Los cazadores valencianos entran en campaña electoral

Un cazador otea un paraje mientras sostiene su escopeta. / lp
Un cazador otea un paraje mientras sostiene su escopeta. / lp

La federación sigue la estela de Andalucía y se cita con los partidos para conocer sus propuestas bajo el lema 'la caza también vota'

J. A. MARRAHÍ VALENCIA.

Los cazadores valencianos cierran filas ante ataques y desprecios políticos o ideológicos. La Federación de Caza de la Comunitat Valenciana prevé iniciar, de cara a las elecciones de mayo, una campaña para asesorar y concienciar a sus aficionados sobre las posturas y opciones de las formaciones políticas ante su actividad.

La iniciativa llega tras unas declaraciones de la ministra para la Transición Ecológica, la socialista Teresa Ribera, quien aseguró en una entrevista a Onda Cero: «Me gustan los animales vivos y no soy muy partidaria ni de los toros ni de la caza». La campaña sigue la estela de otra similar desarrollada en Andalucía. Allí, según la federación, «nuestro sector ha sido decisivo en los resultados, optando masivamente por aquellas formaciones políticas que mostraron un apoyo sin paños calientes sobre su pasión».

Como punto de partida, la organización que aglutina a la mayoría de cazadores valencianos asegura que el colectivo «lo componen personas de todo tipo de ideologías», sin embargo hay algo que tienen claro: «a quien esté con nosotros se lo vamos a agradecer, somos muchos y nos vamos a hacer de valer».

En esta tensa tesitura nace la campaña bautizada como 'la caza también vota'. El objetivo de la federación es «informar al cazador de a pie de las propuestas en materia de caza y medio ambiente de todos los partidos políticos que concurran a los comicios». Su alcance es autonómico y municipal.

La federación pedirá a los partidos reuniones informativas abiertas para que sus representantes expongan sus propuestas en materia de caza y atiendan consultas y demandas de los aficionados. El resultado de esos encuentros será luego publicado «con el propósito de informar a cada cazador, como votante, de lo que propone cada partido».

El mundo de la caza se confirma así como un reñido escenario de lucha por el voto. Si Vox ha encontrado un nicho electoral en el apoyo de los cazadores y aficionados taurinos de Andalucía, Podemos busca una operación similar con los animalistas a través del Pacma.

En noviembre, Raúl Esteban se convirtió en nuevo presidente de la federación, en sustitución de Vicente Seguí. Este es su mensaje: «Llegamos a un punto en el que no vamos a tolerar ni un ataque injustificado hacia nuestro colectivo, proceda de donde proceda». Las acusaciones infundadas, resalta, «serán llevadas a los tribunales». Su gabinete jurídico se ha reforzado para una respuesta «inmediata e implacable». En las últimas semanas, la federación ya ha presentado tres querellas por calumnias e injurias y una reclamación a un medio televisivo «por difundir información falsa en relación con el abandono de perros de caza».

Críticas a Medio Ambiente

En cuanto a las políticas de la Generalitat, hay críticas: «Faltan normas para desarrollar la actividad como requiere el territorio, con superpoblación de especies» como el jabalí o el conejo «y sus consecuencias de daños agrícolas y accidentes». Las actuales, estiman, se caracterizan por un «espíritu conservacionista».

Reclaman más ayudas al sector y autorización de pruebas científicas del cesto malla o el silvestrismo. La primera modalidad se planteó como alternativa al prohibido parany «e incluso se aprobó en comisión parlamentaria, pero Medio Ambiente ha hecho oídos sordos a Les Corts y continúa sin autorizar las pruebas».

Hoy existen casi 43.000 cazadores con licencia en la Comunitat. Su número ha caído casi a la mitad desde que arrancó el nuevo milenio y en los últimos años hay también un leve descenso de federados (39.500). La organización lo achaca a la «crisis económica y a la falta de relevo generacional». Pese a todo, el impacto económico es considerable. Según un estudio de la Fundación Artemisan, los 900.000 cazadores de España y su actividad suponen un impacto económico de casi 3.700 millones. En la Comunitat, la cifra ronda los 200 millones.

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