Los institutos actuarán de oficio para tratar a menores con adicciones graves

Detectar cualquier trastorno de este tipo a tiempo es el objetivo del nuevo protocolo publicado por las consellerias de Educación y Sanidad, que se activará desde los colegios e institutos ante cualquier sospecha y permitirá derivar a los alumnos a servicios especializados para su tratamiento. Incluso de oficio, sin el permiso familiar en casos especialmente graves y cuando existan reticencias del entorno.

Los trastornos detectados entre los adolescentes vinculados a las nuevas tecnologías están en auge, a diferencia de las adicciones consideradas tradicionales. Según el último informe de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional Sobre Drogas, el porcentaje de jóvenes de entre 14 y 18 años que en 2021 consumía alcohol, cannabis o cocaína era menor que en todos los ejercicios anteriores en todas las tipologías analizadas a través de encuestas a estudiantes de Secundaria. Tanto si se declararon consumidores habituales como esporádicos.

Escenario distinto dibujan las nuevas adicciones, cuya explotación estadística es mucho más reciente. El mismo organismo consideró que uno de cada cinco alumnos (23,5%) protagonizaba un uso compulsivo de internet -3,5 puntos más que en 2019-, que el 7,1% presentaría un posible trastorno por uso de videojuegos -un 1% más que hace dos años- y que un 3,4% reuniría las condiciones para considerar que su relación con el juego es grave. Sólo este último parámetro es más bajo que el precedente, situación que el informe asocia a las restricciones de la pandemia en la modalidad presencial. En cualquier caso se concluye que la prevalencia de estos tres fenómenos «pone de relieve la importancia de intensificar las actividades de prevención».

El nuevo protocolo aglutina cualquier tipo de adicción, no sólo las drogodependencias, y sirve para «regular y definir mejor los procedimientos que ya aplicaban los centros» a la hora de trasladar casos sospechosos a los especialistas sanitarios, como explican desde Educación.

Será de aplicación en los centros públicos y concertados y se pondrá en marcha «desde el primer momento en que se detecte la sospecha de consumo de alcohol, tabaco, drogas, juegos de azar y otras conductas adictivas», citando expresamente el uso compulsivo de móviles, redes sociales, videojuegos o juegos de azar.

Cuando el personal educativo tenga algún indicio o sospecha, o si la trasladan los padres, el hecho se pondrá en conocimiento del tutor del alumno, que a su vez informará al responsable del departamento de orientación y a la dirección. El siguiente paso consistirá en una entrevista con la familia y el estudiante para recabar toda la información posible.

Las partes deberán valorar si se pide la intervención de la Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas adscrita a su municipio, que es un recurso sanitario. Hay 71 en la Comunitat, y se encargan de elaborar estrategias para evitar conductas dañinas para la salud. Si el centro se ubica en una localidad que no dispone del mismo se comunicará con el servicio correspondiente de la conselleria.

Para ello desde el centro educativo se adjuntará una plantilla que recogerá parámetros como si hay tenencia de estupefacientes, dónde se ha detectado la conducta (espacios interiores o exteriores), la frecuencia o las consecuencias en el alumno (cambios de estado de ánimo, conflictos, bajada del rendimiento, robos en el aula o problemas de disciplina, entre otras).

Para dar este paso se requerirá de un consentimiento informado de la familia, que se podrá obviar «en los casos en los que prevalezca el interés superior del menor», en arreglo a la Ley de Derechos y Garantías de la Infancia y la Adolescencia. Es decir, en situaciones de especial riesgo y cuando los representantes legales planteen objeciones.

La unidad de prevención realizará una valoración del caso y establecerá un equipo de intervención, que determinará las medidas a aplicar, incluyendo la posibilidad de recurrir a otros servicios específicos, como las Unidades de Conductas Adictivas, en las que ya se trabaja la desintoxicación, tanto a nivel ambulatorio o en casos extremos en régimen residencial. Otros recursos a los que recurrir son los servicios sociales, las Unidades de Salud Mental Infantil y Adolescente o las Unidades Especializadas de Orientación, que actúan ante casos graves de convivencia.