La CHJ tenía metido en un cajón desde 2016 el mejor sistema de alertas contra las riadas

Uno de los elementos en los que incide el documentos es que en 2016 ya estaba previsto la aplicación del Sistema de Alerta Temprana (SAT) para la cuenca del Júcar, un modelo de prevención mucho más moderno que el SAIH, y que sí que tienen otras demarcaciones como la del Ebro. El anhelo de aplicar el SAT se arrastra desde hace muchos años pero nunca se hizo efectivo. Semanas después de la dana que arrasó parte de a provincia de Valencia y que dejó 228 muertos, la Confederación Hidrográfica del Júcar licitó por vía de emergencia un contrato para instalar el SAT en la cuenca por más de veinte millones de euros.

El perito, que ha sido llamado a declarar por la magistrada tras su informe, asegura que tanto el Ministerio de Transición Ecológica como la CHJ disponían de la información suficiente «para prever los caudales que se avecinaban y los efectos derivados de los mismos para las zonas afectadas».

El perito contratado por AVA-Asaja es muy contundente en su apreciación: «Aunque la previsión de lluvia de Aemet para el fatídico día 29 de octubre estuvo lejos de la intensidad real, el dato previsible para 12 horas de 180 litros por metro cuadrado del aviso rojo de las 7:36 horas era lo suficientemente importante por su excepcionalidad y peligrosidad, como para haber sido comunicado de manera directa, por la máxima autoridad de Aemet al presidente de la CHJ así como al secretario de Estado de Medio Ambiente».

En el informe se advierte de que 180 litros en 12 horas equivale a 15 litros por metro cuadrado a la hora, cuando la lluvia asociada a 500 años es de 321 litros por metro cuadrado en un día –la intensidad de lluvia en este caso es menor, de 13–. El perito estima que tanto la CHJ como el Ministerio son conocedores de las cuencas del bajo Turia y del bajo Júcar, «y debían saber que estábamos ante un riesgo de avenida de 500 años», lo que suponía un riesgo de inundación sobre 474 kilómetros cuadrados y que podría afectar a una población de 273.755 personas. «Ante esta situación, el presidente de la CHJ y el secretario de Estado deberían haber comunicado a la mayor brevedad posible la alarmante situación a las autoridades de la Generalitat para activar la alerta de manera temprana, porque de esa manera se hubieran salvado vidas y evitado lesiones en un gran número de personas», apunta el informe.

El perito defiende que desde hace nueve años no se han tomado las medidas previstas y que podían haber atemperado los efectos de la devastadora riada. Unas medidas que van desde la aplicación del SAT hasta la ejecución de la presa prevista en Vilamarxant pasando por el acondicionamiento del río Turia. También estaba previsto y sin ejecutar el proyecto de adecuación ambiental y drenaje de la cuenca de la rambla del Poyo en su vertiente de la Albufera. «Un proyecto archivado por el Ministerio de Transición Ecológica debido a su incompatibilidad con la ley de la Huerta por una decisión política injustificada e imprudente», apunta el documento.