlet, Cortes de Pallás, Dos Aguas, Llombai, Macastre, Montroi, Real de Montroi, Turís, Tous y Yátova. Para el fiscal estos hechos suponen un delito de incendio forestal por imprudencia grave. Además de la pena prisión propuso para los acusados multa de 4.800 euros.

Ya por vía de responsabilidad civil, la Fiscalía pedía que indemnicen conjunta y solidariamente a todas las personas, empresas e instituciones damnificadas, con la responsabilidad civil subsidiaria de la empresa de instalaciones y la responsabilidad civil directa de la compañía aseguradora de la compañía AXA hasta el límite de la póliza suscrita: 750.000 euros.

Según el fiscal Nuño, la compañía de seguros consignó 748.500 euros «para atender las responsabilidades civiles» derivadas del gran incendio. Sin embargo, la estela económica del fuego de Cortes fue muy superior. La cantidad, pese a ser elevada, no da ni para cubrir los gastos de extinción de la Generalitat, que superan los 760.000 euros. Además, el fiscal planteaba que los acusados indemnicen a 562 afectados y a 18 aseguradoras.