Los Comités de Emergencias cuestionan la protección de los pueblos afectados ante nuevas riadas
Las agrupaciones locales envían un listado de preguntas a sus ayuntamientos para conocer su nivel de preparación: «Nos tememos lo peor»
El tiempo pasa y Valencia cumple este martes nueve meses desde que sufrió la riada del 29 de octubre. La reconstrucción lleva en marcha varios meses, pero como el vicepresidente segundo Gan Pampols ha querido matizar en diversas ocasiones, es importante avanzar también en la recuperación de la provincia. Y es que poco a poco el calendario avanza hacia el otoño, y en los municipios afectados comienza a asomar cierta tensión por que pueda repetirse un episodio de climatología adversa. De hecho, los Comités Locales de Emergencias y Reconstrucción (CLER) han cuestionado seriamente la capacidad de los ayuntamientos para protegerse ante la posibilidad de nuevas avenidas.
Desde los CLER las agrupaciones ciudadanas que se coordinan para vigilar las tareas de recuperación de la provincia han cuestionado seriamente que los municipios golpeados el año pasado estén preparados ante la posibilidad de nuevos episodios de lluvia torrencial y sus consecuentes barrancadas. Los comités cuestionan que no se haya avanzado en ninguna de las obras de infraestructura hídrica necesarias para desviar parte del cauce de los barrancos de los núcleos urbanos, y se preguntan si los municipios ya han trabajado en protocolos de emergencia para saber gestionar estos episodios. «Llega septiembre y las personas de los pueblos afectados nos tememos lo peor», aseguran.
Por todo ello, desde estos comités han pasado a la acción y buscan ser proactivos para, al menos, mejorar esos protocolos de emergencia. Por ello, las agrupaciones de todos los pueblos afectados el pasado octubre han coordinado el envío de una batería de preguntas a sus ayuntamientos acerca de dichos protocolos. Un total de casi 40 incógnitas de las que exigen una respuesta por parte de sus consistorios en menos de 15 días para ponerse a trabajar en la elaboración de planes de seguridad.
El documento con las preguntas está dividido en cuatro secciones: planes de emergencia, sistemas de alerta, capacidad de sus infraestructuras y recursos humanos dentro de cada municipio. Respecto a los planes de emergencia los comités se preguntan si los ayuntamientos tienen protocolos ya establecidos y si éstos se han modificado tras el episodio catastrófico que supuso la barrancada del pasado octubre. Del mismo modo, los CLER cuestionan si dichos protocolos (en caso de existir) se han divulgados correctamente para que toda la población sepa cómo actuar.
En cuanto a los sistemas de alerta temprana, los comités exigen respuesta a si los ayuntamientos poseen de modelos de avisos suficientes para saber responder con tiempo a una emergencia según su grado de riesgo, así como otras cuestiones acerca del funcionamiento de estos sistemas y cómo el consistorio sería capaz de avisar a toda la población.
Las infraestructuras, tal y como avisaban los CLER, son lo que más preocupa de cara a nuevos episodios adversos. Las dudas en este sentido se entran sobre todo en la capacidad del alcantarillado para soportar nuevas inundaciones, así como si se conocen y están identificados posibles refugios climáticos dentro de cada municipio o si está garantizada la atención sanitaria en caso de nuevas avenidas.
Por último, los CLER preguntan a sus ayuntamientos si desde los equipos de gobierno se han planteado listados de voluntarios dentro de cada pueblo para acudir a ellos en caso de nuevas emergencias y coordinar así la atención ante un episodio adversos. Dudas coherentes y que sólo demuestran que la gente tiene miedo a no estar preparada pese haber sufrido ya un episodio de estas características. Los Comités de Emergencia no quieren que se vuelva a repetir la descoordinación y el bloqueo institucional que supuso la gravedad de la barrancada del 29 de octubre y han decidido tirar de las orejas a sus ayuntamientos.
«Queremos contribuir de forma positiva y participativa al diseño de municipios más seguros, resilientes y adaptados a los nuevos retos climáticos», señalan desde la organización ciudadana, «y confiamos en que los ayuntamientos reconozcan el valor de nuestra colaboración y nos involucren activamente en el proceso de mejora y adaptación de las políticas locales, tal y como reconocen la Constitución Española, el Tratado de la Unión Europea y otras normas nacionales e internacionales, que respaldan el derecho de la ciudadanía a participar activamente en los asuntos públicos más allá de los procesos electorales«.
La iniciativa ha sido registrada oficialmente por entrada en los ayuntamientos implicados, con el deseo de abrir canales efectivos de comunicación y colaboración entre instituciones y ciudadanía. Según los CLER, «esta acción representa un ejemplo de cómo la sociedad civil puede implicarse de manera activa y propositiva en la construcción de respuestas colectivas frente a la crisis climática».
