Las carreteras valencianas reciben del Estado la mitad del dinero que necesitan para su conservación

Hace unos días Valencia acogía la celebración del 24º Vyodeal organizado por la Asociación Española de la Carretera (AEC), un encuentro en el que, entre otros aspectos, se puso de relevancia la importancia de la conservación y señalización de las carreteras por el impacto que tienen sobre la siniestralidad junto a otros aspectos, como el mayor incremento de desplazamientos o la antigüedad del parque móvil.

De ahí que la AEC pusiera de nuevo sobre la mesa la posibilidad de implantar una tasa por uso en las vías de alta capacidad cuyos ingresos revertieran en la partida de mantenimiento. Y apuntaban un dato: el déficit en esta partida es de 6.600 millones en toda España, según un estudio realizado en 2015.

Ahora, un informe de la Cámara de Contratistas de la Comunitat Valenciana (CCCV) desvela la cifra del déficit que arrastran las carreteras valencianas por la falta de inversión del Ministerio de Fomento en conservación. En concreto, los empresarios de obra pública lo sitúan en 560 millones desde 2009 debido a que se recibe la mitad de lo que la red viaria valenciana necesitaría tanto por extensión en kilómetros como por la intensidad de tráfico que registra a diario.

La organización empresarial pone como ejemplo más reciente los Presupuestos del Estado para 2018, donde la cantidad asignada para la Comunitat en conservación y mantenimiento es la misma que en 2017: 35,74 millones, repartidos en 16,42 millones en Valencia; 11,29 en Alicante; y 6,12 en Castellón, según los datos facilitados por los contratistas.

De hecho, la propia AEC también ha denunciado esta situación en las cuentas gubernamentales. Su presidente, Juan Francisco Lazcano, lamentó en el Vyodeal que el Ejecutivo central haya reducido la partida de conservación de carreteras y seguridad vial. «Nos ha sorprendido la disminución en un 4,3% reflejada en los Presupuestos del Estado de 2018», comentó entonces. «No son suficientes», añadió. La caída afecta, sobre todo, a las obras de rehabilitación y conservación, que en 2017 estaban dotadas con 271 millones para toda España y en 2018 se destinarán 61 millones menos (210 millones).

La AEC aplaudía el 20% de incremento en obra nueva pero mostraba su preocupación «por la falta de medidas efectivas que reviertan el claro deterioro de nuestro patrimonio viario». Por ello, tanto la entidad nacional como los contratistas valencianos reclamaron un mayor esfuerzo inversor al departamento que dirige Íñigo de la Serna.

Según explicó el director-gerente de los contratistas, Manuel Miñés, la Comunitat debería recibir cada año una partida de 66,71 millones para gastos destinados a este tipo de obras teniendo en cuenta las características de la red viaria valenciana, con una IMD (intensidad media diaria) de vehículos superior en un 15% a la media de la red nacional (ahí está el ejemplo del by-pass con puntas de hasta 120.000 vehículos diarios y cuya ampliación sigue en tramitación ambiental). Sin embargo, la dotación fijada en las cuentas del Estado ronda los 35,49 millones, de ahí el déficit acumulado de 560 millones a lo largo de una década.

«Si no 66 millones, sí una partida de 58,1 millones al atenernos al porcentaje de kilómetros de la red estatal que hay en la Comunitat», añadió Miñés, que son 1.577 kilómetros, es decir, el 6,62% de toda España (sin contar las autopistas de peaje). «Nuestras carreteras, por tanto, sufren un deterioro superior a la media española», apuntó. «Sus gastos de mantenimiento, como reposición de los paquetes de firmes, señalización horizontal, medidas de contención y protección, etcétera, han de ser mayores a la inversión media anual», añadió.

En este sentido, Miñés recordó el impacto de la falta de conservación y mantenimiento en el estado de las carreteras y, por tanto, en la siniestralidad y en el número de accidentes. Asimismo, resaltó que «cada euro invertido en infraestructuras duplica su valor en actividad (1,92 euros) y es el sector constructor el que más rápido crea empleo».

Junto a un incremento de la inversión, los contratistas también reclamaron a Fomento una biblioteca de proyectos de infraestructuras para evitar que cuando haya disponibilidad presupuestaria «se tengan que dedicar años a la elaboración de unos documentos que se podrían haber preparado en la época de recortes», en referencia a las ampliaciones pendientes de la V-30, V-31 o el by-pass.