El Ayuntamiento de Valencia gasta 17 millones en contratos a dedo en año y medio

No llegan a la «cifra mágica» de 17.999 euros o 49.999 euros, que denunció en su día Ciudadanos sobre el Ayuntamiento de Madrid de Manuela Carmena, pero el procedimiento es el mismo. Contratos que pueden adjudicarse directamente a cualquier prestador de servicio con capacidad de obrar y que, por tanto, no necesitan un procedimiento negociado o un concurso público. Son los llamados contratos menores, una fórmula legal pensada para conseguir mayor eficacia en la contratación pública (al ir ligada a un procedimiento burocrático más sencillo) y dirigida a cubrir necesidades concretas, puntuales y excepcionales.

Sin embargo, su uso se ha extendido en todas las administraciones públicas por la facilidad para asignar los servicios a determinadas empresas. De ahí que los partidos políticos que están en la oposición enarbolen la persecución de los contratos a dedo como una de sus banderas, como demostraron tanto Compromís como Esquerra Unida en la anterior legislatura aunque, en la actualidad, recurren al mismo procedimiento.

Lo hizo, por ejemplo, el actual alcalde, Joan Ribó, cuando era portavoz de Compromís en el Ayuntamiento y criticaba, en marzo de 2014, el recurso a este mecanismo al considerar que se evitaba «un proceso competitivo de licitación». O la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, que insistió e insistió para reducir y fiscalizar los contratos menores de la Generalitat como blindaje «frente a casos de corrupción futura». En este sentido, en el primer año del Gobierno del Botánico, el 84% de las adjudicaciones se realizaron mediante esta fórmula, cuatro puntos más que en la etapa del PP.

Oltra incluso acudió al Tribunal Supremo para lograr que la Generalitat le entregara contratos menores. También el presidente de Les Corts, Enric Morera, hizo suya la lucha contra esta figura en aras de acabar con una «opacidad» que señalaba como «origen de la corrupción». En el caso del cap i casal, las cifras confirman que los contratos a dedo siguen existiendo. Así, el Consistorio ha gastado 17,28 millones mediante esta modalidad de contratación entre los meses de julio de 2015 y diciembre de 2016, es decir, en 18 meses. En total, 3.268 contratos. O, visto desde otra perspectiva, 181 contratos menores al mes por valor de un millón de euros, según se desprende de los informes trimestrales que el Ayuntamiento cuelga en la web municipal. Una cifra que apenas queda separada en un millar de la gestionada por el Ayuntamiento de Madrid, con un presupuesto que quintuplica al de Valencia (4.700 millones del primero frente a los 836 del segundo). El concejal de Economía y Hacienda de la capital española, Carlos Sánchez, detalló hace unos meses que eran 4.500 los contratos tramitados por esta modalidad cada año.

Los 17,28 millones se convierten, además, en casi 20 millones con los datos del informe municipal sobre el acumulado de 2016, publicado a finales de semana, al incluir el gobierno municipal otros dos millones adicionales en contratos menores con la última revisión. Una situación que, a juicio del concejal del grupo municipal popular, Alfonso Novo, demuestra «la improvisación y falta de previsión» del tripartito ya que «la figura del contrato menor es constante en su gestión». Recuerda, además, que no están incluidos los organismos autónomos externos, como la Empresa Municipal de Transportes (EMT), Aumsa o la sociedad Plan Cabanyal-Canyamelar, por lo que la cuantía podría ser mayor.

El 52% entre tres áreas

Por áreas de gobierno, son Cultura, Gobierno Interior y Medio Ambiente -las tres gestionadas por Compromís- las que mayor cuantía han gastado a través de contratos menores. Estas suman más del 52% del importe total mediante dicha modalidad, con 3,22 millones, 3,12 y 2,72, respectivamente. En el primer caso, Cultura aglutina el 18,68% de las adjudicaciones a dedo, de las que el grueso principal corresponde al servicio de Patrimonio y Recursos Culturales. De hecho, ya el pasado octubre el grupo municipal popular denunció un gasto de 137.000 euros en dos expedientes relacionados con los museos municipales que se adjudicaron con este procedimiento.

Las que menos, Participación (València en Comú) y Movilidad (Giuseppe Grezzi). En esta última área, la gestión de servicios mediante contratas hace más difícil recurrir a las adjudicaciones a dedo para obras o servicios. Aún así, suma 325.636,52 euros en año y medio de gestión. Estos dos departamentos, junto a Protección Ciudadana, son los que quedan por debajo de la horquilla del millón de euros. El resto de áreas superan esta cifra.

En el ranking de los contratos a dedo para importes inferiores a 18.000 euros (IVA excluido) en el caso de servicios y suministros o de 50.000 euros en caso de obras también figura la Concejalía de Cultura Festiva, ya que es una de las delegaciones englobadas dentro del área de Cultura. En concreto, el departamento de Pere Fuset gastó 1,28 millones en esta modalidad.

El análisis de los contratos menores tramitados por el tripartito también revela que la mayoría se adjudicaron en el segundo trimestre de 2016, cuando el importe alcanzó los 5,27 millones y los 938 expedientes. En cambio, entre octubre y diciembre sólo se contabilizaron 402.657 euros en más de un centenar de contratos.

Eso a pesar de que el concejal de Hacienda, el socialista Ramón Vilar, indicara en julio del año pasado que iba a acelerar los trámites para hacer «menos laxas» las condiciones en que pueden llevarse a cabo «métodos de contratación irregulares», debido al aumento de los contratos a dedo, fórmula pensada para servicios y obras de carácter excepcional. Lo hizo tras aprobarse una moción de Ciudadanos dirigida a incrementar el control sobre estas situaciones, que en sólo 18 meses alcanzan los 17,28 millones.

También un informe de la Intervención General del Ayuntamiento, dado a conocer el pasado octubre, alertaba del aumento de las contrataciones menores en el primer año de gestión del tripartito. Un caso similar se da en la Diputación de Valencia, donde una auditoría sobre la gestión de Divalterra, recogía que ocho de cada diez contrataciones se realizaron mediante el formato de contrato menor. Y aportaba cifras: el 79% de los expedientes.

Una radiografía que revelaba que el recurso de los contratos menores se mantiene como una constante a pesar del cambio de gobierno.