La Asociación de Fiscales recurre el decreto de la fiscal jefa de Valencia por limitar la participación en la huelga
Las asociaciones judiciales cifran en un 75% el seguimiento del paro, mientras que el Poder Judicial y la FGE no ofrecen información
La huelga de jueces y fiscales se desarrolla en una atmósfera de semiclandestinidad después de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Fiscalía General del Estado hayan dictaminado que el colectivo no dispone de ese derecho. El Poder Judicial decretó que no existe sustento legal para el paro. Y la Fiscalía General del Estado (FGE), por su parte, dejó en manos de las delegaciones territoriales el control y la comunicación de cualquier incidencia.
Los convocantes, todas las asociaciones de jueces y fiscales salvo las organizaciones progresistas, sostienen que se trata de un derecho fundamental y, por tanto, no se puede excluir a los profesionales de la magistratura. Las asociaciones judiciales han cifrado en un 75% el seguimiento de la protesta.
No existen datos oficiales. La FGE no ofrece información, aunque debe tener un registro de aquellos correos enviados por los fiscales a sus responsables provinciales en los que se manifiesta intención de participar en la protesta.
En Valencia, el decreto de la fiscal provincial resulta especialmente restrictivo para el ejercicio de esta acción de protesta. Se adelanta que cualquier incidencia será trasladada a la Inspección Fiscal. Además, se pide a los compañeros que hagan una «sensata y responsable» evaluación de las situaciones concretas que puede deparar su decisión en los juzgados, en especial, en aquellos que no se suman a la protesta. Alguna interpretación del contenido de ese lleva a condicionar esa posibilidad a lo que haga el juzgado asignado al fiscal. Un escrito que ha generado cierta indignación y que ha sido recurrido por la conservadora Asociación de Fiscales. La fiscal jefa, Pilar Tomás, es de sensibilidad progresista.
El objetivo de la dirigencia de la Fiscalía consiste en evitar un perjuicio para el ciudadano con el aplazamiento o suspensión de los actos judiciales o postergar una atención inmediata de los asuntos.
Se da la circunstancia de que en el año 2018, cuando ya gobernaba Pedro Sánchez, la Unión Progresista de Fiscales (UPF) se reunió con el ministerio de Justicia y emitieron un comunicado en el que se felicitaban porque el Gobierno había reconocido finalmente el derecho a la huelga. Se trataba de un avance al reconocerse este derecho fundamental y se hablaba incluso de establecer los servicios mínimos de cara a una eventual protesta. Ahora, siete años más tarde, todo esto carece ya de validez.
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